INFORME PRELIMINAR DE LA “EXPEDICIÓN A LA GUAJIRA”

La deuda ecológica de los proyectos energéticos en la península colombiana
Riohacha – Colombia
Mayo 20 al 24 de 2005

Organizaciones que conformaron la expedición:
CENSAT Agua Viva, APROPESCAM, ASOPESMIEL, ASPROCIG, REMACOL, Comunidad Indígena U’wa, Comunidad Indígena ASOBARIVEN Venezuela, Pueblo Guaraní de Bolivia, Pueblo Weesnhayek de Bolivia, Proceso de Comunidades Negras Ecobra, Consejo Comunitario de Tabaco, Mayabangloma, Comunidad Wayúu, ONIC, ASOVIMAR, ACIN, SINTRACARBON, SINTRAELECOL, CUT, Fundación Nuevo Sol, Amigos de la Tierra de Brasil, Amigos de la Tierra Costa Rica, Observatorio de la Deuda en la Globalización Estado español.

ÍNDICE

Contexto de la expedición

A más de 20 años de la explotación de carbón en las minas del Cerrejón en la Guajira, las empresas transnacionales que operan en la zona siguen generando una problemática ambiental en ésta, la región con mayor riqueza energética del país. Además del enorme potencial de generación de energía eléctrica a partir del viento, el departamento de la Guajira se destaca por poseer grandes yacimientos de gas y carbón.

La mayoría de los proyectos se han llevado a cabo en asentamientos de afro-colombianos, campesinos y en resguardos de comunidades indígenas Wayuú, quienes a causa de destierros, contaminación e injustas negociaciones han visto amenazado su territorio y cultura.

Por otro lado, el acceso a los servicios públicos es crítico en la región Caribe debido a que su distribución se encuentra a cargo de empresas trasnacionales que privatizan la prestación de los servicios, como es el caso de Unión FENOSA en la energía eléctrica y Aguas de Barcelona en el caso del agua; las tarifas de servicio son impagables, esto ha llevado a muchos sectores de la población a organizarse y salir a las calles a protestar.

Estas situaciones han motivado a CENSAT Agua Viva, a adelantar un proceso de formación por medio de una “Expedición a la Guajira” en la que se pretende llevar a cabo un balance ambiental que de cuenta de los impactos y las transformaciones en la naturaleza y las comunidades afectadas por estas economías de enclave, con el fin de generar reflexiones colectivas que develen los daños y ofrezcan, a la vez, alternativas para el manejo interno y externo de los conflictos.


Objetivos de la Expedición

• Fortalecer la reflexión nacional e internacional en el tema minero - energético, a través de un énfasis regional en la Costa Caribe, con el fin de dar consistencia a los procesos de articulación organizativa que se adelantan en el país.

• Desarrollar una experiencia formativa interdisciplinaria e intercultural que permita a las comunidades afectadas la definición de herramientas propias para el manejo de conflictos ambientales.

• Proponer una metodología de análisis ambiental apropiada tomando como base un balance de la problemática en la región que pueda ser aplicada en otras zonas y comunidades donde existen este mismo tipo de conflictos.

Enfoque metodológico de la expedición

El proceso de formación ambiental se orientará dentro de una dinámica interdisciplinaria e intercultural que incorporará la participación de organizaciones cívicas y laborales, instituciones de educación superior y comunidades afro, indígenas y mestizas, afectadas por los proyectos; además se integrarán representantes de organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con la conformación de redes de apoyo y el trabajo directo con comunidades

El planteamiento de la “Expedición a la Guajira” propende por la inclusión propositiva de acciones prácticas que apoyen a las comunidades en la definición de argumentos para la defensa, desde la interdisciplinariedad académica y el trabajo “empírico” de los diferentes grupos, fortaleciendo de esta manera los procesos de resistencia.

OBSERVACIÓN

Describimos aquí todos aquellos datos relevantes acumulados por los miembros de las organizaciones que formaron la Expedición.

La mina del Cerrejón:

La Expedición partió de Riohacha para llegar en su primer día a la ranchería de Manantial. Allí se realizó la presentación de cada uno de los participantes y se procedió a la división de dos grupos que se dirigieron uno al Norte y otro al Sur de La Guajira.

