Rodolfo Vecino, presidente de la USO, fue despedido de Ecopetrol

Rodolfo Vecino, presidente de la USO, fue despedido de Ecopetrol

—“Más que una sanción contra mi persona es un ataque contra la USO”, dice Vecino—

—Duro golpe al diálogo entre sindicalismo y gobierno, opina la ENS—

La Unión Sindical Obrera, USO, enfrenta hoy una grave situación tras la resolución de despido que Ecopetrol, en primera instancia, profirió este martes 13 de diciembre en contra de Rodolfo Vecino, actual presidente de esta organización sindical, a quien acusa de participar indebidamente en política en su condición de funcionario público; situación que hoy tiene en máxima alerta a los trabajadores de la USO.

La sanción fue impuesta por la Oficina de Control Interno de Ecopetrol, como culminación de un proceso disciplinario que abrió el año pasado contra al presidente de la USO por participar en un evento en el que intervino el candidato por el Polo Democrático a la Gobernación de Bolívar. Pero será el presidente de la compañía,  Javier Gutiérrez Pemberthy, quien en segunda instancia, a más tardar el lunes 19 de diciembre, confirme o eche atrás la resolución de despido de Vecino, quien además fue sancionado con la imposibilidad de desempeñar cargos públicos durante los próximos diez años.

 

Rodolfo Vecino catalogó la sanción como un ataque a toda la institucionalidad del sindicato, más que una medida individual contra su persona; una sanción de carácter político más que disciplinario, pues, a su juicio, tiene la clara intencionalidad de diezmar y paralizar a la USO en momentos en que esta organización ha reactivado con fuerza la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores del sector energético del país.                                                                            Rodolfo Vecino

Y por su parte  José Luciano Sanín V,  Director General de la ENS, mostró su preocupación y llamó la atención sobre los efectos negativos que este hecho puede tener para el ambiente de diálogo que en este momento hay entre el movimiento sindical y el Gobierno Nacional.

Para conocer más detalles de este contencioso contra la USO, y medir sus repercusiones, la Agencia de Información Laboral conversó con Rodolfo Vecino y con Luciano Sanín:

Entrevista con Rodolfo Vecino

¿Por qué, concretamente, le abrieron a usted el proceso disciplinario que termina ahora con esta grave sanción?

Ese proceso se inició desde el 20 de octubre del año 2010, en el marco de la conmemoración de un año más del asesinato de Jorge Ortega García, vicepresidente de la CUT. En ese evento estuvo el compañero Dionisio Miranda, quien en ese momento era el candidato del Polo Democrático a la gobernación de Bolívar. Este compañero llegó al evento a dar su saludo y a adherirse a los actos conmemorativos, pues es una persona cercana a la USO y era amigo personal de Jorge Ortega. Yo lo presenté a la concurrencia, habida cuenta de que nuestra organización sindical ha sido siempre clara y definida políticamente en su pertenencia al Polo Democrático. Ese evento lo grabó Ecopetrol en audio y video, y a partir de ahí la Oficina de Control Interno lo convirtió en cabeza de proceso contra mí, y contra siete compañeros más de la USO que estábamos allí. Así que el martes 13 de diciembre se dio el fallo en primera instancia, sustentado en mi supuesta participación en política. Me despiden de la empresa y me inhabilitan para ocupar cargos públicos durante diez años. Esta oficina tiene atribuciones para hacer eso.

¿Y qué pasó contra los otros siete compañeros procesados?

A ellos los liberaron del proceso porque lo que les interesaba era sancionarme a mí, para golpear y afectar duramente a la institucionalidad del sindicato. Porque es claro que este hecho, en este momento, más que una sanción contra la persona de Rodolfo Vecino, es un golpe duro contra la institucionalidad de la organización sindical, que yo como presidente represento en su máxima jerarquía.

¿O sea que usted lo interpreta como una especie de cuenta de cobro que Ecopetrol le pasa a la USO por toda la lucha y las movilizaciones que ha liderado este año?

