jueves, 15 de diciembre de 2011

Rodolfo Vecino, presidente de la USO, fue despedido de Ecopetrol

Rodolfo Vecino, presidente de la USO, fue despedido de Ecopetrol

—“Más que una sanción contra mi persona es un ataque contra la USO”, dice Vecino—
—Duro golpe al diálogo entre sindicalismo y gobierno, opina la ENS—


La Unión Sindical Obrera, USO, enfrenta hoy una grave situación tras la resolución de despido que Ecopetrol, en primera instancia, profirió este martes 13 de diciembre en contra de Rodolfo Vecino, actual presidente de esta organización sindical, a quien acusa de participar indebidamente en política en su condición de funcionario público; situación que hoy tiene en máxima alerta a los trabajadores de la USO.

La sanción fue impuesta por la Oficina de Control Interno de Ecopetrol, como culminación de un proceso disciplinario que abrió el año pasado contra al presidente de la USO por participar en un evento en el que intervino el candidato por el Polo Democrático a la Gobernación de Bolívar. Pero será el presidente de la compañía,  Javier Gutiérrez Pemberthy, quien en segunda instancia, a más tardar el lunes 19 de diciembre, confirme o eche atrás la resolución de despido de Vecino, quien además fue sancionado con la imposibilidad de desempeñar cargos públicos durante los próximos diez años.
 
Rodolfo Vecino catalogó la sanción como un ataque a toda la institucionalidad del sindicato, más que una medida individual contra su persona; una sanción de carácter político más que disciplinario, pues, a su juicio, tiene la clara intencionalidad de diezmar y paralizar a la USO en momentos en que esta organización ha reactivado con fuerza la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores del sector energético del país.                                                                            Rodolfo Vecino

Y por su parte  José Luciano Sanín V,  Director General de la ENS, mostró su preocupación y llamó la atención sobre los efectos negativos que este hecho puede tener para el ambiente de diálogo que en este momento hay entre el movimiento sindical y el Gobierno Nacional.
Para conocer más detalles de este contencioso contra la USO, y medir sus repercusiones, la Agencia de Información Laboral conversó con Rodolfo Vecino y con Luciano Sanín:

Entrevista con Rodolfo Vecino

¿Por qué, concretamente, le abrieron a usted el proceso disciplinario que termina ahora con esta grave sanción?

Ese proceso se inició desde el 20 de octubre del año 2010, en el marco de la conmemoración de un año más del asesinato de Jorge Ortega García, vicepresidente de la CUT. En ese evento estuvo el compañero Dionisio Miranda, quien en ese momento era el candidato del Polo Democrático a la gobernación de Bolívar. Este compañero llegó al evento a dar su saludo y a adherirse a los actos conmemorativos, pues es una persona cercana a la USO y era amigo personal de Jorge Ortega. Yo lo presenté a la concurrencia, habida cuenta de que nuestra organización sindical ha sido siempre clara y definida políticamente en su pertenencia al Polo Democrático. Ese evento lo grabó Ecopetrol en audio y video, y a partir de ahí la Oficina de Control Interno lo convirtió en cabeza de proceso contra mí, y contra siete compañeros más de la USO que estábamos allí. Así que el martes 13 de diciembre se dio el fallo en primera instancia, sustentado en mi supuesta participación en política. Me despiden de la empresa y me inhabilitan para ocupar cargos públicos durante diez años. Esta oficina tiene atribuciones para hacer eso.

¿Y qué pasó contra los otros siete compañeros procesados?

A ellos los liberaron del proceso porque lo que les interesaba era sancionarme a mí, para golpear y afectar duramente a la institucionalidad del sindicato. Porque es claro que este hecho, en este momento, más que una sanción contra la persona de Rodolfo Vecino, es un golpe duro contra la institucionalidad de la organización sindical, que yo como presidente represento en su máxima jerarquía.

¿O sea que usted lo interpreta como una especie de cuenta de cobro que Ecopetrol le pasa a la USO por toda la lucha y las movilizaciones que ha liderado este año?

Sí. Es la confirmación de que no estábamos equivocados cuando denunciamos que hay un proceso sistemático para acabar con nuestra organización, desde todas las aristas y todos los ángulos. Hay una política clara en contra nuestra, y utilizan la Oficina de Control Disciplinario como pretexto para detener el avance de la organización en su lucha frontal por la defensa de los trabajadores. Y se da en un momento en que la USO retoma con fuerza sus principios de lucha sindical, en que incentiva a las organizaciones de los trabajadores del sector energético, confronta a las multinacionales como Pacific Rubiales, a Ecopetrol misma, y a las demás empresas que hacen presencia en el país y tienen una política de agresión contra los trabajadores.  

¿Qué otras situaciones se están dando dentro de ese proceso sistemático que, según usted dice, está en marcha para acabar con la USO?

Hay un procesos de levantamiento del fuero del secretario general de la USO, Edgardo Lozano; y de Jaime Rodríguez, dirigente de la subdirectiva única del oleoducto; y hay un proceso de llamada a descargos con intención de despido para el compañero Joaquín Padilla, en Cartagena. Y hay más de mil procesos a trabajadores, dirigentes y activistas de la USO por parte de la Oficina de Control Disciplinario. Esta oficina se ha convertido en un instrumento más para intentar destruir a la organización sindical, porque todas las protestas y los eventos que el sindicato ha desarrollado en el último tiempo, vienen siendo judicializados por esta oficina. La intención es inmovilizar completamente la organización sindical, que no tenga posibilidades de reacción frente a las políticas  que la nueva junta directiva de Ecopetrol tiene hoy en el tema de los derechos laborales y el recurso petrolero. Y a eso se suman las amenazas de que estamos siendo objeto por grupos armados que hacen parte de esa política contra el sindicalismo, y contra la USO en particular.

Háblenos de esas amenazas, ¿a quiénes, dónde?

En Barrancabermeja han llegado panfletos a casa de los dirigentes. Y se dan persecuciones y seguimientos por parte de supuestos miembros de las autodefensas que amenazan directamente a los trabajadores, como sucedió en Puerto Gaitán. Y hay toda una campaña de desprestigio contra la organización, en la que entran las opiniones del ex presidente Uribe, del ex ministro Londoño, de Francisco Santos, y toda la prensa negativa que la organización ha sufrido. Incluso se nos ha acusado de ser un sindicato armado.

¿Qué recurso legal le queda frente a la resolución de despido de la oficina de Control Interno de Ecopetrol?

Tenemos hasta hoy jueves para hacer la apelación ante la siguiente instancia, que es la Presidencia de Ecopetrol, que tiene hasta el lunes 19 de diciembre para resolver el recurso de apelación. En manos del presidente está la decisión final.

¿Y la USO como organización que acciones está adelantando?

Lo primero es que la USO en este momento ha puesto en alerta máxima a sus trabajadores. Estamos haciendo agitación y movilizaciones en nuestras bases, y estamos tratando el tema en diferentes instancias, haciendo las debidas denuncias a nivel nacional e internacional, con el acompañamiento de la CUT. Porque no sólo es una medida injusta, sino que tiene un carácter político, más que disciplinario. Tiene la clara intencionalidad de destruir nuestra organización. Claro que diciembre es un mes bastante difícil para la actividad sindical por el tema de la celebración de la navidad y el fin de año, toda la gente está relajada.