El primer lugar visitado por el grupo Sur fue la comunidad indígena afro de Palmarito, desplazada en los años 91, 92. En este lugar se intentó acceder a la mina del Cerrejón pero fue negado el acceso por parte de la empresa, a través de su seguridad privada, y de la fuerza pública. Ante la negativa de acceso a la mina se procedió a consultar a la gente de la comunidad para informarse sobre sus impactos
Después de haber conocido la inconformidad de la comunidad con El Cerrejón, el grupo partió hacia el sur de Palmarito para llegar a Chorrera. El objetivo era identificar la problemática que viene apareciendo por el proyecto de construcción de una represa que obstaculizará el paso del río Ranchería. En el corregimiento de Chorrera fue posible advertir que la comunidad, por falta de información, está dividida en torno a la construcción de la represa; una parte está de acuerdo y otra en desacuerdo.

Otra comunidad indígena visitada fue la de Provincial. Allí se habló de la problemática de la mina y de la del río Ranchería. El resguardo de Provincial está ubicado en Barrancas y se encuentra a 800 metros del botadero de la mina. La gente sobrevive principalmente de la crianza de animales. Allí hay doce personas trabajando para la mina, 4 de manera directa y ocho con contratistas. Los impactos que se encuentran allí son los mimos que sufren la mayoría de las comunidades, por ejemplo el polvillo del carbón que produce enfermedades en los humanos y en los animales, enfermedades respiratorias, de los ojos, etc. En el resguardo de Provincial se conversó con Maber Solano (líder wayuú) quien nos contó que el proyecto multipropósito del río Ranchería va a ser generador de energía, acueducto y un canal de riego. El agua del río va a ser entubada. El sitio en el que se va a hacer la presa no se tienen los diez metros cúbicos por segundo. Ya hay dos acueductos que usan Barrancas y Fonseca. Alguna gente ha entregado la expectativa de que el proyecto va a ser beneficioso. Nos encontramos con que una de las poblaciones mayormente afectadas son los Kogui, los Arwacos y los Arsarios. Por las obras proyectadas se puede calcular que se le va dejar al río uno o dos metros cúbicos. Van a desaparecer un río que significa vida para la gente. Eso lo tapan con los supuestos beneficios del proyecto. El mayor problema que observamos fue la desinformación en la población. La Unión Temporal Guajira aparece como avaladora de ese proyecto. Ni siquiera la comunidad de Chorrera, lugar donde se va a construir la presa, conoce lo que debería acerca del proyecto. Hoy la gente usa el agua de una manera natural a través de sus canales, una vez construido ese proyecto el agua se va a privatizar, se va a colocar un contador y la gente va a tener que pagar por el uso de su agua. Se va a presentar un gran conflicto entre poblaciones, la empresa está creando conflicto entre ellos para sacar ventaja del enfrentamiento. Una vez realizado el proyecto va a empezar toda una estrategia de expropiación. Como si fuera poco el problema ambiental por la construcción de la represa, el río Ranchería sufre los estragos producidos por la desviación de su cauce y la misma destrucción de la que ya fue objeto el arroya de Tabaco, el arroyo de Potros y el arroyo de Bruno. El cauce que en tiempos anteriores no sufría de desecamiento, hoy sufre este lamentable problema. El cauce es afectado directamente por la tala indiscriminada de bosques, de más de 120.000 hectáreas, por parte de la trasnacional. Lo peor del asunto es que todo se hace con la complicidad de CORPOGUAJIRA.

También se visitaron las comunidades negras de Roche, Chancleta y Patilla. Estas comunidades fueron fundadas en 1784 y 1900 respectivamente. Allí se repite la política de la mina: ir estrechando cada vez más a las comunidades. Lo que está allí en juego es el concepto de territorio, la gente tiene claro ese concepto pero lo primero que hizo la mina fue comprar los bosques, impedirles la casa y limitar a la gente al lugar donde viven. Allí se ven condiciones de pobreza absoluta, la gente está reducida a un pequeño espacio y está cercada por el ejército y la seguridad privada que impiden su movilización y la de sus animales. La estrategia de la mina es la misma: compra individualizada, privatización de las vías, pago inadecuado de los terrenos. No existe ningún interés de ninguna autoridad para que la gente se organice. Parece que no existe un lugar más custodiado que todos esos municipios donde está ubicada la mina. Es paradójico que comunidades tan pobres estén tan bien vigiladas.