Sí. Es la confirmación de que no estábamos equivocados cuando denunciamos que hay un proceso sistemático para acabar con nuestra organización, desde todas las aristas y todos los ángulos. Hay una política clara en contra nuestra, y utilizan la Oficina de Control Disciplinario como pretexto para detener el avance de la organización en su lucha frontal por la defensa de los trabajadores. Y se da en un momento en que la USO retoma con fuerza sus principios de lucha sindical, en que incentiva a las organizaciones de los trabajadores del sector energético, confronta a las multinacionales como Pacific Rubiales, a Ecopetrol misma, y a las demás empresas que hacen presencia en el país y tienen una política de agresión contra los trabajadores.  

¿Qué otras situaciones se están dando dentro de ese proceso sistemático que, según usted dice, está en marcha para acabar con la USO?

Hay un procesos de levantamiento del fuero del secretario general de la USO, Edgardo Lozano; y de Jaime Rodríguez, dirigente de la subdirectiva única del oleoducto; y hay un proceso de llamada a descargos con intención de despido para el compañero Joaquín Padilla, en Cartagena. Y hay más de mil procesos a trabajadores, dirigentes y activistas de la USO por parte de la Oficina de Control Disciplinario. Esta oficina se ha convertido en un instrumento más para intentar destruir a la organización sindical, porque todas las protestas y los eventos que el sindicato ha desarrollado en el último tiempo, vienen siendo judicializados por esta oficina. La intención es inmovilizar completamente la organización sindical, que no tenga posibilidades de reacción frente a las políticas  que la nueva junta directiva de Ecopetrol tiene hoy en el tema de los derechos laborales y el recurso petrolero. Y a eso se suman las amenazas de que estamos siendo objeto por grupos armados que hacen parte de esa política contra el sindicalismo, y contra la USO en particular.

Háblenos de esas amenazas, ¿a quiénes, dónde?

En Barrancabermeja han llegado panfletos a casa de los dirigentes. Y se dan persecuciones y seguimientos por parte de supuestos miembros de las autodefensas que amenazan directamente a los trabajadores, como sucedió en Puerto Gaitán. Y hay toda una campaña de desprestigio contra la organización, en la que entran las opiniones del ex presidente Uribe, del ex ministro Londoño, de Francisco Santos, y toda la prensa negativa que la organización ha sufrido. Incluso se nos ha acusado de ser un sindicato armado.

¿Qué recurso legal le queda frente a la resolución de despido de la oficina de Control Interno de Ecopetrol?

Tenemos hasta hoy jueves para hacer la apelación ante la siguiente instancia, que es la Presidencia de Ecopetrol, que tiene hasta el lunes 19 de diciembre para resolver el recurso de apelación. En manos del presidente está la decisión final.

¿Y la USO como organización que acciones está adelantando?

Lo primero es que la USO en este momento ha puesto en alerta máxima a sus trabajadores. Estamos haciendo agitación y movilizaciones en nuestras bases, y estamos tratando el tema en diferentes instancias, haciendo las debidas denuncias a nivel nacional e internacional, con el acompañamiento de la CUT. Porque no sólo es una medida injusta, sino que tiene un carácter político, más que disciplinario. Tiene la clara intencionalidad de destruir nuestra organización. Claro que diciembre es un mes bastante difícil para la actividad sindical por el tema de la celebración de la navidad y el fin de año, toda la gente está relajada.

Lo que opina el director de la ENS

El director general de la Escuela Nacional Sindical, José Luciano Sanín V., calificó la sanción a Vecino, primeramente, como un episodio más del plan de “exterminio” que de tiempo atrás se viene orquestando contra la USO. Al respecto señaló:

“Si nos atenemos al historial de violencia, de ataques jurídicos, despidos y procesos disciplinarios contra trabajadores y dirigentes de la USO en los últimos 8 años, es evidente que hay un plan de exterminio contra esta organización; o por lo menos una intensión orquestada para que ésta no cumpla su papel de defensa de los recursos naturales y los derechos de los trabajadores. La USO es de los sindicatos que mejor han entendido que el momento político del país es propicio para organizar a los trabajadores, y ha mostrado su capacidad para hacerlo. Y en momentos en que se reactiva y extiende su acción a todo el campo de las empresas multinacionales extractoras de petróleo, inmediatamente lo atacan por el punto más fuerte, que es su presidente, con una acusación absurda”.