Lo que opina el director de la ENS
El director general de la Escuela Nacional Sindical, José Luciano Sanín V., calificó la sanción a Vecino, primeramente, como un episodio más del plan de “exterminio” que de tiempo atrás se viene orquestando contra la USO. Al respecto señaló:
“Si nos atenemos al historial de violencia, de ataques jurídicos, despidos y procesos disciplinarios contra trabajadores y dirigentes de la USO en los últimos 8 años, es evidente que hay un plan de exterminio contra esta organización; o por lo menos una intensión orquestada para que ésta no cumpla su papel de defensa de los recursos naturales y los derechos de los trabajadores. La USO es de los sindicatos que mejor han entendido que el momento político del país es propicio para organizar a los trabajadores, y ha mostrado su capacidad para hacerlo. Y en momentos en que se reactiva y extiende su acción a todo el campo de las empresas multinacionales extractoras de petróleo, inmediatamente lo atacan por el punto más fuerte, que es su presidente, con una acusación absurda”.
El director de la ENS dijo también que, de confirmarse el lunes la sanción de despido de Vecino por parte del Presidente de Ecopetrol, el Gobierno Nacional estaría dando un pésimo mensaje:
“Sería un craso error político si el Gobierno pretende mantener una agenda laboral y un ambiente de diálogo con el sindicalismo colombiano, como el que se está generando alrededor del salario mínimo. Lesionaría gravemente las posibilidades de que en Colombia haya diálogo y posibilidades de tener una relación productiva. Además se afectarían  profundamente la libertad sindical y los compromisos internacionales y legales que tiene el Estado colombiano. El Gobierno, con esta sanción, se está inmiscuyendo de manera ilegítima en la actividad sindical”.
En cuanto a la supuesta participación en política de Rodolfo Vecino, que es la causa que originó el proceso sancionatorio, Luciano Sanín puntualizó:
“El evento por el cual están sancionando al presidente de la USO era un evento en el que se conmemoraba la muerte de Jorge Ortega, Vicepresidente de la CUT, uno de los dirigentes sindicales de mayor rango asesinados en este país, además en medio del paro nacional estatal de 1998. No se pude sancionar a un dirigente sindical por conmemorar un hecho de violencia tan grave”.
ESTE DOCUMENTO LO REPRODUCE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE ASODEGUA POR CONSIDERARLO DE INTERES PUBLICO

viernes, 9 de diciembre de 2011

10 DE DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

10 DE DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LOS DD.HH10 DE DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LOS DD.HH

domingo, 4 de diciembre de 2011

LO QUE VA DE LAS DECLARACIONES DEL ARZOBISPO DE CALI DARIO DE JESUS MONSALVE MEJIA AL ODIO VISCERAL DE LOS COLUMNISTAS DE LA REVISTA SEMANA

LO QUE VA DE LAS DECLARACIONES DEL ARZOBISPO DE CALI DARIO DE JESUS MONSALVE MEJIA AL ODIO VISCERAL DE LOS COLUMNISTAS DE LA REVISTA SEMANA

"A Cano no le preservaron la vida": arzobispo de Cali Darío de Jesús Monsalve Mejía.

Por: Semana
Fecha de publicación: 04/12/11
Noviembre 04 de 2011.-En el momento menos indicado y de un vocero inesperado, el país fue sorprendido con las reflexiones del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve Mejía, en torno al posible exceso de fuerza usado por los militares que desarrollaron la operación del 4 de noviembre del 2011 donde fue abatido el jefe de las FARC 'Alfonso Cano'. 

Sus opiniones cayeron en varios sectores como un baldado de agua fría, ya que el país atravesaba por el doloroso episodio de enterrar a los cuatro uniformados secuestrados por la guerrilla pero que fueron fusilados como retaliación tras advertir la presencia cercana del Ejército.

Por todo ello sus declaraciones, consignadas en una carta que publicó el lunes 28 de noviembre en la página web de la arquidiócesis de Cali y que de inmediato retomaron los medios, fue considerada por muchos como atrevida pero al mismo tiempo valiente, al convertirse en la única voz de peso en cuestionar la histórica operación en la que murió el máximo jefe de la guerrilla.

Sus reflexiones no sólo le apuntan a la muerte de 'Can'o; también se refiere a la ruleta rusa en la que se encuentran los secuestrados por la forma como maneja el tema el Gobierno; critica las marchas contra la guerrilla e insiste en la necesidad de una salida negociada del conflicto y afirma que por cuenta de esa guerra el país se está acostumbrando a las muertes y resultó ser un histórico contradictor del ex presidente Uribe. SEMANA entrevistó al obispo para conocer a fondo lo que piensa de esos temas.

SEMANA: ¿Por qué dice que a 'Alfonso Cano' le aplicaron la pena de muerte?

Arzobispo Darío de Jesús Monsalve Mejía: La reflexión va dirigida a la primacía de la vida humana de los secuestrados, pero también la vida del victimario o agresor cuando está reducido. Es en ese contexto considero que reducir un jefe guerrillero a la impotencia era muy valioso para los secuestrados y para estos procesos donde necesitamos voceros. No tenemos voceros de las FARC a la mano y los que había fueron extraditados a EE. UU.

SEMANA: En su carta deja entrever que en esa operación hubo un fusilamiento...

Mi conclusión no es esa porque no tengo los elementos, pero con lo que escuché de los jefes del Ejército en entrevistas radiales después de la muerte de 'Alfonso Cano' me preguntaba ¿por qué no lo capturaron si tenían toda la tecnología y mil hombres encima? 

SEMANA: Insisto, para usted ¿'Cano' fue fusilado?

Yo digo que no le preservaron la vida como está mandado constitucionalmente.

SEMANA: Eso en otras palabras, quiere decir que para usted, ¿'Cano' fue ejecutado?

Ejecución significa un homicidio preterintencional, yo lo dejo a la reflexión de quienes están involucrados si fue premeditado. Eso es lo que estoy pidiendo que se revise, no sólo el caso de 'Alfonso Cano', sino que ya todo ese tema con los cabecillas hace creer que hay una sentencia a muerte pase lo que pase.

SEMANA: ¿Se puede comparar entonces lo de 'Cano' con el ajusticiamiento de los cuatro secuestrados ocurrido el sábado anterior?

Eso no es equiparable porque estamos en dos condiciones absolutamente distintas. En primer lugar, los secuestrados estaban encadenados y prisioneros, mientras que 'Cano' era un luchador que fue reducido a impotencia.

SEMANA: En su reflexión afirma que hubo desproporción absoluta, de sometimiento y reducción de las Fuerzas Militares contra 'Cano', un hombre que usted describe como de 60 años, herido, ciego y solo.

Esa descripción corresponde exclusivamente a lo que recibimos los colombianos por parte de los medios de comunicación en torno a ese hecho.

SEMANA: Hay quienes interpretaron su carta como un duelo por 'Alfonso Cano'. ¿Qué les responde?

Yo rezo por 'Alfonso Cano' y todos nosotros, pero en este caso soy doliente de los secuestrados.

SEMANA: ¿Conoce detalles inéditos de esa operación militar en la que fue abatido el jefe guerrillero?

No. Reitero que la información que manejo es la que publicaron los medios de comunicación.

SEMANA: ¿Cree que en las operaciones contra 'Raúl Reyes' y el 'Mono Jojoy' hubo exceso de fuerza y se aplicó pena de muerte?

Aunque no tengo elementos suficientes para hacer un análisis sincero del tema, me pregunto y lo hago al país: ¿Es correcto que se programen ese tipo de acciones con todo lo que implica?

SEMANA: ¿Rescatar a los secuestrados es una sentencia de muerte?

El rescate es una ruleta rusa en la que está contenida la sentencia de muerte. Ya ocurrió en Urrao; los diputados del Valle en un hecho que no ha tenido claridad y sucedió ahora.

SEMANA: ¿Por qué afirma que el manejo gubernamental del tema de los secuestrados es una infinita frustración?

Porque desde el gobierno Uribe y ahora el de Santos, siempre han mantenido cero iniciativas para un acuerdo humanitario.

SEMANA: Usted dice que en esta guerra contra las FARC hay crueldad de lado y lado...

La gran victoria de la subversión y los violentos sobre la sociedad civil y el Estado, es que nos habitúan a su violencia y nos contagian de su mismo espíritu de violencia. Existe mucha crueldad y para entender esa frase miremos el monstruo en el que se convirtió las Autodefensas en su lucha contra las FARC. Estamos frente una odiosidad civil y animadversión fundada contra todo aquel que se acerque a ese tipo de gente.

SEMANA: Pero suena injusto equiparar la crueldad de las FARCcon los errores cometidos por las Fuerzas Militares...

