El gobierno de Juan Manuel Santos
acudió a un arma letal como el terrorismo para mantener a raya al valeroso
pueblo de La Guajira. Recurrió a todo el poder represivo del Estado para ahogar
las reclamaciones justas de este pueblo que se levantó indignado el pasado 11
de agosto y que se mantiene en estado de alerta y fortalecido por la lucha social.
Podemos decir que la principal victoria de esta jornada es la alta moral que se
percibe en los habitantes de este Departamento, y más sectores sociales se
vinculan entusiastas al Comité de Paro Departamental.
Ejemplarizante el comportamiento de la gran nación Wayuu,
valiente los campesinos de Ebanal y los habitantes de los pueblos de
Cuestecita y Maicao. Los estudiantes y
docentes de la Universidad de La Guajira resistieron con arrojo la embestida
del Esmad. Destacamos la presencia en esta lucha del pueblo Wiwa y el respaldo
incondicional del magisterio guajiro que logró paralizar en su totalidad las
actividades académicas. Además, la presencia activa de la clase obrera del
Cerrejón. El comercio paralizó totalmente sus actividades. Los mototaxistas también respaldaron este paro departamental.
El mensaje es claro para el gobierno de Juan Manuel Santos: no es con el Esmad,
el Ejército y la Policía como se arregla la dramática situación social de la
Guajira y menos aún con normas punititivas que penalizan la protesta popular
(Código Penal –Articulo353A). Es inadmisible que el gobierno de Juan Manuel
Santos en el paro por la dignidad del
pueblo guajiro haya autorizado la violenta represión que se desató contra la
gran nación Wayuu. El Esmad, escuadrón anti-disturbios persiguió a los niños
Wayuu y maltrató a las autoridades de este pueblo, en un acto similar al que
practica el ejército de Israel contra los niños palestinos. Fue perturbador,
observar la arrogancia y prepotencia del Esmad, la Policía y el Ejército contra
un pueblo inerme que por cultura valora la palabra. El poderoso Esmad quemó las
bicicletas de los jóvenes wayuu en represalia a la protesta digna, la cual es
un derecho constitucional. En el pequeño corregimiento de Ebanal (zona rural de
Riohacha) las bombas lacrimógenas estallaban en los patios de las casas, 70
niños fueron afectados, se desmayaban y lloraban angustiosamente. El día 12 de agosto,
el ESMAD, continuaba su ataque.
Los guajiros sobrevivimos como podemos
Es urgente comunicarle a la
opinión pública nacional e internacional
como el gobierno Santos opta por la militarización y aplica una
política de guerra en una región
que como La Guajira clama por soluciones de fondo a su tragedia de
olvido estatal. La lucha contra el contrabando, tal cual está planteada, es una
política de guerra y lo peor es que el estado colombiano la va a perder. Los
guajiros hemos sobrevivido como hemos podido, nunca hemos conocido a la madre
que parió al gobierno. Existe una clara intención de generar una matriz de información conducente
a satanizar al pueblo guajiro, de tal manera que cualquier medida represiva se
justifique y se aplauda. El discurso de la corrupción para sustentar despojos
como el de las regalías, es un comportamiento infame, máxime cuando sabemos que
este flagelo es inherente al sistema Político colombiano. El Estado como tal,
cuenta con toda la estructura jurídica,
para llevar a juicio y condenar a todos aquellos que despilfarraron las migajas
de las regalías ¿Por qué los entes de control enmudecen frente a un hecho tan
evidente? Los servicios de inteligencia del Estado colombiano cuentan con toda la logística, la tecnología
de punta y los recursos económicos para precisar con exactitud los responsables del contrabando, tanto de
comestibles como el de gasolina, pero no les conviene desentrañar este
particular mundo que deja más ganancias que el narcotráfico.