El director de la ENS dijo también que, de confirmarse el lunes la sanción de despido de Vecino por parte del Presidente de Ecopetrol, el Gobierno Nacional estaría dando un pésimo mensaje:

“Sería un craso error político si el Gobierno pretende mantener una agenda laboral y un ambiente de diálogo con el sindicalismo colombiano, como el que se está generando alrededor del salario mínimo. Lesionaría gravemente las posibilidades de que en Colombia haya diálogo y posibilidades de tener una relación productiva. Además se afectarían  profundamente la libertad sindical y los compromisos internacionales y legales que tiene el Estado colombiano. El Gobierno, con esta sanción, se está inmiscuyendo de manera ilegítima en la actividad sindical”.

En cuanto a la supuesta participación en política de Rodolfo Vecino, que es la causa que originó el proceso sancionatorio, Luciano Sanín puntualizó:

“El evento por el cual están sancionando al presidente de la USO era un evento en el que se conmemoraba la muerte de Jorge Ortega, Vicepresidente de la CUT, uno de los dirigentes sindicales de mayor rango asesinados en este país, además en medio del paro nacional estatal de 1998. No se pude sancionar a un dirigente sindical por conmemorar un hecho de violencia tan grave”.

ESTE DOCUMENTO LO REPRODUCE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE ASODEGUA POR CONSIDERARLO DE INTERES PUBLICO

10 DE DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

10 DE DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LOS DD.HH

LO QUE VA DE LAS DECLARACIONES DEL ARZOBISPO DE CALI DARIO DE JESUS MONSALVE MEJIA AL ODIO VISCERAL DE LOS COLUMNISTAS DE LA REVISTA SEMANA

LO QUE VA DE LAS DECLARACIONES DEL ARZOBISPO DE CALI DARIO DE JESUS MONSALVE MEJIA AL ODIO VISCERAL DE LOS COLUMNISTAS DE LA REVISTA SEMANA

"A Cano no le preservaron la vida": arzobispo de Cali Darío de Jesús Monsalve Mejía.

Por: Semana
Fecha de publicación: 04/12/11

Noviembre 04 de 2011.-En el momento menos indicado y de un vocero inesperado, el país fue sorprendido con las reflexiones del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve Mejía, en torno al posible exceso de fuerza usado por los militares que desarrollaron la operación del 4 de noviembre del 2011 donde fue abatido el jefe de las FARC 'Alfonso Cano'. 

Sus opiniones cayeron en varios sectores como un baldado de agua fría, ya que el país atravesaba por el doloroso episodio de enterrar a los cuatro uniformados secuestrados por la guerrilla pero que fueron fusilados como retaliación tras advertir la presencia cercana del Ejército.

Por todo ello sus declaraciones, consignadas en una carta que publicó el lunes 28 de noviembre en la página web de la arquidiócesis de Cali y que de inmediato retomaron los medios, fue considerada por muchos como atrevida pero al mismo tiempo valiente, al convertirse en la única voz de peso en cuestionar la histórica operación en la que murió el máximo jefe de la guerrilla.

Sus reflexiones no sólo le apuntan a la muerte de 'Can'o; también se refiere a la ruleta rusa en la que se encuentran los secuestrados por la forma como maneja el tema el Gobierno; critica las marchas contra la guerrilla e insiste en la necesidad de una salida negociada del conflicto y afirma que por cuenta de esa guerra el país se está acostumbrando a las muertes y resultó ser un histórico contradictor del ex presidente Uribe. SEMANA entrevistó al obispo para conocer a fondo lo que piensa de esos temas.