Crueldad es crueldad y yo creo que un Estado democrático y con una sociedad organizada tendría que marcar diferencias y eso se hace con los medios o métodos que se utilizan. Decía Gandhi que los medios son a los fines como el árbol a los frutos.

SEMANA: Además, argumenta que la captura de los guerrilleros debe ser el objetivo legal...

El objetivo no es matar. Si las armas se ponen en manos de un soldado y un policía para que maten, yo creo que corrompen el espíritu de la fuerza pública. Estos temas los he discutido con militares en mis visitas pastorales y recuerdo que una vez un soldado en Boyacá me respondió con un fusil en la mano “obispo esto se hizo para matar”. Por eso no soy amigo que retornemos a la justicia penal militar.

SEMANA: ¿No teme que sus declaraciones sean interpretadas como solidarias con las FARC?

Creo que el gobierno del presidente Santos es abierto a estas búsquedas en Colombia y con él se volvió a hablar del conflicto armado, víctimas y lo humanitario. Creo que hay una búsqueda y una apertura a nuevas opiniones y eso es algo que vengo haciendo desde hace muchos años, incluso como columnista en diarios regionales.

SEMANA: ¿Reconoce entonces que sus opiniones tienen talante de izquierda?

No me clasifico entre izquierda y derecha; me clasifico como un pastor de la Iglesia que trata de llevar el sentido de lo cristiano y el evangelio a estos temas.

SEMANA: También concluye que la guerra está centrada en la relativización del homicidio, por encima del derecho a la vida...

Ese es mi tema preferido como colombiano. La violencia es un cáncer y no basta con quitarle la cabeza a la culebra. Hemos llegado al extremo de afirmar que hay muertos buenos en esta guerra; como diría el Quijote, son aquellos que “vosotros matais”. Eso es maniqueo y el país en ese tema ha sido también maquiavélico.

SEMANA: ¿Por qué considera inútiles las marchas contra las FARC?

Porque son parciales y en el conflicto hay dos actores: El Gobierno y las FARC. En este caso esa parcialidad le da un sesgo a las marchas. No debemos olvidar que el principal propósito es traer con vida a los secuestrados.

SEMANA: Usted insiste en un Acuerdo Humanitario, ¿cuáles serían las bases para llegar a esa etapa?

No son enemigos irreconciliables, hay que abrir los espacios porque esta guerra no puede ser infinita; debemos buscar esos voceros y ya tenemos algunos ejemplos como Colombianos y Colombianas por la Paz, los obispos y los gobiernos amigos. Ya pasó la época de conflicto con los vecinos y podemos acudir a ellos.

La única manera de garantizar que no ocurran más crímenes de secuestrados es el nacimiento de conversaciones y que se autoricen delegados para dialogar. Tenemos que bajarnos de la prepotencia en que nos montamos pensando que esto sólo acaba con exterminio.

SEMANA: ¿Es posible llegar a un acuerdo con las FARC sin el derecho a participar en política?

Desde luego que no. Lo importante es que les demos la posibilidad de vivir bien sea en una prisión o un enclave.

SEMANA: ¿Cuál es su trayectoria dentro de la Iglesia católica?

Soy sacerdote desde el año 1976, ordenado en la Diócesis de Jericó en el suroeste antioqueño. En 1993 fui ordenado obispo auxiliar de Medellín hasta finales del 2001 y en el 2010 me trasladaron a Cali como obispo coadyutor y el 21 de junio de este año me posesioné como arzobispo.

SEMANA: ¿Dónde nació?

Soy de Valparaiso, Antioquia, conocida en la historia por ser la patria de Rafael Uribe Uribe.

SEMANA: Por ser de esa zona de Antioquia conoce al ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Claro, me conozco con él y en especial cuando fui obispo auxiliar de Medellín y estuve muy involucrado en las comunas con el tema de defensa de la vida, acuerdos y convenios entre grupos armados ilegales para aclimatar el tema de convivencia y paz.

Por esa razón tuve relación muy directa con el entonces gobernador, Álvaro Uribe, y su secretario de gobierno, el difunto Pedro Juan Moreno, en temas polémicos como Las Convivir, al cual me opuse diametralmente.

SEMANA: ¿Y cuáles eran las discrepancias de fondo para entonces?

Siempre pensé que se camuflaban las autodefensas en el famoso derecho a la defensa propia y se involucraba a los civiles en empresas militares y se abría una puerta inmensa para la delincuencia armada.

SEMANA: ¿Se considera enemigo público del expresidente Uribe?

No, yo lo aprecio y él me aprecia y nos mandamos saludos muy seguidamente.

SEMANA: ¿Qué le han dicho sus jerarcas por estas reflexiones que hace públicas y por fuera del libreto oficial?

Nosotros nos respetamos. Una vez cuando el gobernador Uribe pidió ser escuchado en la Conferencia Episcopal para defender las Convivir, recuerdo que me opuse y a raíz de eso convinimos hacer una reunión entre los obispos de Antioquia y Chocó con el gobernador y su secretario de Gobierno. Discutimos, pero en el fondo encontramos fórmulas de arreglo entre los obispos.

En otra ocasión. Uribe presidente fue a preguntarles a los obispos su opinión sobre la Ley de Justicia y Paz; pedí la palabra y expresé la necesidad de tener claro todo el tema de la legalidad de las tierras en manos de testaferros y traje como ejemplo lo ocurrido en Salgar, el pueblo de Uribe.

SEMANA: ¿Todo ese conocimiento del conflicto armado colombiano le ha permitido integrar algún comité de diálogo?

No, siempre he actuado a título personal y a nombre de las parroquias donde he estado en Medellín, donde fundamos un programa arquidiocesano de reconciliación que es un espacio para los exmiembros de distintos grupos y organizaciones. En el Chicamocha, entre Málaga, Santander y Soatá, Boyacá, con la pastoral social diocesana se abrió un programa de apoyo a niños huérfanos de la violencia y viudas.

SEMANA: ¿Ha sufrido amenazas?

Polémicas y controversias abiertas con algunos generales del Ejército, como el caso del general Fabio García, de la Brigada de Bucaramanga, o con otro general de Boyacá, donde fui acusado de colaborador de las FARC por un lado, y las autodefensas por el otro, precisamente por esa labor de acompañamiento a las víctimas.

SEMANA: ¿Qué mensaje le enviaría a 'Timochenco'?

Sencillamente que acepte que la vida de los secuestrados es sagrada y sacramental para la convivencia y reconciliación de los colombianos. Libérenlos ya o faciliten los términos para un Acuerdo Humanitario.

