miércoles, 29 de enero de 2014

Pruebas PISA…otra imposición.

Las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), se realizan cada tres años. Son organizadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y  en la edición 2012, participaron cerca 510.000 menores de 65 países, que fueron examinados en las asignaturas de Ciencias, Matemáticas y Lecturas. Esta evaluación, fundamentalmente, se preocupa por precisar de qué manera el estudiante aplica el conocimiento en problemas que surgen de la cotidianidad. Pero, además, al mismo sistema educativo, precisando qué cosas funcionan bien, dónde y a través de qué políticas educativas.
Las pruebas PISA, no  surgen, entonces, como resultado de la discusión académica y menos aún la promueve alguna entidad experta en asuntos pedagógicos o del conocimiento. No están direccionada, por un equipo multidisciplinario en el cual tengan cabida investigadores o científicos latinoamericanos o africanos. Es fácil entender porque estos exámenes no contemplan asignaturas que en el siglo XXI deben considerarse vitales, dada la grave crisis de valores existente en el mundo y que le crean grandes retos a nuestros jóvenes: la Filosofía, la Historia, el Arte, la Música, la Ecología, la Democracia. El  especialista, en Sociología de la Educación, el francés Chistian Baudelot, llamaba la atención sobre este aspecto y señalaba que: “Han habido distintos intentos para discutir la metodología de PISA desde un abordaje sociológico o pedagógico y ellos se han negado a participar en esas instancias”.
En Colombia, los resultados de las pruebas PISA ha generado un gran controversia y como siempre el gran sacrificado ha sido el docente. Le enrostran, todo tipo de errores y por último se advierte de la necesidad de evaluarlo. Una de las perversidades, de las pruebas PISA, es desconocer las grandes diferencias existentes en el mundo. De todo tipo: geográficas, culturales, económicas, sociales. Basta mencionar, que Colombia registra los niveles más altos de violencia, en Latinoamérica (147) según  Paz Mundial .Mientras que Islandia, ocupa el primer puesto  de los países menos violento según Instituto para la Economía y la Paz.
Las pruebas PISA (2012) catapultaron la educación pública China (Shanghái), vale la pena preguntarse, si los estudiantes fueron evaluados sobre un aspecto catastrófico de la sociedad china actual, me refiero a la alta polución. Precisamente, la contaminación ambiental en Shanghái, la capital económica de China, ha alcanzado niveles de gravedad importante. En el 2010, la contaminación ambiental provoco en este país perdidas económicas por US $176 mil millones y anualmente provoca la muerte prematura entre 350 y 500 mil personas, según la Asociación Médica de China. Otro país, que se tiene como referente y se añora tener su modelo educativo es el Japón, otro peso pesado de las pruebas PISA. ¿Fueron, los jóvenes japoneses, evaluados sobre el impacto del tsunami  y la contaminación radioactiva? ¿Fueron, indagados sobre el flagelo del suicidio que azota a los jóvenes japoneses? Las autoridades del Japón consideraron en el año 2012, que el número de casos de suicidios entre estudiantes había alcanzado su máximo histórico al superar la barrera de los 1.029 fallecidos. Por edades, el mayor  incremento se    registró en los jóvenes menores de 19 años y en la franja de los veinteañeros se produjeron 3.302 suicidios.
Influye, en la decisión del suicidio la frustración académica y el miedo a la etapa posterior al colegio. A  un joven se educa ¿para la vida o para la muerte?
El comandante Chávez, alguna vez expresó: “Formemos en nuestros niños  un corazón para lo hermoso, para lo grande, para el sendero de la patria buena”. En Colombia es  imperativo, educar  a nuestros niños y jóvenes para la patria digna, soberana, incluyente. Para que ningún colombiano le arrebate la vida al otro. Para que científicos al servicio de la vida,  como el Doctor Barriga Daza, no tengan que morir asesinados, hay que educar y formar, más allá de las pruebas PISA.

domingo, 19 de enero de 2014

"Mi caso es más aberrante que el de Petro"

