Las caras del despojo de tierras

Muchas de las tierras y el patrimonio que los desplazados dejaron atrás ahora aparecen registradas a nom- bre de otros. Éste es un panorama nacional y regional de las modalidades de despojo a través de las cuales actores legales e ilegales se están quedando con tierras de campesinos.


Me vende o le com-
pro a la viuda”. A través de esta amenaza, que en algunos casos se
ha convertido en realidad, colombianos han sido obligados a entregar sus tierras por algunos pesos, que en ocasiones no han alcan- zado a recibir. Esta frase se ha convertido en uno de los instrumentos para la apropiación ilegal de tierras en Colombia.
De las tierras que los desplazados dejaron atrás, algunas se encuentran abandonadas. Otras están ocupadas por terceros, ya sean ocupantes de buena fe, como campesinos desplazados de otras regiones, u ocupantes de mala fe, como paramilitares, testaferros y
algunas empresas de cultivos agroindustriales, según lo ha declarado el Estado. Y otras hectá- reas ya han cambiado de dueño bajo presión o a través de diligencias administrativas fraudu- lentas y se encuentran en manos de testaferros o han sido vendidas a terceros de buena fe.
La magnitud del despojo es tal que afecta a todo el país. La Comisión de Seguimiento
a la política pública de desplazamiento esta- bleció que la mayor proporción de las tierras
forzadas a dejar en abandono se encuentra
en la región de la Costa Caribe (38,2%), seguida por la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico (34,5%) y finalmente por la región Andina (27,3%). Esta situación se ve agrava- da por los medios usados para la apropia- ción de las tierras: el miedo, las amenazas, el asesinato de campesinos y los procesos administrativos fraudulentos.
Los diferentes tipos de despojo que se presentan en el país fueron identificados por el programa de Consultas para la Recupera- ción de Tierras del Ministerio de Agricultura, Conret: la transferencia forzada de dominio, las ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de propietarios y el desplazamiento de poseedores, ocupantes y tenedores, son los principales.
Una de las situaciones que ha facilitado este despojo es la altísima informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. Esto
se debe, en parte, al retraso del Estado para titular las tierras baldías a los colonos y, también, a la práctica generalizada de no re- gistrar los documentos de propiedad en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, ya sea por evitar el costo de esta diligencia o, simplemente, por el poco peso que aún tiene en el campo la cultura del papel.
Lo cierto es que entre la población desplazada sólo el 18,7% puede catalogar- se como propietaria formal de los predios abandonados, es decir, que han inscrito la propiedad de su predio en una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (orip), según el informe de la Comisión de Segui-
miento. Otros desplazados son “poseedores”o dueños de un predio con un documento
de propiedad no registrado. Muchos de ellos sólo cuentan con una “cartaventa” . También hay un alto número de “ocupantes”, colonos que explotan un terreno baldío y luego les puede ser adjudicado por la Nación. Y se encuentran también “tenedores”, quienes trabajan un predio, ya sea en calidad de arrendatarios, cosecheros (quienes viven de recoger las cosechas) u otros. “No es gratuito que las acciones de despojo y usurpación recaigan especialmente sobre bienes inmue- bles cuya propiedad no ha sido registrada ante las orip”, dice el séptimo informe de la Comisión de Seguimiento.
“Los casos en los que el despojo ha llegado hasta la transferencia de los títulos sobre la tierra se presentan en los territorios de do- minio paramilitar, como la Costa Caribe. En territorios de dominio de la guerrilla, como Huila, Tolima y Caquetá, se presenta aban- dono y repoblamiento de la tierra, pero no hay un interés por la transferencia de títulos”, señala Patricia Buriticá, comisionada de la cnrr y coordinadora de la Comisión Técnica Especializada en el tema de tierras.
La forma ilegal como han sido transferi- das enormes cantidades de predios rurales, y en menor medida urbanos, ha significado
un retroceso en la distribución de la tierra en el país. Instituciones del Estado y organiza- ciones sociales han descubierto que a través de procesos delincuenciales o fraudulentos, pequeñas parcelas de campesinos se han
convertido en grandes fincas a nombre de































 • hechos del callejón

Algunas tierras han sido ocupadas por otros campesinos desplazados. Otras, por ocupantes de mala fe.




un solo propietario, y han sido despojadas fincas que habían sido adquiridas o expro- piadas por el Incora y luego parceladas y adjudicadas a familias campesinas.
Ante esta situación, el Proyecto de Pro- tección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, pptp, ha protegido hasta el momento
3,2 millones de hectáreas a lo largo del país. De ellas, 1,6 millones de hectáreas corres- ponden a solicitudes individuales de protec-
ción de predios.
Aún así, en todas las regiones continúa el fenómeno de la venta masiva de tierras. Ac- tualmente se investiga la situación en muni- cipios como Vistahermosa, Meta, los Montes de María (ver “Sucre: en busca de la protec- ción de la tierra”), en el Urabá antioqueño
y Tibú, Norte de Santander, donde se han multiplicado las solicitudes de enajenación o permisos para la venta de tierras protegi- das. “Estamos estudiando estos fenómenos
ya que podría tratarse del aprovechamiento
de la situación de vulnerabilidad de la po- blación desplazada y de su difícil situación económica, por lo que podrían verse forza- dos a vender su predio a bajo costo”, asegura Ricardo Sabogal, del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio .
Ésta es una mirada a la situación de des- pojo en las tres regiones identificadas por la Comisión de Seguimiento: la región Caribe, la región Andina y el grupo de las regiones
Pacífica, Orinoquía y Amazonía.