Semana.com
Así no es

Por Antonio Caballero

Aquí hay una guerra, sí. Pero no todo está permitido en la guerra (así sea "irregular": no hay guerras regulares). Hay crímenes de guerra. El asesinato a mansalva de cuatro militares secuestrados que acaban de cometer las Farc es un crimen de guerra. No llamo así, porque son crímenes comunes, a los muchos y atroces de que han sido responsables las bandas paramilitares del narcotráfico: son actos de criminales comunes que no están en guerra. Pero sí son igualmente crímenes de guerra los llamados "falsos positivos" inventados por las fuerzas armadas del Estado: los cientos de asesinatos, millares tal vez, cometidos contra civiles inermes para inflar el conteo de bajas del enemigo. Falsos positivos por los cuales los militares acusados y a medio investigar han ido quedando en libertad gota a gota, sin castigo, por vencimiento de términos: ese virus que en todos los aspectos corroe la justicia en Colombia -la penal, la civil, la administrativa, para no hablar de la justicia política ni de la resucitada justicia militar.
Sin embargo, lo verdaderamente terrible no es que ocurran excesos de barbarie en el calor de la guerra: crímenes que son, dicen, "episodios aislados" por cuenta de "agentes subalternos" de uno u otro de los bandos. Lo terrible es que esos episodios criminales son el resultado de reglas de conducta dictadas desde los centros de mando. Lo que es deliberadamente criminal es la norma interna de las Farc que dispone que un prisionero -un secuestrado- debe ser ejecutado -es decir, asesinado- si sus guardianes consideran inminente su fuga o su rescate por las tropas del Ejército. Es el cumplimiento disciplinado de esa norma el que ha llevado a la muerte a los cuatro militares de hace ocho días, a los once diputados del Valle de hace cuatro años, al gobernador de Antioquia y al exministro de Defensa de hace ocho. Todos ellos, antes de ser asesinados, eran ya secuestrados: detenidos, retenidos, rehenes: como quieran llamarlos. Condiciones todas ellas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Esto es también lo que convierte en criminales desde el punto de vista del derecho, y no solo en infames desde el punto de vista de la humanidad, las ordenanzas internas que hace ocho años dictó el ministro de Defensa Camilo Ospina estableciendo el pago de recompensas, en dinero, o en licencias, o en ascensos, por el conteo de cadáveres de presuntos guerrilleros. No hacían más que protocolizar una ya inveterada costumbre, la cual no creo posible que hubiera sido ignorada por los altos mandos durante decenios: que se hubiera establecido a sus espaldas, como tantas cosas en este país. Hace tres años mereció honores un sucesor de Ospina en el Ministerio, Juan Manuel Santos, por echar de un tacazo a dos docenas de generales cuando se hicieron públicos los primeros casos de "falsos positivos". O, digo mejor, cuando por primera vez se reconoció públicamente su ya vieja ocurrencia. Pero ese mismo Santos impulsa hoy ante el Congreso un proyecto de reforma que devuelve a los jueces militares el conocimiento de los crímenes comunes cometidos por soldados "en acto de servicio". Está borrando con el codo de presidente lo que escribió con la mano de ministro.

Aquí hay una guerra, sí, y muy antigua ya. En sus modos actuales -ejército regular, guerrillas organizadas- dura desde hace más de cincuenta años. Tan larga duración sin resultados -salvo el de la propia prolongación indefinida, con expansiones y contracciones de serpiente, de lombriz solitaria que se alimenta del organismo que la alberga y se reproduce hermafrodíticamente, fecundándose a sí misma- ha tenido sin embargo el efecto de corromper por completo a sus protagonistas, los llamados "actores del conflicto". No es que haya que "humanizar la guerra": como si la guerra no fuera la más humana de todas las actividades humanas: la única que solo los seres humanos practican. No hay, pues, que humanizar la guerra, sino civilizarla: someterla al derecho para poner coto a sus excesos. Pero lo terrible es que estamos cada vez más encantados con sus excesos. Los del otro. Los del de enfrente. Nos ponemos felices cada vez que nos cercioramos de que el enemigo es un bárbaro.

Pero así no se hace la paz. Así no se hace la guerra. 

Semana.com

No basta con repudiar a las FARC

Por Luis Eduardo Celis*

Nuevamente la barbarie. Con el asesinato del sargento del Ejército Libio José Martínez, el coronel Edgar Yesid Duarte, el mayor Elkin Hernández Rivas y el subintendente Álvaro Moreno (los tres últimos de la Policía), sufren las familias y se evidencia el repudio de un acto tan inhumano y atroz. Las voces de condenas son múltiples y se hacen sentir, hay un cubrimiento mediático amplio y se prepara una movilización de rechazo a las FARC para el 6 de diciembre. Todo esto es comprensible, importante, pero tremendamente insuficiente para poner fin a tanta barbarie, a la que durante ya cerca de cincuenta años han concurrido todos los actores de este añejo conflicto armado, hoy presente en muchos territorios y que sufren muchas comunidades, donde la precaria democracia colombiana no crece y los autoritarismos y exclusiones han nadado como pez en el agua.
Ya sabemos del talante de las FARC: han decidido matar y morir, esto lo llevan en su ADN. Justifican cada una de sus acciones, han demostrado una persistencia en su actuar, tienen argumentos para sus repudiables, condenables y execrables acciones, todos los calificativos que se quieran, pero allí están, y debemos nuevamente pensar en qué tipo de conflicto estamos y para dónde vamos. Lo que sí puedo aseverar es que por la evidencia histórica, poco les importa que en las grandes ciudades millones nos volquemos a rechazarlas. Eso les resbala, pues leen estas legítimas e importantes manifestaciones ciudadanas como manipulación de quienes se han erigido como sus enemigos, o sea los que han detentado el poder económico y político, los que en sus comunicados califican como "la oligarquía". De modo que las FARC son una fuerza social y política en armas tremendamente minoritaria, esto es evidente, pero que no cejará en su actuación violenta si no encuentra un camino que la motive a ello. 

Ahora bien, en medio de este dolor tan grande, con el asesinato aleve de cuatro colombianos secuestrados, es difícil pensar con la cabeza fría. Pero hay que hacerlo o atenernos a nuevos y dolorosos hechos, debemos pensar y volver a pensar en si hay posibilidades de un camino de entendimiento, de hablar, de encontrar fórmulas para poner fin a este medio siglo de violencia de FARC y ELN. Todo pareciera indicar que sí es posible, aunque haya sido una tarea no conquistada en décadas (en 2012 se cumplirán 30 años de la llegada al gobierno de Belisario Betancur y los primeros acercamientos con las FARC), pero sólo nos quedan dos caminos: o nos entendemos, o seguimos en esta barbarie. 

Las FARC no se van a rendir, eso no está en su constitución, porque han forjado una voluntad de lucha y tienen convicciones sobre su actuación, se consideran con razones históricas y no les falta razón, tienen raíces en comunidades, se mueven en territorios, poseen finanzas y una amplia experiencia organizativa. En síntesis, descartemos la palabra rendición. 

Tampoco se van a desmoronar en el corto plazo. Han soportado una ofensiva militar durante nueve años y están disminuidas y golpeadas, sí, pero siguen teniendo entre ocho mil y once mil combatientes, organizados, armados y con mandos, y un número más o menos igual de milicianos. Así las cosas, no nos hagamos ilusiones con que se van a desbaratar de un año para otro. Ante este panorama no queda otro camino que el de intentar (de nuevo) diálogos y concertaciones. Tarea llena de obstáculos, pero no imposible. 

El presidente Juan Manuel Santos ha dicho (de nuevo) que tiene interés en buscar la paz. Creo en sus palabras. El quid está en cómo lograrla, con dos contendientes tan alejados como lo son hoy el Estado colombiano y las guerrillas de FARC y ELN. Cada uno debe dar pasos en la dirección de buscar el entendimiento. En este contexto, al gobierno le corresponde crear las condiciones sociales, políticas y económicas para que sea viable un acuerdo, lo cual se traduce en hacer las reformas –tantas veces anunciadas y nunca logradas- que han dado origen al conflicto: un campo más equilibrado, con más oportunidades para los millones de campesinos pobres, muchos sin ‘dónde caerse muertos’. Y unas posibilidades de competencia política con garantías, donde no se pierda la vida en el intento o se roben las elecciones. Estas son parte de las raíces de este largo conflicto que se deben atender, si queremos ponerle punto final al conflicto. A las guerrillas, por su parte, les corresponde dejar de creer que es a punta de plomo que se pueden hacer oír, y trabajar por la distensión del conflicto. 

Marchar es importante, pues, aunque a las FARC les resbale. Pero sería mucho más productivo si se marchara contra todas las violencias organizadas que hoy se dan en el país. Eso sí sería un signo de mejor comprensión de lo que ocurre, considerando por un lado una sociedad que sufre los rigores de los violentos, y por otro un Estado que no ha logrado conservar el monopolio de las armas. 