"Mi caso es más aberrante que el de Petro"
Una Piedad Córdoba más cerebral, se refiere a su propia destitución después de la agitación social que ha producido la del alcalde Petro.
¿De cuáles temas hablaron en la comida a la que usted y otros dirigentes de izquierda asistieron a la Casa de Nariño por invitación de Santos?
En primer lugar, el proceso de la Habana. Aunque nos comprometimos a guardar confidencialidad, podría decir que fue muy interesante conocer la posición del gobierno de labios de Humberto de la Calle y del propio jefe de Estado. Las intervenciones del ministro de Justicia y la interpretación de los conflictos colombianos de parte del analista Jorge Orlando Melo fueron  muy útiles para comprender la dimensión jurídica e histórica del reto al que nos enfrentamos. Además se habló de la importancia, tanto en el proceso de paz como en la vida política del país, de las garantías para los movimientos sociales y los grupos que han estado, por años, en la exclusión. Finalmente se trató, parcialmente, un eventual proceso con el ELN.
¿Tuvo la impresión de que habrá noticias ‘gordas’ pronto, en cuanto al proceso con las Farc?
Como le digo, nos comprometimos a guardar reserva, pero sí espero que el presidente le de buenas noticias al país pronto.
Hablando de la invitación del mandatario, hay un trino del senador Robledo  en que dice que el Polo no se entrega al santismo. Y después, una declaración de ese partido en que informa que no fue invitado a la comida ¿Qué piensa sobre esta exclusión?
Primero, que asistir a un diálogo con el jefe de Estado no significa entregarse al santismo. Una cosa es hablar con el presidente de los derechos de las víctimas y del proceso de paz, y otra, volverse santista. En la comida de la Casa de Nariño no nos referimos a los tratados de libre comercio, al modelo de desarrollo que implementa Santos, a  su ley de educación o al sistema de salud porque no nos habríamos puesto de acuerdo con él. Eso no significa que no podamos discutir con él sobre otros temas. No podemos seguir viendo las cosas en blanco y negro o continuar con la lógica de que quien no es mi amigo, es mi enemigo. Segundo, ahí estaba Iván Cepeda, del Polo, pero no soy yo la llamada a hablar de asuntos ajenos.
Es obvio que el jefe de Estado ha querido mantenerla a usted lejos de las negociaciones de la Habana ¿El ambiente entre usted y él fue tenso?  
No, fue tranquilo y amable. Debo reconocer que el presidente tuvo el gesto de llamarme, él mismo, para invitarme a la comida y que fue cordial conmigo y con los demás asistentes.   En el clima de distensión también influyó que estaban presentes personas que han tenido interlocución permanente conmigo hace años, como el ministro Alfonso Gómez Méndez y Enrique Santos.
¿Se podría decir que usted está más cerca del jefe de Estado hoy?
Ahora no voy a decir que soy santista pero tampoco puedo graduar al mandatario de enemigo permanente sin tener en cuenta el interés superior que viene moviendo mis actos políticos desde hace muchos años: la paz, por encima de las diferencias. Además, uno no puede terminar dándoles gusto a  quienes alimentan la discordia con chismes y comentarios mal intencionados que, en el fondo, buscan que continúe la guerra. No se puede actuar de manera mezquina y debo reconocer que el doctor Santos tuvo una actitud claramente positiva frente a unos eventuales acuerdos.
¿Cómo explicaría, entonces, el doble lenguaje oficial, uno pacifista y el otro guerrerista?
No me ponga a hacer el papel de defensora del gobierno. Sin embargo, hay que ser capaz de  ponerse en los zapatos del presidente y  de entender a lo que se enfrenta con los poderosos enemigos de la paz que conocemos. Lo último que quisiera, sería que, por la estigmatización que hemos padecido quienes hacemos oposición política, terminemos sirviéndoles a esos enemigos.  
Marcha Patriótica ¿fue también tema central?
Sí. Pude expresar mi preocupación por lo que está pasando con el movimiento.
¿Es cierto que usted iba – o va -  a anunciar mañana la intención de Marcha Patriótica de disolverse por falta de garantías de vida para sus integrantes?
Ese ha sido un debate que hemos venido planteando por lo que ha venido ocurriendo en las regiones y en los centros urbanos con los miembros de Marcha Patriótica. Lo que está pasando es tan grave que ya hay quienes denominan al movimiento como  la Unión Patriótica II.
¿Por qué?