SEMANA: ¿Por qué dice que a 'Alfonso Cano' le aplicaron la pena de muerte?

Arzobispo Darío de Jesús Monsalve Mejía: La reflexión va dirigida a la primacía de la vida humana de los secuestrados, pero también la vida del victimario o agresor cuando está reducido. Es en ese contexto considero que reducir un jefe guerrillero a la impotencia era muy valioso para los secuestrados y para estos procesos donde necesitamos voceros. No tenemos voceros de las FARC a la mano y los que había fueron extraditados a EE. UU.

SEMANA: En su carta deja entrever que en esa operación hubo un fusilamiento...

Mi conclusión no es esa porque no tengo los elementos, pero con lo que escuché de los jefes del Ejército en entrevistas radiales después de la muerte de 'Alfonso Cano' me preguntaba ¿por qué no lo capturaron si tenían toda la tecnología y mil hombres encima? 

SEMANA: Insisto, para usted ¿'Cano' fue fusilado?

Yo digo que no le preservaron la vida como está mandado constitucionalmente.

SEMANA: Eso en otras palabras, quiere decir que para usted, ¿'Cano' fue ejecutado?

Ejecución significa un homicidio preterintencional, yo lo dejo a la reflexión de quienes están involucrados si fue premeditado. Eso es lo que estoy pidiendo que se revise, no sólo el caso de 'Alfonso Cano', sino que ya todo ese tema con los cabecillas hace creer que hay una sentencia a muerte pase lo que pase.

SEMANA: ¿Se puede comparar entonces lo de 'Cano' con el ajusticiamiento de los cuatro secuestrados ocurrido el sábado anterior?

Eso no es equiparable porque estamos en dos condiciones absolutamente distintas. En primer lugar, los secuestrados estaban encadenados y prisioneros, mientras que 'Cano' era un luchador que fue reducido a impotencia.

SEMANA: En su reflexión afirma que hubo desproporción absoluta, de sometimiento y reducción de las Fuerzas Militares contra 'Cano', un hombre que usted describe como de 60 años, herido, ciego y solo.

Esa descripción corresponde exclusivamente a lo que recibimos los colombianos por parte de los medios de comunicación en torno a ese hecho.

SEMANA: Hay quienes interpretaron su carta como un duelo por 'Alfonso Cano'. ¿Qué les responde?

Yo rezo por 'Alfonso Cano' y todos nosotros, pero en este caso soy doliente de los secuestrados.

SEMANA: ¿Conoce detalles inéditos de esa operación militar en la que fue abatido el jefe guerrillero?

No. Reitero que la información que manejo es la que publicaron los medios de comunicación.

SEMANA: ¿Cree que en las operaciones contra 'Raúl Reyes' y el 'Mono Jojoy' hubo exceso de fuerza y se aplicó pena de muerte?

Aunque no tengo elementos suficientes para hacer un análisis sincero del tema, me pregunto y lo hago al país: ¿Es correcto que se programen ese tipo de acciones con todo lo que implica?

SEMANA: ¿Rescatar a los secuestrados es una sentencia de muerte?

El rescate es una ruleta rusa en la que está contenida la sentencia de muerte. Ya ocurrió en Urrao; los diputados del Valle en un hecho que no ha tenido claridad y sucedió ahora.

SEMANA: ¿Por qué afirma que el manejo gubernamental del tema de los secuestrados es una infinita frustración?

Porque desde el gobierno Uribe y ahora el de Santos, siempre han mantenido cero iniciativas para un acuerdo humanitario.

SEMANA: Usted dice que en esta guerra contra las FARC hay crueldad de lado y lado...

La gran victoria de la subversión y los violentos sobre la sociedad civil y el Estado, es que nos habitúan a su violencia y nos contagian de su mismo espíritu de violencia. Existe mucha crueldad y para entender esa frase miremos el monstruo en el que se convirtió las Autodefensas en su lucha contra las FARC. Estamos frente una odiosidad civil y animadversión fundada contra todo aquel que se acerque a ese tipo de gente.

