DOS MUJERES MUY DESTACADAS EN LA OPOSICION DE URIBE

VÍCTIMAS SIN SALIDA ¿Y LOS VICTIMARIOS?

Cecilia López Montaño
Bogotá, Junio 23 de 2009

Para este Gobierno, la relación entre víctimas y victimarios es
siempre la misma: todo para los victimarios nada para las víctimas. Y
lo más doloroso es que el país ha venido aceptando esta situación sin
mayor problema. Sin embargo, el último episodio parece haber llenado
la copa y hoy, los columnistas y los editoriales de los periódicos
muestran una gran inconformidad con la caída de la Ley de Víctimas en
el Congreso de la República. En un país, donde no ha existido
realmente verdad, justicia y reparación, el gobierno demostró una vez
más que prefiere mejorar la situación de los victimarios que
responderle a sus víctimas.





Busca en España apoyos para una salida negociada al conflicto de su país. A Piedad Córdoba (Medellín, 1955) la acaban de acusar de tener relaciones con las FARC.

El Gobierno colombiano asegura tener pruebas que la vinculan con las FARC.

El presidente Uribe tiene mucho interés en mostrar que el trabajo que estamos realizando no busca la liberación de los ciudadanos que siguen en poder de las FARC, ni siquiera que nos mueve un sentido humanitario. Su intención es mostrarnos como terroristas, exactamente igual que hace con todo aquel que desea una salida negociada a un conflicto armado que ya dura más de 50 años. Este Gobierno es experto en montajes.

¿A qué se refiere?

Al margen del espionaje masivo, yo tengo declaraciones de personas que han sido llamadas por el Ministerio de Defensa para testificar en mi contra. Poseo declaraciones juradas en las que aseguran que les han ofrecido dinero para declarar que yo pertenezco a las FARC. Yo creo en la Corte Suprema de Justicia de Colombia y por eso voy a enfrentarme a esta campaña de calumnias contra mi persona. El ordenador de Raúl Reyes se está convirtiendo en el instrumento de evasión para los problemas de corrupción, paramilitarismo y narcotráfico que afectan al Gobierno actual.

Acaba de mantener entrevistas con varios jefes paramilitares que Uribe extraditó a EEUU. ¿Qué le han revelado?

Los líderes paramilitares más importantes Salvatore Mancuso, Jorge 40 y HH me remitieron una carta de invitación para reunirme con ellos. Sobre el contenido de esos encuentros debo ser muy cuidadosa porque ahora lo más importante es garantizar la vida de sus familias, que han sido amenazadas si ellos testifican sobre sus conexiones políticas. Lo único que le puedo decir es que involucran a militares, a empresarios y al mismo Gobierno.

¿Han intentado silenciarlos con sus extradiciones?

Prefiero responder con una frase de Salvatore Mancuso: "El Gobierno extraditó la verdad". Hay un hecho añadido muy significativo en este escándalo espantoso. Tres testigos de la causa del paramilitarismo han sido envenenados, el último el martes.

El relator de la ONU para los Derechos Humanos ha elaborado un duro informe sobre las ejecuciones extrajudiciales pero no ha encontrado pruebas que impliquen al Gobierno.

Su informe dice que las ejecuciones extrajudiciales son sistemáticas. Sería importante que el relator completara el informe acudiendo a las cárceles y hablara con los jefes paramilitares para que le cuenten cómo operaban. Las revelaciones que obtendrá no sólo serán muy delicadas sino muy preocupantes porque implican al Gobierno de Uribe.

¿Cree que se ha cerrado la puerta para conocer la verdad de lo que ocurre en Colombia?

Creo que se intentó cerrar la puerta a la Justicia, pero que ya es imposible. Si hubiera ganado John McCain en EEUU hubiera sido más difícil continuar con este proceso, pero las circunstancias actuales son muy diferentes. Comenzamos a percibir una apertura en las autoridades estadounidenses para que delitos de lesa humanidad no queden impunes.

El Gobierno acaba de tumbar la Ley de Víctimas que se discutía en el Congreso, ¿hay alguna posibilidad de reparar a las víctimas de todos los bandos?

La frustración es muy grande. El hecho de que el Gobierno no quiera reconocer la existencia de víctimas de Estado es porque esto implicaría asumir su responsabilidad directa en estos crímenes espantosos.

¿Qué opinión tiene de las FARC?