 Según nuestros registros, han asesinado a 28 integrantes de Marcha Patriótica,  muchos dirigentes nuestros están siendo amenazados;  hay cerca de 200 judicializados, entre ellos, estudiantes, académicos y líderes populares.  No podemos ser indiferentes al peligro que se enfrentan nuestros compañeros y por eso pensamos en la disolución. El presidente escuchó atentamente lo que le conté y se comprometió a recibir, en fecha que señalará, a dirigentes del movimiento y es posible que anuncie una serie de mecanismos que su gobierno activará para darnos a nosotros y a las demás organizaciones, garantías que irán más allá de lo puramente electoral.
Entonces ¿queda en suspenso la disolución de Marcha Patriótica?
Continúa en consulta al interior del movimiento.
Una parte de lo que usted plantea corresponde a responsabilidades del gobierno, es decir, garantías para la vida. Pero otra parte es judicial ¿Cree que fiscales y jueces prejuzgan a la gente de Marcha Patriótica?
El Estado debe asumir sus responsabilidades como un todo porque las ramas del poder  no son compartimentos aislados.  Por eso, en términos internacionales de derechos humanos, se les adjudican responsabilidades a los Estados y no a una entidad interna de los países. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, me parece que el fiscal Montealegre tiene un compromiso serio con la democracia. Sin embargo, existen rezagos de épocas anteriores cuando se infiltraron fiscales e investigadores que actúan de consuno con el paramilitarismo y con sectores de extrema derecha.
¿Por qué hace esa afirmación? ¿Tiene alguna evidencia?
Tenemos múltiples ejemplos de cómo las fuentes de información de las que se nutren ciertos fiscales, dirigen sus señalamientos contra el pensamiento diferente.  Hay algunos que desde el principio  sesgan los expedientes para castigar a quienes juzgan peligrosos por sus afirmaciones.
Señáleme un ejemplo concreto.
La fiscal Novena Especializada de la Unidad Antiterrorismo Adalgiza Neira Palacio pidió la captura y acusó al profesor universitario Francisco Tolosa, (graduado con ‘título emérito’ en la universidad por el consejero del expresidente Uribe, Eduardo Pizarro), de rebelión agravada con base en unos testimonios falsos. El otro señalamiento que le hizo ante el juez fue el de haberse reunido, en Argentina, con el premio Nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel y con otros intelectuales dizque para ejecutar un plan estratégico de toma del poder por las Farc. Existe la grabación hecha en una audiencia, en que la fiscal Neira dice del profesor Tolosa que “no es peligroso porque porte armas sino por las ideas que profesa” ¿No le parece asombrosa esta violación constitucional?
¿Le comentó este caso al Fiscal General?
Sí. Tuvimos una reunión con él y con el equipo de abogados que defiende a Tolosa, miembro de la junta de Marcha Patriótica y le informamos que hay otros dos integrantes de la junta, Huber Ballesteros y Wilmar Madroñero, que están siendo procesados bajo acusaciones similares.  El fiscal prometió hacerles seguimiento a los despachos en los que existen este tipo de irregularidades.
 Cambiando de tema ¿se ve reflejada en el caso de la destitución de Petro por el mismo procurador Ordóñez?
Claro, esa fue la mima dinámica que tuve que recorrer pero de manera solitaria, salvo por el apoyo de las organizaciones sociales.  A mí me tocó nadar contra de la corriente porque la gente creyó que yo hacía parte de las Farc. Como dijo un conocido intelectual que merece todo el respeto del país, no hay “un fallo más protervo, farragoso, sesgado ideológicamente,  mal redactado y sin sustento jurídico” que el que firmó Ordóñez contra mí.  Sobra decir que en mi caso, como en el del alcalde, no hubo debido proceso ni adecuado derecho a la defensa. Por si fuera poco, yo fui absuelta en el proceso penal ante la Corte Suprema y el procurador pasó por encima de esa preclusión y me destituyó e inhabilitó.
¿Por qué cree que con su destitución no hubo la conmoción social que produjo la de Petro?