SEMANA: Pero suena injusto equiparar la crueldad de las FARCcon los errores cometidos por las Fuerzas Militares...

Crueldad es crueldad y yo creo que un Estado democrático y con una sociedad organizada tendría que marcar diferencias y eso se hace con los medios o métodos que se utilizan. Decía Gandhi que los medios son a los fines como el árbol a los frutos.

SEMANA: Además, argumenta que la captura de los guerrilleros debe ser el objetivo legal...

El objetivo no es matar. Si las armas se ponen en manos de un soldado y un policía para que maten, yo creo que corrompen el espíritu de la fuerza pública. Estos temas los he discutido con militares en mis visitas pastorales y recuerdo que una vez un soldado en Boyacá me respondió con un fusil en la mano “obispo esto se hizo para matar”. Por eso no soy amigo que retornemos a la justicia penal militar.

SEMANA: ¿No teme que sus declaraciones sean interpretadas como solidarias con las FARC?

Creo que el gobierno del presidente Santos es abierto a estas búsquedas en Colombia y con él se volvió a hablar del conflicto armado, víctimas y lo humanitario. Creo que hay una búsqueda y una apertura a nuevas opiniones y eso es algo que vengo haciendo desde hace muchos años, incluso como columnista en diarios regionales.

SEMANA: ¿Reconoce entonces que sus opiniones tienen talante de izquierda?

No me clasifico entre izquierda y derecha; me clasifico como un pastor de la Iglesia que trata de llevar el sentido de lo cristiano y el evangelio a estos temas.

SEMANA: También concluye que la guerra está centrada en la relativización del homicidio, por encima del derecho a la vida...

Ese es mi tema preferido como colombiano. La violencia es un cáncer y no basta con quitarle la cabeza a la culebra. Hemos llegado al extremo de afirmar que hay muertos buenos en esta guerra; como diría el Quijote, son aquellos que “vosotros matais”. Eso es maniqueo y el país en ese tema ha sido también maquiavélico.

SEMANA: ¿Por qué considera inútiles las marchas contra las FARC?

Porque son parciales y en el conflicto hay dos actores: El Gobierno y las FARC. En este caso esa parcialidad le da un sesgo a las marchas. No debemos olvidar que el principal propósito es traer con vida a los secuestrados.

SEMANA: Usted insiste en un Acuerdo Humanitario, ¿cuáles serían las bases para llegar a esa etapa?

No son enemigos irreconciliables, hay que abrir los espacios porque esta guerra no puede ser infinita; debemos buscar esos voceros y ya tenemos algunos ejemplos como Colombianos y Colombianas por la Paz, los obispos y los gobiernos amigos. Ya pasó la época de conflicto con los vecinos y podemos acudir a ellos.

La única manera de garantizar que no ocurran más crímenes de secuestrados es el nacimiento de conversaciones y que se autoricen delegados para dialogar. Tenemos que bajarnos de la prepotencia en que nos montamos pensando que esto sólo acaba con exterminio.

SEMANA: ¿Es posible llegar a un acuerdo con las FARC sin el derecho a participar en política?

Desde luego que no. Lo importante es que les demos la posibilidad de vivir bien sea en una prisión o un enclave.

SEMANA: ¿Cuál es su trayectoria dentro de la Iglesia católica?

Soy sacerdote desde el año 1976, ordenado en la Diócesis de Jericó en el suroeste antioqueño. En 1993 fui ordenado obispo auxiliar de Medellín hasta finales del 2001 y en el 2010 me trasladaron a Cali como obispo coadyutor y el 21 de junio de este año me posesioné como arzobispo.

SEMANA: ¿Dónde nació?

Soy de Valparaiso, Antioquia, conocida en la historia por ser la patria de Rafael Uribe Uribe.

SEMANA: Por ser de esa zona de Antioquia conoce al ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Claro, me conozco con él y en especial cuando fui obispo auxiliar de Medellín y estuve muy involucrado en las comunas con el tema de defensa de la vida, acuerdos y convenios entre grupos armados ilegales para aclimatar el tema de convivencia y paz.