* Coordinador de Incidencia Política de la Corporación Nuevo Arco Iris. 

lunes, 28 de noviembre de 2011

Médicos sorprendidos por estado de salud del sargento Luis Alberto Erazo

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Médicos sorprendidos por estado de salud del sargento Luis Alberto Erazo
Los médicos del Hospital de la Policía de Colombia, que atienden en Bogotá al sargento Luis Alberto Erazo, único sobreviviente de la matanza de rehenes en poder de las Farc, se declararon este lunes sorprendidos por su estado de salud.
"Está en muy buenas condiciones generales", dijo a los periodistas la directora de ese centro sanitario policial, la coronel Adriana Camero.
"En este momento no confirmamos ninguna enfermedad tropical", como la leishmaniasis o el paludismo, que pudo contraer en la selva, añadió la directora del centro médico policial en Bogotá.
Erazo, que tiene 40 años y fue secuestrado el 9 de diciembre de 1999 por las Farc, logró evadir el sábado los disparos de los guerrilleros cuando el Ejército lanzó una ofensiva sobre el campamento en el que estaban él y otros cuatro uniformados secuestrados, los cuales fueron ejecutados en ese momento por sus captores.
La coronel Camero anunció que el paciente va a ser sometido a una rehabilitación dental y reveló que llegó al hospital con una herida en la mejilla y unas esquirlas en el cuello.
El exrehén fue perseguido por los rebeldes, que le lanzaron granadas, lo que le causó las heridas que presenta en el rostro, pero se escondió en la selva hasta que pudo ser contactado por las fuerzas de seguridad horas después el mismo sábado.
El domingo fue trasladado a Bogotá e ingresado en el hospital de la Policía.
Tanto el paciente como sus familiares recibirán "acompañamiento psicológico" y "de acuerdo con los resultados de exámenes clínicos, si estos son negativos, en unos tres o dos días podrá salir del hospital", dijo también la coronel Camero, quien destacó que el estado de ánimo del sargento "es muy confortable".
Él, puntualizó la directora del hospital, "está pensando mucho en su forma de recuperarse y readaptarse a la familia su mamá y sus hermanos y tiene muchas ganas de vivir"
En momento de la operación militar los guerrilleros dispararon contra el coronel Edgar Yesid Duarte Valero, el mayor Elkin Hernández Rivas y el intendente jefe Álvaro Moreno, así como al sargento mayor del Ejército José Libio Martínez, este último en cautiverio desde hacía casi 14 años. EFE

¿QUE FUE LO QUE PASO EN LA SELVA COLOMBIANA?

Comunicado a la opinión pública de ASFAMIPAZ
Las familias de policías y soldados secuestrados por la guerrilla de las FARC que trabajamos colectivamente en ASFAMIPAZ, manifestamos nuestra profunda indignación con los hechos ocurridos en las últimas horas, nos cercena la vida saber que hemos esperado 14, 13 y 12 años que tanto Gobierno como la guerrilla de las FARC decidieran un paso político y acorde a las necesidades de un mundo más humano, pero tenemos que decir con profunda tristeza, que nos han masacrado la esperanza de estos interminables años. El Gobierno del Presidente Santos irrespetó la postura de las familias de no hacer un rescate a sangre y fuego, que solo tiene como consecuencia la indignante noticia que cuatro o cinco de nuestros seres amados han sido asesinados en un irresponsable operativo militar.
Rechazamos la postura intransigente de la guerrilla de las FARC que no  ha querido, al igual que el Gobierno, ceder un ápice para que esta tragedia no ocurriera, nos duelen nuestros hijos muertos, pero no solo los han matado a ellos sino nuestras ilusiones de volverlos a ver y a abrazar VIVOS Y LIBRES, han invalidado la incansable lucha de madres, padres, hijos y familiares, a quienes nos han desposeído del derecho a tenerlos con vida.
Hemos esperado más de un año para reunirnos con el presidente Juan Manuel Santos y dejar una evidencia de nuestra oposición absoluta al rescate a Sangre y Fuego, bajo ningún pretexto aceptamos ni aceptaremos que nuestros sobrevivientes sean sometidos a la ruleta de la muerte, reiteramos los esperamos vivos y libres, ni las banderas, ni los honores militares nos lo devolverán jamás.
Las familias expresamos al Gobierno Nacional y a la Guerrilla de las FARC que rechazamos los operativos militares y la irracional postura de asesinarlos a sangre fría, en esta guerra fratricida, nuestros hijos y familiares no pueden seguir siendo los sacrificados,  queremos que se busquen las salidas que los devuelvan con vida como los hemos esperado 14, 13 y 12 años.
Sí en Colombia se habla de vida como derecho, es este el que justamente estamos defendiendo.
Bogotá .D. C, 26 de noviembre de 2011.
FAMILIAS ASFAMIPAZ
Colombianos y colombianas por la Paz revela carta de las FARC
El colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz divulgó la carta que recibieron de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el viernes 25 de noviembre, un día antes de que fueron asesinados cuatro rehenes.
Con esta misiva, respondían a un mensaje enviado en agosto pasado por la líder de Colombianos y Colombianas por la Paz, la exsenadora liberal Piedad Córdoba, junto con un nutrido grupo de mujeres activistas de renombre internacional, en la que les pedían un gesto humanitario.
En la página web, el colectivo adjunta la "carta abierta" que el Secretariado de las FARC (órgano de mando) dedica a las "amigas de la paz y de la solución política de los conflictos".
"Aferrados a la esperanza de que la liberación de prisioneros de guerra, como resultado de un acuerdo entre las partes contendientes, puede encauzar a la nación hacia el raudal de la solución política, respondemos hoy a su misiva de agosto", arrancaba el mensaje.
En el texto, la guerrilla reiteraba su disposición "de dialogar con el Estado, de cara al país, con miras a un futuro de paz".
Sin embargo, reivindicaba atención para cerca de 800 guerrilleros presos y "unos 7500 ciudadanos encarcelados por sus ideas" y recopilaba las liberaciones unilaterales que la organización ha venido propiciando desde el Gobierno del expresidente Ernesto Samper (1994-1998).
Asimismo, solicitaban que se considerara "como asunto crucial (...) el estudio de fórmulas que permitan la repatriación y liberación de 'Simón Trinidad', 'Sonia' e 'Iván Vargas', guerrilleros de las FARC prisioneros del imperio, extraditados a los Estados Unidos por el rencor y la retaliación de un expresidente desquiciado", en alusión, aclaraban, a Álvaro Uribe (2002-2010).
Por último, la carta concluía: "Como un nuevo acto humanitario que respalda esta carta, anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder, los cuales serán entregados a las firmantes de la misiva que hoy respondemos", y detallaba que a la cabeza de dicho proceso estaría Córdoba.
Además, indicaba que "esta fue la determinación" del ex máximo líder de las FARC, "Alfonso Cano" días antes de "ser asesinado por el régimen guerrerista y sanguinario de (el presidente) Juan Manuel Santos" el pasado 4 de noviembre, en combates que siguieron a un bombardeo sobre un área del suroeste de Colombia.
Tras la muerte en combate de Guillermo León Sáenz, verdadero nombre del alias "Alfonso Cano", las FARC quedaron en manos de Rodrigo Londoño Echeverri, alias"Timochenko" o "Timoleón Jiménez", que en un mensaje a Santos defendía la robustez de la organización.
Aunque Santos ha venido hablando durante la última semana de su disposición al diálogo con la guerrilla, condicionada a una muestra "humanitaria" por su parte, el jueves anunció que el Gobierno ultimaba una nueva estrategia militar para acabar con "los violentos" que haría pública el fin de semana.
El sábado irrumpió la noticia del fusilamiento por guerrilleros del sargento mayor del Ejército José Libio Martínez Estrada y los integrantes de la Policía Nacional: el coronel Édgar Yesid Duarte, el mayor Elkin Hernández Rivas y el intendente jefe Álvaro Moreno, hechos que ocurrieron, según admitió el Gobierno, en el marco de una operación militar.
Un quinto secuestrado, el suboficial de la Policía Luis Alberto Erazo Maya, logró escapar de los disparos guerrilleros y volver a la libertad tras más de doce años de cautiverio.
Bogotá
Unir y movilizar por la solución política del conflicto