En Albania, comunidad cercada por la minería, hubo una reunión con compañeros desplazados de la comunidad negra de Tabaco. Ellos también fueron víctimas de las estrategias de la mina pero ellos dieron una resistencia mucho más marcada que la de las otras comunidades. Un grupo de familias de las 350 que había allí utilizaron distintas herramientas para mantenerse en su territorio pero fueron sacadas por la fuerza, confiscándole sus pertenencias (que fueron ubicadas en una bodega de la empresa y la Alcaldía), su ganado y, obviamente, sus parcelas. El proceso de presión para que la comunidad se viera obligada a vender fue el mismo que hemos nombrado en las otras comunidades afectadas por la empresa El Cerrejón. De las 350 familias había 102 familias en resistencia de las cuales hoy continúan 70. En este momento los compañeros se mantienen en la resistencia con distintos procesos jurídicos. Aunque es difícil que se gane en estos procesos, eso da pie para que las demás comunidades intenten defenderse a través de esos medios. Allí, falsos líderes pagados por la empresa INTERCOR, hoy Cerrejón, facilitaron el informe topográfico y poblacional amañado a las pretensiones de la empresa y el municipio, llegando a hacer creer que los habitantes ancestrales de la comunidad eran invasores de la mina. Los doss procesos con que desplazaron a la comunidad fueron la expropiación del espacio público y las servidumbres mineras, urbanas y rurales.

En el recorrido de Albania a Cuestecita nos detuvimos un momento para observar el paso del tren que transporta carbón cada 2 horas hacia el Puerto, en sus 110 vagones, cada uno con 110 toneladas de cupo, desde el Sur hasta el Norte de la Guajira (causando contaminación y muerte a lo largo de su recorrido). Allí fuimos abordados por la seguridad privada de la empresa El Cerrejón quienes nos dijeron de forma amenazante que nos encontrábamos en una carretera privada y que no podíamos tomar fotografías ya que estaban prohibidas por la trasnacional.

Vía Férrea y Puerto de Embarque

Durante el recorrido desde Riohacha, el grupo del Norte observó la problemática asociada a la vía férrea utilizada exclusivamente para transporte del carbón. A lo largo de 150 kilómetros, desde El Cerrejón hasta Puerto Bolívar se extiende la vía del ferrocarril que permite la salida de cerca de 82.000 toneladas diarias de carbón, transportadas en viajes de tren de más de cien vagones. Dicho carbón toma destino a Europa y Estados Unidos principalmente.

Esta vía férrea divide el territorio ancestral wayuu, afectando no solo arroyos y fauna, sino a la dinámica social y productiva de la población.

Entre otras afectaciones sobresale la contaminación del aire por el polvo del carbón desprendido de la circulación de los trenes. Este material contamina las fuentes de agua y afecta las salud de las personas y animales a través de enfermedades respiratorias, cutáneas, de la vista e infertilidad en los animales domésticos.

Un punto crítico de esta problemática se encuentra en el punto de embarque (Puerto Bolívar) y sus vecindades. Es allí donde el carbón transportado por los trenes se deposita en los buques exportadores. En ese proceso una parte del carbón se difunde por el aire, quedando a merced del viento y llegando a las comunidades cercanas como Media Luna o Aretkajui. La estación de medición de estas partículas está situada en el predio de una familia wayúu ubicada a más de 1km del punto de embarque. La comunidad asegura que aquella zona no es crítica por la dirección de los vientos más frecuentes. Por tanto los niveles detectados pueden estar subvalorados.

Una comunidad indígena habita dentro del enmallado del puerto, acercándose peligrosamente a la principal fuente de emanación de partículas carburíferas. Adicionalmente su movilidad está restringida por dicha malla. El contraste de las austeras viviendas indígenas con sus cocinas de fuego y sin energía eléctrica, a la par de tamañas instalaciones para la exportación de energía, es enorme.

Dicha comunidad está obligada a abastecerse de agua comprándola a la desalinizadora de la propia compañía minera.

El parque eólico de Jepirrachi

El día 21 de mayo la expedición Norte se dirigió al parque eólico implementado en Jepirachi (‘viento del nordeste’ en wayúu), cerca de Puerto Bolívar, lugar donde vive la comunidad Wayúu Arrukajüi y donde las Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidieron instalar, una vez hechos los cálculos, 15 molinos, que generarían cerca de 20 Megavatios.