Porque yo era solo una congresista sin poder de movilización y, como se sabe, la política es logística y la logística es política.  Un alcalde, en cambio, dispone de esa posibilidad.  Además, a mí se me violó también el derecho a la presunción de inocencia. Por eso mi caso es, si se quiere, más aberrante para la democracia que el del alcalde pues prepararon a la gente, a través de una estrategia de estigmatización activada desde el Das, para que cuando saliera la decisión de la Procuraduría yo fuera condenada también socialmente.  Incluso, muchos que habrían deseado manifestarse a mi favor, no lo hicieron por temor. Y otros, hoy víctimas de los procedimientos arbitrarios de la Procuraduría, hicieron eco de las acusaciones de Ordóñez contra mí o se distanciaron porque les convenía hacerlo, tal vez para desligarse de su pasado.
¿A quién se refiere? ¿A Petro?
Las personas a las que me refiero saben quiénes son. No tengo que mencionarlas.  Pero no fue una sola. Cuando le pedí al presidente del Senado (Armando Benedetti) que no hiciera efectiva mi desvinculación del Congreso mientras salía un fallo definitivo del Consejo de Estado, entre otras razones, debido a que Colombia firmó el Pacto de San José (que da fundamento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que hoy acude Petro),  no solo no atendió mi petición sino que varios parlamentarios que tenían intereses burocráticos y de negocios hicieron discursos, al borde del delirio, a favor del procurador.  Sacrificaron el Estado de derecho por sacrificarme a mí.
¿Quiénes? Deme algunos nombres.
Por sus prontuarios los conoceréis.
Entonces ¿es falso que usted haya ayudado a organizar marchas a favor de Petro?
Participé en la marcha del 9 de abril por el desbordamiento de la Procuraduría y por el abuso de poder en que está incurriendo Ordóñez. La destitución de Petro, la mía y otras, es un problema de democracia, no solo del alcalde de Bogotá. Hay un sentimiento de rechazo e indignación que debe ir más allá de la suerte individual mía o de Gustavo Petro.  También participé con Guillermo Asprilla en algunos encuentros con habitantes de las localidades.  Pero de ahí a ser organizadora de manifestaciones de protesta en la plaza de Bolívar, hay un gran trecho. Eso sí, quiero dejar claro que comparto y creo que la gente está en todo su derecho de protestar públicamente cada vez que considere vulnerados sus derechos.   
La cena inesperada
La prensa fue sorprendida con una reunión político social que organizó el presidente Santos en la Casa de Nariño y a la hora de la cena, la semana pasada.  Resultó sorpresiva porque los invitados eran dirigentes de izquierda, tradicionalmente distantes del propio jefe de Estado, de la vida palaciega y de la coalición gubernamental. Se trataba de Piedad Córdoba, Aída Abella quien llegó al país después del exilio; Iván Cepeda, Gloria Ramírez y Carlos Lozano. Horas antes había estado conversando con Santos, el petrista Antonio Navarro. Acompañaron a manteles al mandatario, el jefe de la delegación oficial en la mesa de negociación con las Farc Humberto de la Calle; el ministro de Justicia Alfonso Gómez, el historiador Jorge Orlando Melo y el hermano del presidente, Enrique Santos.  Ninguno de los invitados de izquierda había estado en la sede de gobierno desde hacía años. Mucho menos había compartido viandas con la cabeza del Ejecutivo. Se trató de una jugada estratégica antes de que, según se especula, se hagan anuncios importantes sobre avances en el proceso de paz. Por error o por una decisión que aún no tiene explicación pública, la invitación no se le extendió al Polo como partido sino a uno de sus miembros que no es ni su candidata presidencial (Clara López) ni el senador de mayor votación en la oposición (Jorge Enrique Robledo). 
 “Magistrados con familiares en la Procuraduría”
En vista de lo que ha hecho Petro en la CIDH, ¿cree que la línea jurídica que usted tomó fue equivocada?
No, porque apoyo la institucionalidad del país y porque no creo que todos los magistrados de los tribunales y las cortes incurran en abusos de poder.  Aún no he agotado las instancias judiciales nacionales.
Cuando culminen esos recursos ¿acudiría a la CIDH?
Pues mire: llevamos tres meses después de que la Corte Constitucional anunció que falló en mi contra la tutela que interpusimos con el jurista Alfredo Beltrán y todavía no nos han notificado el fallo. Tenemos pendiente una demanda ante el Consejo de Estado. Después pensaremos en presentarnos ante la CIDH. Mire lo curioso: al magistrado del caso Petro lo critican porque su esposa está en el Acueducto de Bogotá. Y en el mío, a nadie le pareció raro que dos magistrados de la Constitucional tuvieran familiares trabajando en la Procuraduría. Y de pronto son más.
Suponga que gana ¿Volvería a presentarse al Congreso o demandaría al Estado? 