Agencia Prensa Rural
La V Asamblea de trabajadores y trabajadoras por la paz reunida en Bogotá durante los días 24 al 26 de Noviembre 2011, con la presencia de representaciones sindicales y sociales de todo el país, deliberó activamente alrededor de Solución política del conflicto y los acuerdos humanitarios, los impactos de la prosperidad democrática, la paraeconomia y el Genocidio del movimiento sindical.
En Colombia se impuso la idea según la cual la democracia y la paz serían posibles a través de la llamada Política de “Seguridad Democrática”, lo cual condujo a la militarización de la sociedad y a una práctica institucional abiertamente criminal. En virtud de ella fue impuesto el ejercicio autoritario del poder en desmedro de las formas democráticas.
A pesar de la apariencia conciliadora inicialmente mostrada por Santos, se ha ido desnudando su política radical de tierra arrasada. En vez de “la llave de la paz” lo que ha operado hasta ahora es el cerrojo de la Guerra. La decisión del presidente Santos es persistir en un desenlace militar del conflicto interno en lugar de una solución pacífica, vía del diálogo y la negociación; insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, sin aportar la voluntad oficial en esa dirección, cuando buena parte de la degradación del conflicto también es atribuible al Estado cuya naturaleza violenta es evidente. Estamos convencidos que la salida política negociada al conflicto social y armado interno exige reconocimiento político de las partes y gestos recíprocos.
Estamos frente a un escalamiento de la guerra y el reencauche del Plan Colombia. La obsesión oficial es la victoria militar, entendida como decapitación de la insurgencia que exhibe el triunfalismo como argumento de legitimidad. Al mismo tiempo que se crea una “Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, cuyo fin es afirmar la impunidad, y se otorgan nuevas concesiones al militarismo como el restablecimiento del fuero militar en la ley de reforma a la justicia. Se desata una persecución política a quienes trabajan por la paz, los derechos humanos y contra las organizaciones populares y de oposición.
La asamblea rechaza la aleve agresión del gobierno al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y exige garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Nos mostramos alarmados por el hecho de que durante el gobierno del Presidente Santos han sido asesinados 100 líderes sociales, entre ellos reclamantes de tierras y 23 sindicalistas.
Ahora el establecimiento gestiona un marco jurídico para la paz, con la pretensión de un sometimiento de la insurgencia a la justicia, proyecto en el cual seguramente cabrían posibles indultos a militares responsables de crímenes de lesa humanidad y favorabilidades de penas a parapolíticos y altos funcionarios involucrados en delitos de Estado.
Se aprobó recientemente en el Congreso la ley de víctimas y restitución de tierras, medida que en general no satisface las expectativas de las víctimas, porque no se reconoce la responsabilidad del Estado de los crímenes de lesa humanidad y, sobre todo, porque es una ley cuyo desarrollo se pretende en medio del conflicto y con la permanencia del fenómeno paramilitar. El campesinado colombiano viene reclamando de tiempo atrás una reforma agraria democrática. Una perspectiva de paz cierta pasa por modificar la tenencia y la concentración de su propiedad en pocas manos.
Durante los últimos meses hay positivos gestos de voluntad política y humanitaria de las FARC y el ELN en que se reitera la disposición de diálogo y de lograr la paz.
Con las movilizaciones recientes como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Encuentro de Comunidades campesinas, indígenas y afros de Barrancabermeja y el reciente Congreso por tierra y territorio de Cali cobra nueva fuerza la iniciativa por la paz desde la propia base popular. Saludamos la articulación de diversas expresiones organizativas y de movilización en Comosocol. Las luchas de los obreros petroleros, palmeros, mineros, del magisterio señalan un nuevo momento en la idea de enfrentar la nueva esclavitud del siglo XXI, Las multitudinarias marchas de la juventud estudiantil demuestran que algo está cambiando en el espíritu de presencia de los jóvenes con su inteligente modo de neutralizar la provocación policial y ejercitar nuevos métodos de acción. Nuestro llamado urgente a todas estas dinámicas sociales es que confluyamos en un solo torrente por la solución política del conflicto y las transformaciones reclamadas por la sociedad.
La V Asamblea de trabajadores y trabajadoras por la Paz le propone al país:
Levantar con fuerza la política de paz democrática y un diálogo entre las partes enfrentadas que debe empezar por la voluntad de estas para abordar un proceso de paz, concretar compromisos humanitarios para la liberación de los rehenes y de los 8 mil presos políticos hacinados en las cárceles del país e iniciar conversaciones con un cese bilateral del fuego. Es indispensable que haya un verdadero diálogo sin condiciones para la negociación en el objetivo de una paz digna para los insurgentes. Exigimos al Gobierno renunciar a la idea de la paz de los vencidos y encaminarse por un diálogo útil y constructivo. Proponemos retomar los mecanismos de facilitación nacional o internacional, que incidan positivamente, para los acercamientos, el mantenimientos de los contactos y el dialogo. En procesos anteriores el acompañamiento internacional ha sido positivo.
Sugerimos retomar las agendas de los anteriores procesos con las Farc y el ELN ajustándolas a las actuales realidades y posibilidades, enriqueciéndolas con las propuestas de los diferentes sectores sociales. Sería importante propiciar una gran Coalición de las Iniciativas de Paz para una Campaña Nacional por la solución política negociada y las reformas que plasmen en la realidad una verdadera justicia social y la democratización real del país.
Una política de paz debe avanzar a una reforma agraria democrática, una política minera y de hidrocarburos soberana y que beneficie el interés colectivo del país. Una ley de verdad, justicia y reparación auténtica, la eliminación de normas represivas como el estatuto de seguridad ciudadana y reconocer los derechos y libertades de los trabajadores y la oposición; Rescatar los recursos del presupuesto que se desviaron hacia la guerra para que fortalezcan la educación pública y la salud de los colombianos. Develar el entramado de las empresas nacionales y multinacionales con los crímenes del paramilitarismo. el desmantelamiento inmediato de los aparatos criminales de la ultraderecha y las medidas que permitan cambiar las costumbres políticas impuestas por el régimen a lo largo de tantos años y dar paso a una democracia avanzada. Esta V Asamblea le deja planteado al país que nos encontremos de nuevo en un solo escenario unitario de la nacionalidad y en la movilización social que va tejiendo ideas y propuestas articuladas en la construcción de caminos de diálogo y paz con justicia para vivir dignamente.
¿Por qué creer la versión de un régimen culpable de 3.200 asesinatos de civiles?
Sólo tenemos las informaciones de los militares: no hay una investigación seria. ¿qué credibilidad tiene un régimen capaz de raptar a niños de Soacha para asesinarlos y presentar sus cadáveres como "guerrilleros abatidos en combate"?
Es triste. El estado colombiano eligió la opción de guerra, el  'rescate'  a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos.
Por Colectivo por la Paz con Justicia Social
1. Nadie sabe lo que pasó en esa selva: No tenemos por qué creer la versión de un régimen culpable de más de 3.200 asesinatos de civiles en los    'falsos positivos' y sus mentiras correlativas.
Sobre los presos de guerra que murieron en una operación del ejército que el estado llama "operación de rescate" y en las que casi siempre resultan varios muertos, operaciones contra las cuales están los mismos familiares de los presos por considerarlas peligrosas.  Pero el gobierno igual hace estas operaciones sanguinarias en vez de hacer un intercambio humanitario de presos.
Acerca de la muerte de 4 soldados el sábado 26 de noviembre 2011 en una    operación de rescateefectuada por el ejército colombiano en el sur de Colombia, en zona selvática:
Sólo tenemos las informaciones de los militares: no hay una investigación seria. Nadie sabe lo que pasó en esa selva, y es aconsejable usar la prudencia dado que el martilleo mediático nos lleva hacia conclusiones apresuradas: no tenemos por qué creer la versión del generalato de un régimen culpable de más de 3.200 asesinatos de niños y jóvenes en los macabros   'falsos positivos'.
La verdad se sabrá con el tiempo, con mucho tiempo probablemente. Cabe la duda y preguntarse si no es factible que los haya ejecutado el mismo régimen a quién le interesaban más muertos para su macabra propaganda contra la insurgencia, que vivos.
no sería la primera vez que el régimen  asesina para hacer sus montajes (recordar la llamada"retoma del palacio de justicia", en la que los militares asesinaron a magistrados y guerrilleros del M19, y luego mintieron sobre sus muertes: tras decenas de años se destapa la infamia).  Es importante tener presente el modus operandi del ejército en la atrocidad que cometieron cuando lo del palacio de Justicia, que asesinaron a quién pudieron, y se llevaron a gente viva herida que luego torturaron y desaparecieron: entre los desaparecidos están magistrados, guerrilleros y hasta personal de la cafetería.
Es triste la muerte de los soldados presos de guerra, la de los guerrilleros, la del pueblo colombiano. El estado colombiano eligió la opción de guerra, el  'rescate' a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos. Con la opción de paz se hubiera logrado liberar a los presos de guerra que hoy están muertos, y también, en intercambio, a presos de guerra guerrilleros que hoy están el las mazmorras de Colombia, muchos de ellos enfermos terminales. Y con la opción de paz del intercambio sí se hubiera sabido qué pasó, porque se hubiera acordado un espacio determinado, con observadores nacionales e internacionales, haciendo las cosas de manera sensata y humanitaria. La opción de guerra deja todo lleno de dolor, de muerte y de oscurantismo, porque no hay manera de saber qué pasó en la selva sino por las versiones de los militares: y para ser justos no podemos tomar esas versiones como dignas de credibilidad pues es la versión de un bando en guerra, además de un ejército que  para hacer la guerra sucia sicológica con la exhibición de cadáveres reales, no ha tenido escrúpulos en asesinar para ello a civiles y presentarlos como"abatidos en combate".
¿qué credibilidad tiene un régimen capaz de raptar a los niños de Soacha para luego asesinarlos y presentar sus cadáveres como    "guerrilleros abatidos en combate"?
Luego de emitir este cuestionamiento en forma de duda esencial para el tratamiento de la información y de la realidad, emitir otro cuestionamiento, este sí ya no como una duda sino como un reclamo a ser correctos en los términos y las categorías conceptuales, ya que por algo existe un DIH que contempla dichas categorías.