Por esa razón tuve relación muy directa con el entonces gobernador, Álvaro Uribe, y su secretario de gobierno, el difunto Pedro Juan Moreno, en temas polémicos como Las Convivir, al cual me opuse diametralmente.

SEMANA: ¿Y cuáles eran las discrepancias de fondo para entonces?

Siempre pensé que se camuflaban las autodefensas en el famoso derecho a la defensa propia y se involucraba a los civiles en empresas militares y se abría una puerta inmensa para la delincuencia armada.

SEMANA: ¿Se considera enemigo público del expresidente Uribe?

No, yo lo aprecio y él me aprecia y nos mandamos saludos muy seguidamente.

SEMANA: ¿Qué le han dicho sus jerarcas por estas reflexiones que hace públicas y por fuera del libreto oficial?

Nosotros nos respetamos. Una vez cuando el gobernador Uribe pidió ser escuchado en la Conferencia Episcopal para defender las Convivir, recuerdo que me opuse y a raíz de eso convinimos hacer una reunión entre los obispos de Antioquia y Chocó con el gobernador y su secretario de Gobierno. Discutimos, pero en el fondo encontramos fórmulas de arreglo entre los obispos.

En otra ocasión. Uribe presidente fue a preguntarles a los obispos su opinión sobre la Ley de Justicia y Paz; pedí la palabra y expresé la necesidad de tener claro todo el tema de la legalidad de las tierras en manos de testaferros y traje como ejemplo lo ocurrido en Salgar, el pueblo de Uribe.

SEMANA: ¿Todo ese conocimiento del conflicto armado colombiano le ha permitido integrar algún comité de diálogo?

No, siempre he actuado a título personal y a nombre de las parroquias donde he estado en Medellín, donde fundamos un programa arquidiocesano de reconciliación que es un espacio para los exmiembros de distintos grupos y organizaciones. En el Chicamocha, entre Málaga, Santander y Soatá, Boyacá, con la pastoral social diocesana se abrió un programa de apoyo a niños huérfanos de la violencia y viudas.

SEMANA: ¿Ha sufrido amenazas?

Polémicas y controversias abiertas con algunos generales del Ejército, como el caso del general Fabio García, de la Brigada de Bucaramanga, o con otro general de Boyacá, donde fui acusado de colaborador de las FARC por un lado, y las autodefensas por el otro, precisamente por esa labor de acompañamiento a las víctimas.

SEMANA: ¿Qué mensaje le enviaría a 'Timochenco'?

Sencillamente que acepte que la vida de los secuestrados es sagrada y sacramental para la convivencia y reconciliación de los colombianos. Libérenlos ya o faciliten los términos para un Acuerdo Humanitario.

Así no es

Por Antonio Caballero

Aquí hay una guerra, sí. Pero no todo está permitido en la guerra (así sea "irregular": no hay guerras regulares). Hay crímenes de guerra. El asesinato a mansalva de cuatro militares secuestrados que acaban de cometer las Farc es un crimen de guerra. No llamo así, porque son crímenes comunes, a los muchos y atroces de que han sido responsables las bandas paramilitares del narcotráfico: son actos de criminales comunes que no están en guerra. Pero sí son igualmente crímenes de guerra los llamados "falsos positivos" inventados por las fuerzas armadas del Estado: los cientos de asesinatos, millares tal vez, cometidos contra civiles inermes para inflar el conteo de bajas del enemigo. Falsos positivos por los cuales los militares acusados y a medio investigar han ido quedando en libertad gota a gota, sin castigo, por vencimiento de términos: ese virus que en todos los aspectos corroe la justicia en Colombia -la penal, la civil, la administrativa, para no hablar de la justicia política ni de la resucitada justicia militar.