Según los habitantes de la comunidad, la empresa presentó proyectos verbales de una instalación que les proveería de energía y otros beneficios para la población, a cambio de instalarse y desplazar algunas de las viviendas.

Según los pobladores la empresa prometió desviar una pequeña parte de la energía para abastecer las casas de la comunidad, agua potable y construir las casas de los que serían desplazados. De todo ello, dicen, sólo recibieron casas sencillas los que fueron desalojados, y por tanto, que la empresa los engañó.

Las aspas de los 15 molinos, de cerca de treinta metros de diámetro, durante las noches de viento, zumban produciendo un ruido, que según los entrevistados, no les permite dormir (dado que la distancia que separa las casas de los molinos no supera los 100m). Compararon el ruido con el del reactor de un avión.

Respecto a los aspectos contractuales, se protocoliza el contrato con la empresa EPM en la notaría de la alcaldía de Uribia en mayo de 2004. El contrato está escrito en idioma castellano, no en wayúu. Los indígenas ponen la huella en un resguardo como forma de firma. La empresa desconoce la ley indígena con el aval de la alcaldesa Cielo Redondo y utiliza el resguardo como base del contrato.

Por otro lado, si bien los vecinos no recibieron el agua potable como les prometió la empresa, tampoco la pueden obtener de la forma tradicional wayúu, mediante los jagüey (estanques naturales de agua dulce) por estar éstos contaminados con carbonilla procedente de la descarga de carbón. El agua potable que reciben viene de la desalinizadora de Puerto Bolívar, transportada por carro-tanques. Pagan por el servicio 1.200 pesos por caneca (55 galones).

Termoguajira

Posteriormente la expedición se dirigió a Termoguajira en el municipio de Dibulla, frente al mar Caribe. Esta planta fue diseñada por la Compañía Mitsubishi para trabajar con carbón, gas y ACPM. Hasta hace cinco años (2000) operaba con carbón, pero la pésima proyección técnico-administrativa hizo que las cenizas afectaran negativamente la actividad agropecuaria aledaña a la planta. Además, se usó una laguna para verter la ceniza pesada producida por la planta, lo que llevó al deterioro del ecosistema. Esto llevó a que CORPOGUAJIRA prohibiera la utilización de carbón y a que la planta empezara a utilizar gas para continuar produciendo energía.

Actualmente la planta está semiparalizada y el funcionamiento de esta empresa estatal depende del mercado determinado por la Bolsa Nacional de Energía.

Servicios “públicos” de electricidad en los barrios periféricos de Riohacha

Desde Cuestecita, donde el grupo Sur aprovisionó los vehículos, nos dirigimos a Riohacha al barrio Nuevo Faro para averiguar un poco acerca de la problemática de los servicios públicos. Se tuvo la oportunidad de observar el lugar donde se piensa construir el vertedero de la laguna de oxidación que hoy no está construida; Riohacha ha colapsado en materia de alcantarillado. Como la laguna de oxidación ha tenido problemas para su construcción se piensa verter el servicio de alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento. Es muy complejo el asunto porque aquí hay un problema que surge con complicidad de las autoridades ambientales del Departamento que en diferentes reuniones sostenidas con la comunidad manifiesta tener la licencia ambiental para llevar a cabo sus proyectos. Como se dijo, el sistema de alcantarillado ha colapsado y en el lugar donde se piensa verter ya se encuentran problemas de salud en la población. Para solucionar el problema de Riohacha se piensa desplazar el problema al Nuevo Faro, afectando a toda la comuna 4. Las comunidades son despojadas de su dinero con recibos totalmente costosos y no hay ninguna autoridad que se preocupe e intente mitigar los problemas de servicios públicos en La Guajira. La energía social que hoy la empresa ELECTRICARIBE UNIÓN FENOSA le vende a las comunidades de social tiene bien poco, genera conflictos en los lugares donde presta el servicio, éste es cobrado por un habitante de la misma comunidad.

