DECLARACION DEL MCP SOBRE EL ASESINATO DE LIDER DE LA MINGA POPULAR E INDIGENA EDWIN LEGARDA

En Colombia, en los últimos seis (6) años, ha aumentado el desplazamiento, la desaparición forzada, la tortura, la criminalización de la protesta social, con la llamada “seguridad democrática”; que no es más que el cambio de nombre de la aplicación de la “Doctrina de Seguridad Nacional” impuesta por los Estados Unidos a los países de América Latina.
En pasados días, el ejército tirotea “por no obedecer el pare en un reten” a Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aída Marina Quilcué, cuando se dirigía hacia Popayán a recoger a su esposa.
El vehículo era suficientemente reconocido en la región, que es predominantemente indígena; por ser el de movilización permanente de la líder; y lo que describe el abogado de la CRIC, es que “el ejercito le disparó desde varios ángulos, desde los dos lados tiene impactos el carro. Él recibió varios balazos, en el pecho, en la pierna, y alcanzó a salir, fue´ un tramo hacia arriba, pero el ejército no lo auxilió; sino que empezó a dejar vainillas, y cosas en el piso, y cuando llegamos con el comandante del batallón, dicen que desde el carro le habían disparado”. Todo parece que el atentado iva dirigido contra la líder Aída Marina Quilcué. Los hechos muestran que lo que se presentó allí fue un asesinato más, que forma parte de la criminalización y penalización de la protesta social del gobierno de Alvaro Uribe Velez y de la “seguridad democrática”.
Estos hechos son unos más de la política de terrorismo de estado que se ha manifestado en acontecimientos tales como los siguientes:
En los últimos años más de quinientos colombianos han sido asesinados por el ejército colombiano, para disfrazarlos de guerrilleros, colocarles armas y luego mostrarlos como “muertos en combate”. De ésa forma, se muestran resultados a las exigencias guerreristas del presidente Alvaro Uribe Velez, y en muchos casos se cobran recompensas que son manejadas desde el alto gobierno, utilizando dineros venidos desde el exterior para premiar éstos hechos, que se han bautizado como “falsos positivos”.
De la misma forma se conoce, que en el 2006 de 144 sindicalistas asesinados a nivel mundial, 78 lo han sido en Colombia; así como en el 2007 de 91 asesinatos de sindicalistas en el mundo, 39 lo han sido en Colombia. Lo cual demuestra el carácter de terrorismo de estado, que ejerce el gobierno de la “seguridad democrática”.
Recientemente, se macartizó por parte del gobierno a gran cantidad de intelectuales colombianos; empleando epítetos en su contra, por dirigirse al Secretariado de las Farc en busca de una salida política al conflicto que vive Colombia; acusándoles de crear “una trampa” “para terminar legitimando a la guerrilla”.
La Comisión Colombiana de Juristas, ha reportado que mientras se “desmovilizaban” los paramilitares, se cometieron 3200 homicidios por la AUC.
De la misma forma, se judicializa a líderes de la oposición, a dirigentes populares, y a estudiantes con procesos amañados y últimamente con la información obtenida del portátil de Raul Reyes, sobre el cual han confirmado las mismas fuentes policiales, que no contenía correos electrónicos, sino informaciones guardadas en Word de fácil alteración.
Dentro de éste historial de terror, de parapolítica, de personajes como Mancuso, Gordolindo, Macaco, Jorge 40; de asesinatos por parte de los mellizos y las “águilas negras”; que ha predominado en los seis (6) años de gobierno de Alvaro Uribe; se produce el asesinato del esposo de la líder indígena.
El Movimiento por la Constituyente Popular, MCP-PDA, se solidariza con el movimiento indígena y sus líderes, hace un llamado a las organizaciones sociales a denunciar éstos hechos y a fortalecer un frente común por la defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, exige que no haya más impunidad y que los organismos internacionales se pronuncien sobre éstos hechos.

COORDINADOR NACIONAL –MCP