Sin embargo, lo verdaderamente terrible no es que ocurran excesos de barbarie en el calor de la guerra: crímenes que son, dicen, "episodios aislados" por cuenta de "agentes subalternos" de uno u otro de los bandos. Lo terrible es que esos episodios criminales son el resultado de reglas de conducta dictadas desde los centros de mando. Lo que es deliberadamente criminal es la norma interna de las Farc que dispone que un prisionero -un secuestrado- debe ser ejecutado -es decir, asesinado- si sus guardianes consideran inminente su fuga o su rescate por las tropas del Ejército. Es el cumplimiento disciplinado de esa norma el que ha llevado a la muerte a los cuatro militares de hace ocho días, a los once diputados del Valle de hace cuatro años, al gobernador de Antioquia y al exministro de Defensa de hace ocho. Todos ellos, antes de ser asesinados, eran ya secuestrados: detenidos, retenidos, rehenes: como quieran llamarlos. Condiciones todas ellas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Esto es también lo que convierte en criminales desde el punto de vista del derecho, y no solo en infames desde el punto de vista de la humanidad, las ordenanzas internas que hace ocho años dictó el ministro de Defensa Camilo Ospina estableciendo el pago de recompensas, en dinero, o en licencias, o en ascensos, por el conteo de cadáveres de presuntos guerrilleros. No hacían más que protocolizar una ya inveterada costumbre, la cual no creo posible que hubiera sido ignorada por los altos mandos durante decenios: que se hubiera establecido a sus espaldas, como tantas cosas en este país. Hace tres años mereció honores un sucesor de Ospina en el Ministerio, Juan Manuel Santos, por echar de un tacazo a dos docenas de generales cuando se hicieron públicos los primeros casos de "falsos positivos". O, digo mejor, cuando por primera vez se reconoció públicamente su ya vieja ocurrencia. Pero ese mismo Santos impulsa hoy ante el Congreso un proyecto de reforma que devuelve a los jueces militares el conocimiento de los crímenes comunes cometidos por soldados "en acto de servicio". Está borrando con el codo de presidente lo que escribió con la mano de ministro.

Aquí hay una guerra, sí, y muy antigua ya. En sus modos actuales -ejército regular, guerrillas organizadas- dura desde hace más de cincuenta años. Tan larga duración sin resultados -salvo el de la propia prolongación indefinida, con expansiones y contracciones de serpiente, de lombriz solitaria que se alimenta del organismo que la alberga y se reproduce hermafrodíticamente, fecundándose a sí misma- ha tenido sin embargo el efecto de corromper por completo a sus protagonistas, los llamados "actores del conflicto". No es que haya que "humanizar la guerra": como si la guerra no fuera la más humana de todas las actividades humanas: la única que solo los seres humanos practican. No hay, pues, que humanizar la guerra, sino civilizarla: someterla al derecho para poner coto a sus excesos. Pero lo terrible es que estamos cada vez más encantados con sus excesos. Los del otro. Los del de enfrente. Nos ponemos felices cada vez que nos cercioramos de que el enemigo es un bárbaro.

Pero así no se hace la paz. Así no se hace la guerra. 

No basta con repudiar a las FARC

Por Luis Eduardo Celis*

Nuevamente la barbarie. Con el asesinato del sargento del Ejército Libio José Martínez, el coronel Edgar Yesid Duarte, el mayor Elkin Hernández Rivas y el subintendente Álvaro Moreno (los tres últimos de la Policía), sufren las familias y se evidencia el repudio de un acto tan inhumano y atroz. Las voces de condenas son múltiples y se hacen sentir, hay un cubrimiento mediático amplio y se prepara una movilización de rechazo a las FARC para el 6 de diciembre. Todo esto es comprensible, importante, pero tremendamente insuficiente para poner fin a tanta barbarie, a la que durante ya cerca de cincuenta años han concurrido todos los actores de este añejo conflicto armado, hoy presente en muchos territorios y que sufren muchas comunidades, donde la precaria democracia colombiana no crece y los autoritarismos y exclusiones han nadado como pez en el agua.