El Presidente Juan Manuel Santos cataloga de ignorante al
pueblo guajiro cuando estando en Riohacha (Febrero) expresaba que: “La virgen
nos acaba de premiar, porque realmente este descubrimiento de agua a
través de los pozos profundos es un
verdadero milagro”. La misma solución de hace más de medio siglo, eso significa que estamos condenados a vivir en condiciones indignas. Se diluye la
posibilidad de contar con el acueducto regional, el mismísimo que el Presidente de la Republica cantaleteaba que
le asignarían recursos por el orden de los $146.000 millones que beneficiarían
a 339.777 habitantes de 8 municipios, de los cuales la Gobernación de La Guajira
aportaría $101.000 millones y el gobierno nacional $45.000 millones (lunes 24
de sept- 2012 Diario del Norte). Esto ocasiona que el pueblo tenga que soportar
situaciones como las que vive Riohacha donde la empresa ASSA instala
masivamente medidores de agua en una ciudad que no cuenta con un servicio de
agua permanente, con la anuencia de la Administración Municipal que encabeza el
Alcalde Rafael Ceballos ¿Dónde está la Contraloría, la Procuraduría, la
Fiscalía y la Defensoría del Pueblo?
La Guajira necesita inversión social,
sin embargo el gobierno le escamotea
recursos con los tramposos Ocads, que
como expresara un funcionario de la administración departamental han resultado ser un mecanismo perverso. Los
estudios de los proyectos duran hasta 8 meses y después es que se asignan los
recursos. Gobiernos cicateros, que niegan recursos a una región que aporta un
sacrificio enorme en la explotación minera, cuando más de 700 trabajadores del Cerrejón sufren
enfermedades irreversibles como consecuencia de esta actividad.
La canciller María Ángela
Holguín, señalaba que: “en los próximos días se reactivaría el suministro de
alimentos para la población Wayuu”. 200 toneladas de alimentos desde
La República Bolivariana de Venezuela para beneficiar a una población de
200 mil personas de la Alta Guajira. Es necesario resaltar que Venezuela
explota apenas el 7% de las 38 millones de Hectáreas sensibles al desarrollo
agrícola (FAO). Colombia a su vez, con un potencial agrícola de 28 millones de
hectáreas y con una tradición
agro-exportadora ha visto reducirse su potencial agrícola para favorecer el
cultivo de la palma africana, estadísticas demuestran que se ha disminuido
cultivos tales como: cereales, hortalizas, leguminosas, sorgo, cebada, maíz,
trigo, etc. La Guajira, vio sucumbir su vocación agrícola ante el apetito voraz
de la gran minería
La Guajira necesita inversión social urgente
Presidente Juan Manuel Santos, La
Guajira necesita inversión social y no la
puesta en marcha de una política de guerra. Se necesita que nuestros jóvenes egresados
de la Universidad de la Guajira ejerzan su profesión y no terminen como
moto-taxistas, taxistas, vendedores de chance o desocupados. Es empleo lo que
tienen que proporcionar los gobiernos que como el de Juan Manuel Santos
pretende asignar recursos para
el sector defensa estimados en $28.2 billones y $48.9 billones al pago del servicio de la
deuda para un monto de $77.1 billones, cuando el presupuesto estimado de la Nación 2014-2015 se estima en
216,2 billones ¿Dónde está la prioridad social? No puede el gobierno de Juan Manuel Santos, invertir millones de
pesos en represión estatal en una región como La Guajira donde se da por
descontado que las metas del milenio no se cumplirán, este gobierno
Neo-liberal, sigue por la senda del infortunio que nos lleva con pasos seguros
al peor de los mundos. Los mismos sectores políticos que lo apoyaron en el pasado proceso electoral
se quejan de la cantidad de” puñaladas
traperas” que están recibiendo ¿Cómo será con el pueblo? Se le exige al
gobierno nacional que con la misma premura con que se reunió con la Alianza
Verde para establecer una mesa de concertación con 5 puntos muy concretos, el
pueblo de la Guajira y sus organizaciones sociales, también exigimos ese mismo
trato porque estamos prestos al dialogo y además somos propositivos, tenemos
responsabilidad política y lo mejor de todo una dignidad que nos permite tener
las fuerzas necesarias para coadyuvar a que la Guajira salga de la postración
social resultado de un abandono estatal cronico.
Después de la fuerte represión a la protesta legítima
el comité cívico se organiza para iniciar los diálogos con el gobierno que se
establecerán con funcionarios del primer nivel en la búsqueda de la solución a
problemas álgidos que afectan a La Guajira y que contaran con el respaldo del
pueblo y la movilización social.
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