No volvería al Congreso pero lo mínimo que exigiría sería el restablecimiento de mis derechos al buen nombre, honra y privacidad. Exigiría que el Estado me pidiera perdón por perseguirme y por hacerme ver como una  delincuente. Deseo recuperar la dignidad por la que tanto he luchado.
FUENTE: www.elespectador.com

viernes, 10 de enero de 2014

Detenido Líder Social y Popular de la Marcha Patriótica, Francisco Toloza

La Fundación Lazos de Dignidad comunica y denuncia ante a la Comunidad Nacional e Internacional la detención arbitraria del profesor universitario miembro de la Junta Patriótica Nacional de nuestro Movimiento Político y social Marcha Patriótica Francisco Javier Toloza.

HECHOS
1. El día 4 de enero de 2014 a las diez de la mañana fue detenido con orden de captura mientras transitaba por la cuidad de Cúcuta el profeso universitario, miembro de la junta Patriótica Nacional de Movimiento político y social Marcha Patriótica, FRANCISCO JAVIER TOLOZA.
2. La orden fue expedida por el juzgado 26 penal municipal de Bogotá con funciones de control de garantías el día 29 de diciembre de 2013. 3. El cargo que se le imputa al profesor Tolosa es el de REBELIÓN AGRAVADA
ANTECEDENTES
1. Desde el año 2010 en el marco del Bicentenario de la lucha independentista en Colombia, distintas organizaciones populares de diversos sectores sociales convocan a la Marcha Patriótica, movimiento social que propende por la unidad del pueblo colombiano en la búsqueda de la paz con justicia social.
Los días 21, 22 y 23 de abril del 2012 se constituye en Bogotá LA MARCHA PATRIÓTICA como MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO, en medio de una fuerte ola de estigmatización y criminalización por distintos entes del estado.
Como evidencia de la sistemática persecución y criminalización de la oposición
en el país, el pasado 25 de agosto fue también detenido y judicializado el líder campesino y sindical de FENSUAGRO HUBER BALLESTEROS Responsable de Organización y Miembro de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
EXIGIMOS:
AL GOBIERNO NACIONAL Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de FRANCISCO JAVIER TOLOSA y demás integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, quienes están siendo perseguidos por el Estado Colombiano.
SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
1. Se continúe con el seguimiento y los monitoreos frente a la grave situación de derechos humanos y agresión permanente a las directivas y miembros del movimiento político y social Marcha Patriótica, toda vez que no existen verdaderas y reales garantías para ejercer en el país el legítimo derecho de la actividad social y sindical.
2. Exigir al Gobierno Colombiano una respuesta clara y contundente frente a las investigaciones que se hayan adelantado, en cuanto a las denuncias realizadas por detenciones arbitrarias y judicializaciones a miembros de la Marcha Patriótica.
SOLICITAMOS
A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano con el fin de obtener garantías para el ejercicio político.
A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos emitir cartas de respaldo a la presente denuncia pública y acompañar la atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales.

Liberado Julián Conrado

Boleta de Excarcelación expedida por la Sala de casación Penal del TSJ de la República Bolivariana de Venezuela

BOLETA DE EXCARCELACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TSJ DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

9 de enero de 2014.- La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta, declaró desistida la extradición pasiva en contra del ciudadano de nacionalidad colombiana, Guillermo Enrique Torres Cueter -alias Julián Conrado-, en virtud de que la República de Colombia dispuso retirar y cancelar, con carácter inmediato, las solicitudes de extradición requeridas al Estado venezolano.

En vista de lo anterior, la Sala del Alto Juzgado venezolano ordenó el levantamiento de la medida judicial privativa preventiva de libertad dictada contra el mencionado ciudadano por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Asimismo la Sala del TSJ ordenó su inmediata libertad y se libre la correspondiente boleta de excarcelación.

Este ciudadano se encontraba preventivamente a las órdenes del mencionado tribunal mientras se recibían los argumentos del Gobierno colombiano que avalaban la extradición pasiva requerida, por la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas y reclutamiento ilícito. Posteriormente se recibió otra petición de extradición por parte de Colombia por los delitos de secuestro extorsivo agravado, desaparición forzada y tortura en persona protegida.

Sin embargo, el 26 de diciembre de 2013, el Viceministro de Asuntos Multilaterales y Encargado de las Funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Carlos Arturo Morales López, mediante Nota Verbal DM.DIAJI N° 2845 comunicó a la cancillería venezolana la decisión de la República colombiana de "retirar y cancelar, con carácter inmediato, las solicitudes de extradición presentadas respecto del señor Guillermo Enrique Torres Cueter, alias Julián Conrado".

En la misma fecha el canciller venezolano, Elías Jaua Milano, envió una misiva a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en la que informó que el Gobierno de Colombia decidió retirar la solicitud de extradición hecha sobre Guillermo Enrique Torres Cueter, para que en consecuencia se actúe en el ámbito de sus competencias.