1. ANÁLISIS Y PROPUESTAS

Análisis

En los diferentes recorridos se pudieron observar los problemas de salud ocasionados por la contaminación que produce la explotación de carbón: enfermedades en la piel, problemas en los ojos, dolor en la garganta. Los animales se han quedado estériles y a los que mueren se les encuentra gran cantidad de carbonilla.
El agua está altamente contaminada. Se dice que la tierra ha perdido la fertilidad, las mejores tierras, las productivas, han sido adquiridas por la mina, ni la gente ni sus animales tienen acceso a ellas. Las personas que son sorprendidas cazando o pescando de manera artesanal son detenidas y denunciadas por hurto. La gente está afectada por el ruido que se produce en la explotación. Sería conveniente pedir información a las autoridades ambientales sobre el Plan de Manejo de la mina. Hay agua contaminada de la mina que va al río y han disminuido los peces.

Es inaceptable admitir cómo vive la gente, en la pobreza absoluta, tanto más cuando se contrasta con la cantidad de riqueza que extrae constantemente la mina. Dicha riqueza energética es sistemáticamente exportada para usos definidos por necesidades totalmente ajenas a la comunidad. Se demuestra que ni un solo ápice de recurso termina en beneficio de la comunidad. En cambio los costos ambientales derivados de la actividad minera, sí se externalizan recayendo en estos pueblos (mala salud, contaminación del medio, etc.).

Los responsables morales son de tres tipos: las corporaciones, el estado y finalmente algunas autoridades o mediadores de las propias comunidades indígenas que responden a sus propios intereses y no a los comunitarios.

En relación a las estrategias aplicadas por las empresas para conseguir los recursos de las comunidades locales a tan bajo precio, hay que destacar en primer lugar que existe una profunda asimetría en el conocimiento mutuo entre transnacionales e indígenas. Por un lado, las empresas conocen bien las ‘debilidades’ y la falta de formación legal y capacidad de reacción local. Por el otro, las comunidades locales desconocen en gran medida las consecuencias de las decisiones que les proponen y no suelen estar preparadas para enfrentar los intereses de las corporaciones, del estado o de las mismas ONGs.

Entre las estrategias empresariales, se encuentran desde la utilización de falsos intermediarios de la misma etnia, que terminan siendo negociadores de parte de la empresa, hasta el engaño sistemático que se aprovecha del desconocimiento lingüístico o diferente prisma cultural de las comunidades locales.

A esas estrategias se unen problemáticas puramente internas de las comunidades locales. Desde diferentes grados de desmembramiento territorial, desplazamientos ligados al conflicto o divisiones internas.

Finalmente, las mismas razones por las que la presión privatizadora capitalista consigue explotar los recursos de los pueblos y hacerles asumir los costes sociales y ambientales, son las que generan la llamada deuda ecológica. Dicha deuda ecológica -a la que hace referencia el título del informe- si fuera posible medirla, superaría con creces a la actual deuda externa que atenaza el desarrollo autodeterminado del Sur.

Propuestas

He aquí una batería de propuestas frente a la problemática ambiental y social de los territorios que visitó en la Guajira:

• Fortalecimiento de las bases. Creación de una red de apoyo para el fortalecimiento de proceso organizativo.
• Acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales. Generar veedurías nacionales e internacionales que hagan un seguimiento de las empresas y los megaproyectos.
• Creación de una organización de desplazados y afectados por transnacionales en la Guajira (indígenas, afrodescendientes, trabajadore/as y ONGs). Concientización de las personas para la Unidad. Buscar la unión de la comunidad y luego del pueblo para hacer frente a asuntos como el TLC, a las leyes de aguas, a la privatización de los recursos hídricos, al proyecto de la ley de páramos.
• Avanzar en el conocimiento y la implementación de las acciones jurídicas.
• Crear mesas de trabajo locales para defender el territorio sin importar quien sea su dueño. Esas mesas se reunirían cada 45 días y asistirían dos delegados de cada organización. Allí se discutiría y se sacarían propuestas claras para entregárselas a las instituciones e instancias gubernamentales a manera de negociación.
• Buscar mecanismos que permitan la devolución del territorio a los consejos comunitarios y resguardos indígenas.
• Mitigar los problemas de seguridad alimentaria a los que se ve enfrentada las comunidades negras e indígenas de La Guajira.
• Contactos internacionales con países sede de las ETNs para campañas de denuncia.
• Se propone un foro en el que se expliquen las afectaciones.
• Se propone un documental para lograr más impacto a nivel nacional e internacional.
• Realizar una denuncia a través de un comunicado que pueda repartirse a nivel nacional e internacional.