Ya sabemos del talante de las FARC: han decidido matar y morir, esto lo llevan en su ADN. Justifican cada una de sus acciones, han demostrado una persistencia en su actuar, tienen argumentos para sus repudiables, condenables y execrables acciones, todos los calificativos que se quieran, pero allí están, y debemos nuevamente pensar en qué tipo de conflicto estamos y para dónde vamos. Lo que sí puedo aseverar es que por la evidencia histórica, poco les importa que en las grandes ciudades millones nos volquemos a rechazarlas. Eso les resbala, pues leen estas legítimas e importantes manifestaciones ciudadanas como manipulación de quienes se han erigido como sus enemigos, o sea los que han detentado el poder económico y político, los que en sus comunicados califican como "la oligarquía". De modo que las FARC son una fuerza social y política en armas tremendamente minoritaria, esto es evidente, pero que no cejará en su actuación violenta si no encuentra un camino que la motive a ello. 

Ahora bien, en medio de este dolor tan grande, con el asesinato aleve de cuatro colombianos secuestrados, es difícil pensar con la cabeza fría. Pero hay que hacerlo o atenernos a nuevos y dolorosos hechos, debemos pensar y volver a pensar en si hay posibilidades de un camino de entendimiento, de hablar, de encontrar fórmulas para poner fin a este medio siglo de violencia de FARC y ELN. Todo pareciera indicar que sí es posible, aunque haya sido una tarea no conquistada en décadas (en 2012 se cumplirán 30 años de la llegada al gobierno de Belisario Betancur y los primeros acercamientos con las FARC), pero sólo nos quedan dos caminos: o nos entendemos, o seguimos en esta barbarie. 

Las FARC no se van a rendir, eso no está en su constitución, porque han forjado una voluntad de lucha y tienen convicciones sobre su actuación, se consideran con razones históricas y no les falta razón, tienen raíces en comunidades, se mueven en territorios, poseen finanzas y una amplia experiencia organizativa. En síntesis, descartemos la palabra rendición. 

Tampoco se van a desmoronar en el corto plazo. Han soportado una ofensiva militar durante nueve años y están disminuidas y golpeadas, sí, pero siguen teniendo entre ocho mil y once mil combatientes, organizados, armados y con mandos, y un número más o menos igual de milicianos. Así las cosas, no nos hagamos ilusiones con que se van a desbaratar de un año para otro. Ante este panorama no queda otro camino que el de intentar (de nuevo) diálogos y concertaciones. Tarea llena de obstáculos, pero no imposible. 

El presidente Juan Manuel Santos ha dicho (de nuevo) que tiene interés en buscar la paz. Creo en sus palabras. El quid está en cómo lograrla, con dos contendientes tan alejados como lo son hoy el Estado colombiano y las guerrillas de FARC y ELN. Cada uno debe dar pasos en la dirección de buscar el entendimiento. En este contexto, al gobierno le corresponde crear las condiciones sociales, políticas y económicas para que sea viable un acuerdo, lo cual se traduce en hacer las reformas –tantas veces anunciadas y nunca logradas- que han dado origen al conflicto: un campo más equilibrado, con más oportunidades para los millones de campesinos pobres, muchos sin ‘dónde caerse muertos’. Y unas posibilidades de competencia política con garantías, donde no se pierda la vida en el intento o se roben las elecciones. Estas son parte de las raíces de este largo conflicto que se deben atender, si queremos ponerle punto final al conflicto. A las guerrillas, por su parte, les corresponde dejar de creer que es a punta de plomo que se pueden hacer oír, y trabajar por la distensión del conflicto. 

Marchar es importante, pues, aunque a las FARC les resbale. Pero sería mucho más productivo si se marchara contra todas las violencias organizadas que hoy se dan en el país. Eso sí sería un signo de mejor comprensión de lo que ocurre, considerando por un lado una sociedad que sufre los rigores de los violentos, y por otro un Estado que no ha logrado conservar el monopolio de las armas. 

* Coordinador de Incidencia Política de la Corporación Nuevo Arco Iris.