Al respecto la Sala de Casación Penal del TSJ precisó en su decisión que "al ser retirada y cancelada la solicitud formal de extradición por parte de la República de Colombia, lo ajustado a Derecho y procedente es declarar desistida la solicitud de extradición pasiva, iniciada con motivo de la petición realizada por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en contra del ciudadano Guillermo Enrique Torres Cueter".

Para consultar todas las noticias y artículos, incluidas entrevistas de Aporrea a Julián Conrado puede usar el siguiente enlace:
 FUENTE: www.aporrea.org

miércoles, 8 de enero de 2014

Quien quiera mas neoliberalismo…Que vote por Santos.

Juan Manuel Santos, sigue desparramando por todo el país sus promesas electoreras  y tratando de persuadir  a toda una sociedad de las bondades de su gobierno si fuese electo nuevamente. No ha cumplido, en su gobierno con el  programa que se condensaba en su slogan “prosperidad para todos”. El candidato-presidente, intenta meter un embuchado a la opinión pública del país cuando dice:”Si logramos  la paz y podemos ir desviando los recursos que están destinados a la guerra y dárselos a la educación, este país va a cambiar fundamentalmente”. Esta puntualización del presidente, no es creíble en la medida en que su  su agenda discursiva está marcada por la guerra. Habrá que recordarle todo el tiempo que sea necesario, que su ministro de la defensa Juan Carlos Pinzón preciso que en un eventual acuerdo de paz no estaba previsto ajustar el cinturón de las fuerzas armadas, sería un “gran error”.Significa, que el mayor presupuesto del país seguirá siendo el de la defensa, que para este año 2014 estará por el orden de los 27, 74 billones de pesos / 14.717 millones de dólares.
Según el ministerio de hacienda, entre 2011 y 2014, la inversión en defensa ha aumentado 2,21 millones de peso/1.172,54 millones dólares, un 19,6% más que en el periodo comprendido en el cuatrienio anterior entre 2007 y 2010(infodefensa.com). El candidato -presidente,  le dejo claro a todo el mundo que el proceso de paz en ningún momento pondría en peligro el modelo económico imperante en el país.Parodiando, al desaparecido político conservador Álvaro Gómez Hurtado, el candidato-presidente anunciaba ante empresarios colombianos y portugueses lo siguiente “Tengan la seguridad de que allá, en  esas negociaciones no vamos a negociar nada de lo fundamental”. Se refería a la propiedad privada, el modelo de desarrollo, la política comercial, la política industrial. Todo queda intacto, Colombia ha sido blindada por el modelo neoliberal.
Este candidato-presidente,  se ha caracterizado por sus propuestas cantinflescas con relación a la crisis del agro. Fue algo pintoresco lo de regalar papas por todo el país, ocacionando efectos contrarios de lo esperado. En  Colombia, se habla de medidas de fondo para sacar al agro colombiano de la colosal crisis en la que se encuentra. La otra genial idea  es la aplicar en este año, el impuesto del 4x1000 que en sus 14 años de existencia ha recaudado la cifra de $39.6 billones. Otra vez, al pueblo colombiano le tocara sufragar otra crisis, la del agro. La paradoja, consiste en que este impuesto que se creó para aliviar la crisis del sector financiero (1998) que hoy le permite a la banca obtener ganancias por 39,7 billones (2012) el pueblo no se ve favorecido para nada. Al contrario, los usuarios del sistema bancario se ven sometidos a toda clase de abusos por parte de las entidades bancarias.
 En palacio de Nariño, Santos en una charla con periodistas del diario el espectador, en relación con las consultas populares señalaba que “esas consultas son ilegales y no tienen efecto legal. El subsuelo es de todos los colombianos. Aquí no hay lugar a discusión. Estas consultas “ilegitimas” en realidad son una de las herramientas  constitucionales que le quedan al pueblo colombiano para la defensa del medio ambiente ante la arremetida de las multinacionales que a través de la explotación minera acaban con el medio ambiente. El ministro de minas y energía Amílkar Acosta en otrora “critico” del modelo neoliberal afirmaba que las consultas populares como la de Tauramena (Casanare) “ponen en riesgo”  la inversión extranjera en el país. Simplemente, no quieren a futuro, ningún obstáculo para las multinacionales, no quieren nada que huela a soberanía. Finalmente, este gobierno cicatero, aseguraba desde la casa de huéspedes ilustres de Cartagena, que el país cerraba con” broche de oro” el año 2013 por el incremento salarial en un 4.5%( $26.500).Este es, el candidato- presidente, que pretende una segunda reelección.