2. Los militares, policías y    soldados NO son secuestrados, son Presos de Guerra: existe el DIH que los reconoce como tales y que contempla un INTERCAMBIO HUMANITARIO para que salgan libres en intercambio de los Presos de Guerra insurgentes:
Pero es el Estado colombiano el que se niega al INTERCAMBIO Humanitario.
Mientras el estado colombiano se niega a un intercambio humanitario, demostrando que no le importan nada los soldados que han peleado en su ejército funcional al gran capital, porque los trata como carne de cañón negándose una y otra vez al INTERCAMBIO de presos; la guerrilla no ha cesado de hacer liberaciones unilaterales.
La opción del intercambio sí es la  opción de paz, es la opción humanitaria contemplada en el mismo DIH; pero el estado se niega.
En el Caguán y subsiguientes oportunidades las FARC liberaron más de 300 (trescientos) presos de guerra en su poder; mientras que el régimen no libera a los presos políticos y de guerra.
¿Si tanto les importa la vida humana a los generales y oligarcas que nunca van a la guerra ellos mismos, si tanto les importa la vida de los soldados (como muestran en la propaganda), por qué se niegan a intercambiarlos por presos políticos? ¿O es que no les importan, en realidad, a los generales esos soldados?Esos soldados son muchachos del pueblo que en cambio sí nos duelen a las y los colombianos que queremos la paz, al igual que también nos duelen los guerrilleros y guerrilleras muertos, y los apresados, porque cualquier defensor de derechos humanos sabe que las cárceles colombianas son centros de tortura, en las que el estado colombiano practica el homicidio de presos a tal punto que los asesina por tortura, golpizas, denegación de asistencia médica.
En el operativo fue apresada una guerrillera, y en el 99% de los medios y pronunciamientos eso no es noticia, mucho menos tragedia: cuando sí que los es, ¿porque qué suerte le espera en esas cárceles insalubres y concentracionarias?
3. Necesarios planteamientos y pasos para lograr la paz
A los que queremos la paz para Colombia, una paz con Justicia Social, nos duelen todas y todos los hijos del pueblo: nos duelen las y los guerrilleros muertos o presos, nos duelen los soldados muertos y también los presos de guerra. Claro que sí. Por eso lo primero es presionar al estado para que por fin acepte el intercambio humanitario de presos.
Luego es imprescindible que se estudie y contemple la raíz de la guerra: porque la única posibilidad de paz real que tiene Colombia, pasa por entender que la raíz de la guerra es la desigualdad social, el despojo permanente a que son sometidos los campesinos colombianos, la represión e intolerancia política con que el estado colombiano busca eliminar la reivindicación social, que es tan atroz que llega al punto de instaurar el terrorismo de estado con el empleo de la herramienta paramilitar. A partir de la comprensión del problema en su totalidad debemos buscar soluciones reales como: reforma agraria, cesación de la entrega del país a las multinacionales, impulso de la soberanía alimentaria, cese de la ocupación estadounidense de Colombia, cese del despojo que perpetran multinacionales y latifundio, cese del saqueo y su correlativo empobrecimiento, redistribución de la riqueza, cambios estructurales que necesita el 3er país más desigual del mundo (Coeficiente GINI después de Haití), y nunca la solución del exterminio que prona Santos y los aúlicos de exterminar al pueblo constituído en insurgencia.
4. Con relación a la negación del régimen colombiano de entrar a un intercambio de presos de guerra:
Podría decirse que lo que ha hecho el estado es asesinar a estos soldados; porque ha preferido dejarlos en la selva a soltar a los presos políticos y de guerra. Es más, el régimen colombiano ha enviado a 3 guerrilleros a Estados Unidos: Simón Trinidad, Sonia y otro preso parte de las FARC. Lo cual es una inhumanidad total porque los priva de ver a sus familiares de por vida, y los entrega a jueces de otro país. Es criminal esa actitud entreguista y necia del estado. Así que no sólo está el tema de que el régimen no ha soltado a los presos en un intercambio humanitario, sino que además ha enviado presos a Estados Unidos.
Las FARC han soltado a más de 300 presos de guerra en los últimos años, el estado a uno solo: ¿acaso eso es un 'intercambio humanitario' real o justo? ¿Quién es entonces el que no tiene voluntad, las FARC que liberan a 300 presos o el régimen que se niega al intercambio de presos?
5. Secuestros carcelarios y desapariciones forzadas: hay miles de seres humanos secuestrados realmente de los que los mass-media nunca hablan
Por otro lado, ya que la propaganda habla de 'SECUESTRADOS', vamos a poner los puntos sobre las íes, y decir quiénes realmente están secuestrados en Colombia:
Que el estado colombiano    libere a los más de 7.500 presos políticos encarcelados bajo Montajes Judiciales. Esos sí que están secuestrados. Son      la mayoría civiles (más del 90%) secuestrados por el estado bajo montajes burdos con testigos pagados (paramilitares del ejército que sirven para enjaular a los opositores políticos), con falsas 'pruebas' de computadores mágicos, o incluso durante    años sin pruebas, como es el caso actualmente de la socióloga Liliany Obando que lleva más de 3 años encarcelada ilegalmente, sin prueba alguna. O   como fue el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán que pasó años preso sin pruebas, dado que las    "pruebas" que el régimen aducía en su contra eran sus escritos académicos sobre la realidad colombiana, en una evidente persecución al pensamiento crítico y a las ciencias sociales. Igualmente el periodista Joaquín Pérez Becerra, entregado ilegalmente por Venezuela, está preso sin pruebas ahora mismo, dado que la misma Corte Suprema declaró nulidad de los "computadores mágicos". Sin pruebas, Pérez Becerra está hoy secuestrado por el estado colombiano, como miles más de presos políticos.
Asimismo las víctimas y familiares, la sociedad vulnerada por estos crímenes de estado, pedimos  que el Estado colombiano libere a los más de 62.000 DETENIDOS DESAPARECIDOS (ONU reconoció 57.200 desaparecidos, Comisión de búsqueda 62.000 desaparecidos en agosto 2011): estos son secuestrados, torturados y desaparecidos, porque no se sabe su paradero.
Que el estado diga: ¿DÓNDE ESTÁN? ¿dónde los enterró? ¿Dónde los SIGUE enterrando? ¿Dónde se sigue llevando cada semana a los opositores políticos el régimen de Colombia? Porque cada semana desaparecen varios opositores políticos en Colombia: estudiantes, ambientalistas, sindicalistas, maestros, campesinos... todos desaparecidos por la herramienta paramilitar del régimen y la fuerza pública.
Ya basta de tanta falsimedia, hablemos claro, si quieren hablar de  "secuestro en Colombia"hablemos claro, es el estado colombiano y su herramienta paramilitar el que hace del secuestro una práctica sistemática: queremos de vuelta a los desaparecidos y a los presos políticos,  que el estado los libere, y que      cese los secuestros carcelarios y las desapariciones forzadas.
6. Conclusión
Tenemos que trabajar para lograr la Paz en Colombia, y en esa palabra de tres letras caben los sueños de un pueblo, porque la paz verdadera es la Paz con Justicia Social, es decir una Paz que no sea la Pax Romana que pretende Santos o el imperio estadounidense y sus aliados. El pueblo colombiano necesita una verdadera paz, no una paz cosmética en la que la miseria seguirá asesinando a más de 20.000 niños menores de 5 años anualmente, muertos por falta de agua potable en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo.
No puede ser que aceptemos que un puñado de familias y de multinacionales acaparen todas las riquezas del país, mientras el pueblo sufre despojo, desplazamiento forzado, miseria, desnutrición, condiciones indignas de vida. No puede ser que aceptemos que las multinacionales destruyan montañas enteras envenenando la fauna, la fora y los habitantes humanos, solo para que se enriquezcan unos empresarios del oro, unos banqueros de la muerte. No es aceptable que el pueblo colombiano no tenga educación gratuita y de calidad, que no tenga acceso a la salud y se mueran miles de seres humanos anualmente sin poder entrar siquiera a un hospital porque no los admiten por no tener la      "cuota para el ingreso": eso es guerra social y económica, y es acabando con esa guerra social y económica que el conflicto social y armado empieza a solucionarse.
Lo que no es aceptable es que haya miles de muchachitos de 18 años que tengan que sacrificarse entrando al ejército colombiano, solo porque es la única manera que tienen de que alguno de sus hermanos obtenga una beca de estudios para la secundaria, o que su madre pueda ser admitida en un hospital, porque eso hace el estado colombiano: cambia lo que debería ser un derecho del pueblo (salud, educación) a cambio de vidas humanas. Y eso no es aceptable. De esta forma se mantiene el régimen colombiano y se mantiene un status quo de saqueo y empobrecimiento: la población es empobrecida hasta la médula y para aceder a los derechos básicos muchos no tienen otra opción que enviar a sus hijos al ejército que cuida a las multinacionales. Porque eso hace el ejército colombiano: cuidar los intereses de una minoría oligárquica y multinacional (hoy cuidando a la multinacional Pacific Rubiales, a la Drummond, a la Gold Mines, a la Medoro, a la Oxy, a la Repsol, etc), mientras que los hijos de los oligarcas nunca hacen ni el servicio militar, porque pagan. Y luego, en el campo insurgente hay miles de muchachos y muchachas que se van a la guerrilla cansados de la injusticia social, de la explotación, de la represión atroz; que luchan para cambiar las cosas, luchan contra un imperio, porque hoy en día son los bombarderos y la tecnología de EEUU la que enfrentan. Son muchos los jóvenes que se clandestinizan e ingresan a la guerrilla empujados por la brutal represión que ejerce el régimen colombiano contra la oposición política: ese es un factor fundamental que no puede ser ignorado.
Esta represión descarnada contra la reivindicación social y política es digna de las peores dictaduras, y se traduce en que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por la fuerza pública y la herramienta paramilitar del régimen y multinacionales. Hay una cifra dantesca de presos políticos, una realidad dantesca del crimen de estado de la desaparición forzada: todo en Colombia huele a represión, la universidades están militarizadas, las oficinas de sindicatos y de defensores de DDHH tienen puertas blindadas, los abogados de presos políticos viven en el miedo atroz, al menos la mitad del país sufre cruentos bloqueos económicos que hace el ejército impidiendo entrada y salida de víveres, entrada de medicinas, causando la muerte de miles de personas por carencia de medicinas. La lista de la guerra represiva del estado contra la población civil es interminable; la guerra no es sólo contra el pueblo insurgente, en Colombia hay terrorismo de estado ejercido directamente contra la población civil.
Hay una guerra en Colombia, hay terror de estado en Colombia contra la población civil, hay dolor, injusticia y muerte; tenemos que buscar la paz: porque nos duelen los muertos, porque nos duelen los presos, porque nos duele la injusticia social que está a la raíz de la guerra.