Son el retrato de las miserias de la sociedad colombiana, de lo que no hemos sido capaces de construir. Una de las primeras cosas que deberían hacer de forma inmediata es liberar a todos los civiles retenidos y poner fin al secuestro como arma de coacción porque es impresentable. Pero son un actor político armado. Están ahí, son algo real.

Además siembran minas y reclutan menores.

Sí, actos absolutamente rechazables que no son tan fácil derrotar militarmente. Por eso es tan importante una salida política que acabe con esta guerra.

¿Es contradictoria la política oficial de España hacia el presidente Uribe?

Es contradictoria la presencia del príncipe hace semanas en Colombia porque compromete la política del Gobierno español, que se desmarca de actuaciones de Uribe contra los derechos humanos.

¿Puede ser porque la política económica de Uribe favorece los intereses empresariales españoles?

Ok, eso es totalmente cierto. Resulta cómico escuchar a algunos empresarios españoles diciéndonos a los colombianos que debemos reformar la Constitución para reelegir al Mesias.

Usted está demonizada en Colombia, ¿tiene miedo?

Tengo terror aunque se disipa cuando alguien te para por la calle para abrazarte.

Como es bien sabido, a comienzos de la semana, en la Cámara de
Representantes fue aprobado un proyecto de ley que supuestamente
busca sacar del “limbo jurídico” a 19 mil ex paramilitares rasos que
actualmente no tienen definida su situación jurídica, usando el
mecanismo del principio de oportunidad. Mediante la colaboración con
la justicia que, según sus defensores, ayudaría a desarticular estos
grupos ilegales, se le estaría dando un indulto al desmovilizado para
ayudar a que éste se pueda insertar exitosamente en la sociedad. Así
lo manifestó el Comisionado de Paz Frank Pearl, quien considera que de
ser aprobada la ley, los reinsertados "podrán buscar oportunidades de
trabajo". La verdad, al proyecto le falta poco para ver la luz y no
tendrá mayores problemas dentro la conciliación ya que cuenta con las
mayorías uribistas.

Suerte opuesta corrió el proyecto de víctimas, iniciativa que lleva
años gestándose, y que había contado con el apoyo de numerosas fuerzas
políticas, incluidos muchos congresistas de la coalición gubernamental
quienes, al final del día, decidieron darle la espalda al proyecto
obedeciendo las directrices del Gobierno. Con el argumento de no
contar con el presupuesto necesario, alrededor de $75 billones según
el Ministro de Hacienda, el Gobierno decidió hundir esta importante
iniciativa que serviría para construir una paz real en el país. Pero
¿Cuánto le han costado a Colombia las exenciones tributarias a los
grandes empresarios? ¿Cuánto le costarán al país los contratos de
estabilidad jurídica? Si se recuperaran esos recursos se podría pensar
en financiar una iniciativa humanitaria como esta.

Es válido ayudar para que los desmovilizados tengan la posibilidad de
llevar a cabo una vida digna en este país. Sí, es cierto que al no
tener su situación jurídica definida, sus posibilidades de acceder a
un trabajo formal se reducen considerablemente. Preocupa, sin embargo,
que con herramientas como estas, el Gobierno esté estimulando una
sociedad en la cual todos son informantes y pueden hacer parte de la
guerra contra el terrorismo. El mensaje no puede ser que si alguien
asesina, secuestra, extorsiona, produce desplazamiento y siembra el
miedo, pero después, delata entonces accede a beneficios como rebajas
de penas. El Gobierno debe ser muy cuidadoso en esta materia y dejar
claro en qué casos este principio de oportunidad se puede aplicar y en
cuáles el desmovilizado debe pagar por lo que hizo.

El problema aquí es que estas gabelas, estas oportunidades y, en
general, todas las acciones impulsadas por el Ejecutivo para ayudarle
a estas personas, anteriormente victimarios, no sean recíprocas para
la otra cara de la moneda. ¿Por qué proteger a quien tenía las armas,
la tierra y el poder y dejar desprotegido al campesino? ¿Por qué esa
incapacidad para poner en igualdad de condiciones a las víctimas del
Estado, la verdadera razón para hundir la Ley? ¿Cuál es la lógica
detrás de esto? Muy mal precedente para lograr la paz, para alcanzar
algún día la convivencia real entre los colombianos. Sin desconocer
las preocupaciones y las necesidades de estos miles de desmovilizados,
también hay que pensar y ser generosos con los que no tienen ni
fusiles ni millones y, ahora, ni tierras. Sin duda este episodio se
suma a las ya innumerables injusticas propiciadas por el mismo
Estado.