Diez formas de robarse el país

"La corrupción es el mayor problema de orden público en Colombia", dijo el día de su elección el procurador general Alejandro Ordóñez. Y los hechos tienden a darle la razón. Los 65 municipios que hoy se encuentran cobijados por el régimen de intervención, previsto en la Ley 550, se acogieron a ella cuando el saqueo progresivo de sus fiscos y la presión de sus acreedores amenazaba con hacerlos inviables.

Según los más recientes informes de Transparencia Internacional, la corrupción es, junto a la violencia, el factor que más dificulta la realización de negocios para las empresas colombianas y, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada en 2007 por la misma organización en asocio con la Universidad Externado de Colombia, el 91% de los empresarios considera que hay colegas suyos que ofrecen sobornos, mientras tan solo el 11% afirma tener programas integrales y continuos e invierte recursos contra esa práctica.

La Fiscalía y los órganos de control tienen en curso 230.000 procesos penales, disciplinarios y fiscales contra servidores públicos sindicados de lucrarse indebidamente del manejo del erario. Los despilfarros en el manejo de las regalías que han hecho que el Estado central intervenga su manejo para frenar males mayores, el tráfico con subsidios y los cada vez más sofisticados esguinces al régimen de contratación pública deterioran cada día la moral pública.

Para Óscar Ortiz González, zar anticorrupción del Gobierno, la pedagogía es uno de los principales insumos en la tarea de vincular al ciudadano del común en la defensa del patrimonio público. Para ejercer efectivamente esa defensa, el ciudadano debe conocer primero cómo actúan los corruptos. La misma obligación se impone para los administradores de la cosa pública que estén dispuestos a romper con esa cultura. Con la asesoría del Zar y de su equipo de trabajo, CAMBIO identificó las diez modalidades utilizadas actualmente por quienes pretenden robarse el país.

1. EL CARTEL DE LOS EMBARGOS

Entre las especies de depredadores del fisco sobresalen organizaciones conformadas por funcionarios de alcaldías y gobernaciones, abogados litigantes y jueces que conciertan maniobras para cobrarles a las entidades territoriales, previo embargo judicial, deudas infladas o inexistentes. Los miembros de este cartel manejan por lo general información anticipada sobre giros de regalías o recursos provenientes de las transferencias de la Nación y atacan inmediatamente después de que estos llegan a las tesorerías.

Un botón para la muestra. En Chocó, el clan familiar de los Sánchez Montes de Oca -al cual pertenece el actual gobernador- controla un bufete de abogados especializados en comprarles a maestros o a jubilados deudas relacionadas con salarios, prestaciones o pensiones para ejecutar luego al departamento o a los municipios. Con ayuda de algunos jueces, los litigantes consiguen el reconocimiento de jugosas sumas que, incluidos intereses y sanciones moratorias, terminan excediendo hasta en un mil por ciento las pretensiones iniciales. En no pocas ocasiones, los funcionarios judiciales ordenan pagos con base en documentos falsificados. Así ocurrió recientemente en el municipio de Pizarro, donde uno de esos abogados y el alcalde "conciliaron" en 1.500 millones una supuesta obligación por 2.000 millones y declararon públicamente que hicieron un esfuerzo por conseguir la "rebaja" de los 500 millones en consideración a la crisis fiscal de la población.

2. "SE LE TIENE"

Las asociaciones de municipios terminaron convirtiendo al Estatuto de la Contratación en un rey de burlas. A través de acuerdos instantáneos llamados "convenios administrativos" celebrados con ellas, algunos alcaldes eluden la obligación de convocar licitaciones y contratan miles de millones de pesos con asociaciones omnipotentes que construyen desde acueductos y escuelas hasta vías, baterías sanitarias, comedores; suministran bienes y servicios, elaboran planes de desarrollo y ofrecen cualquier cosa, como en un mercado persa, bajo la consigna del "se le tiene". Por ese camino las asociaciones terminaron convertidas en fuentes de enriquecimiento personal.

La Contraloría General encontró que la Gobernación de Córdoba suscribió un convenio con la Asociación de Municipios del San Jorge por 227 millones 755 mil 943 pesos para hacer tendidos de redes eléctricas en las veredas El Teba y Los Zambos, que no existen en ninguno de los municipios. Los recursos fueron desviados hacia la electrificación de fincas privadas.