Asesinados cuatro militares secuestrados desde hace más de una década 
El crimen fue realizado la mañana de este sábado durante el transcurso de un fallido operativo de rescate que se adelanto en una zona selvática y limítrofe entre los departamentos de Caquetá y Putumayo. Según reporto Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa colombiano, "Esta mañana fueron asesinados cuatro secuestrados de la fuerza pública. Nos duele en el alma, nos duele por sus familias", señalando que “Esta mañana, luego de haber encontrado huellas las tropas se aproximaron y entraron en combate minutos después, y luego de hacer el registro se encontraron en un punto concentrados cuatro cadáveres, cuatro personas asesinadas”.

Los cadáveres fueron encontrados, según las autoridades, con “tiros de gracia”, tres de ellos en la cabeza y el cuarto en la espalda.

Las víctimas del execrable crimen fueron el sargento del Ejército Libio José Martínez, el coronel de la Policía Édgar Yesid Duarte, el mayor de la Policía Elkín Hernández Rivas y el subintendente de la Policía Álvaro Moreno, quienes llevaban en poder del grupo insurgente entre doce y trece años.

Un cuarto secuestrado, el sargento Primero de la Policía, Luis Alberto Erazo Maya, fue encontrado ileso por los efectivos militares. Erazo Maya, al parecer aprovecho la confusión generada en torno al enfrentamiento entre el grupo guerrillero y las fuerzas militares colombianas, para escapar de sus captores internándose en la selva, donde fue encontrado posteriormente.

“En el momento en que se escucharon los primeros disparos, el sargento Erazo tomó la decisión de salir corriendo y se internó en la selva”, confirmo a los medios locales el Ministro de Defensa.

Luis Alberto Erazo Maya, fue secuestrado por las FARC el 9 de diciembre de 1999, siendo Sargento Segundo en Curillo, Caquetá, y luego de huir fue perseguido por tres guerrilleros logrando escapar y ocultarse y “Hacia las 6:40 de la tarde escuchó algunas motosierras que estaban abriendo espacio para que pudieran aterrizar los helicópteros con el personal del CTI. Él se aproximó hacia las tropas y ya se encuentra con ellas”, informo Juan Carlos Pinzón. Erazo Maya fue así, el único sobreviviente de la matanza del grupo de secuestrados, presentando tan solo unas cuantas heridas leves en su rostro.

El Presidente Juan Manuel Santos Calderón, efectuó declaraciones sobre la tragedia ocurrida durante el operativo de rescate y califico a las víctimas como “héroes de la patria” que “llevaban entre 12 y 13 años secuestrados y terminaron vilmente asesinados”.

Santos Calderón, presento sus condolencias a los familiares de los militares y policías asesinados y a las Fuerzas Armadas, e indico que “es una demostración más de la sevicia y crueldad de las Farc”.

Precisamente, uno de los secuestrados muertos, el sargento Libio José Martínez, llevaba 14 años en poder de las FARC y era uno de los rehenes más antiguos, y, al igual que todos sus compañeros de tragedia, fue mantenido alejado de su familia, no conoció a su hijo, hoy adolescente, y quien lamenta la muerte de un padre al que solo recuerda como una víctima más de uno de los crímenes horrendos que, sumado a las desapariciones forzadas y masacres atribuidas a los grupos paramilitares y las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” realizadas por algunos miembros del ejército, enlutan a Colombia desde hace varias décadas.