Región Caribe

La región Caribe concentra la mayor proporción de tierra abandonada en el país, el 38,2%, a pesar de ser la población desplaza- da que menos tierras poseía: solo el 48,6%
de las familias reporta
letras de cambio y pagarés a su favor, con los que logró el embargo y remate de los bienes. Posteriormente, el Incoder adjudicó estas parcelas a nuevos beneficiarios.
Un caso emblemático del despojo de adjudicatarios de reforma agraria es el de El Verdún, un predio de El Carmen de Bolívar. Cuando fueron desplazados, muchos de es- tos campesinos no habían cancelado el 30%
del valor de la parcela, que les corresponde
presiones”, afirma Sabogal. Según el diag- nóstico elaborado por el Ministerio de Agri- cultura “en los procedimientos de caducidad administrativa se observa que la entidad no tuvo en cuenta la situación pública y notoria de violencia en la zona, así como la pre- sencia de grupos paramilitares armados al margen de la ley que para la época ejercían control en la región”.
la posesión de tierras, según la Comisión de Seguimiento. En la Costa Caribe son más las familias que abandonaron predios menores de 5 hectáreas, que las que abandonaron predios más grandes. En promedio, cada fa- milia dejó 13,7 hectáreas, señala la Comisión.
Los departamentos en los que se ha conocido mayor abandono y despojo de tierras son Bolívar, Magdalena, Cesar y Córdoba, donde “se han apropiado de las mejores tierras del Sinú”, afirma Buriticá. Y los municipios donde hay más solicitudes de protección de predios son Tierralta, Córdo- ba; San Onofre y Ovejas, Sucre; El Carmen de
Bolívar, San Pablo y María la Baja, Bolívar.
pagar a los adjudicatarios, y el Gobierno vendió las deudas de los campesinos a la Central de Inversiones cisa. “Ahora tenemos a una población desplazada que quiere retornar a ese predio, pero por una parte cisa les está cobrando y, por otra, inversores interesados en las tierras les están haciendo ofertas de compra. Tratamos de acompa- ñarlos para que retornen y no pierdan las tierras, pero ellos están sometidos a muchas
Ventas forzadas y desplazamiento de propietarios
En departamentos como Córdoba y Magda- lena los propietarios se han visto forzados a vender sus predios a precios irrisorios bajo intimidación directa. “Los grupos de au- todefensas contactaban inicialmente a los propietarios inscritos de los inmuebles, les proponían comprar las fincas a precios que ellos mismos imponían y sin considerar las


La modalidad de despojo más común
Una de las modalidades de despojo que más se observa en Bolívar, Cesar y Magdalena
es el desplazamiento de quienes han sido beneficiarios de reforma agraria. Así ha ocurrido en Plato y Chivolo, municipios de Magdalena, donde el pptp ha encontrado que los adjudicatarios de parcelas del Fondo Nacional Agrario fueron forzados a despla- zarse en los años noventa por paramilitares bajo el mando de Jorge 40. Poco tiempo después, el Incoder les revocó sus títulos y adjudicó estas tierras a pobladores nuevos.
Algo semejante sucedió en el predio El Toco, en Cesar, adquirido por el Incora en los años ochenta y entregado a 43 familias. A principios de los noventa, un testaferro
de Jorge 40 obligó a los parceleros a firmar























Habitantes de ciénagas han vendido ante la presión de actores económicos y políticos y de inversionistas.


hechos del callejón • 




condiciones de mercado de la época, ni el área objeto de compra. Evidenciamos hasta valores de 150 mil pesos la hectárea de tierra cultivable”, señala el diagnóstico de Conret.
También se presentan las ventas for- zadas por la presión que actores legales e ilegales ejercen en la zona. Por ejemplo, en Córdoba “los campesinos y pescadores de
la Ciénaga Grande de Lorica del Bajo Sinú y
de la Ciénaga Grande deben vender su poca
Desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes
Una de las formas de despojo que más ha afectado al Caribe colombiano es el desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes, debido a la altísima informa- lidad de la tenencia de la tierra.
En el sur de Bolívar, por ejemplo, “de cada 100 campesinos que hay en Simití,
71 no tienen forma alguna de acceder a la
Región Andina
En esta región, donde hay más pe- queños que grandes propietarios, se encuentra el 27,3% de las tierras aban- donadas en el país, según la Comisión de Seguimiento.
tierra ante la agresiva presión que tienen de actores económicos y políticos externos y de inversionistas”, escribe Astrid Álvarez, de la
tierra”, escribe Astrid Álvarez, de Swissaid. Muchos de ellos son colonos que llevaban más de diez años cultivando tierras baldías
En promedio, cada familia abandonó
11,8 hectáreas de tierra, y 2,5 hectáreas de cultivos.
El Magdalena Medio, el Catatumbo, el
“La región Caribe concentra la mayor proporción de
tierra abandonada en el país, el 38,2%, a pesar de ser la población desplazada que menos tierras poseía”
Bajo Cauca y el Urabá antioqueño son las zonas que registran mayor abandono y despojo de tierras. Por su parte, los muni- cipios que mayor número de solicitudes
de protección han presentado en la región
Fundación Suiza de Cooperación al Desarro- llo, Swissaid, en la revista Semillas.
Otra modalidad de despojo en la región es el desplazamiento y el asesinato de los pro- pietarios. Entre las víctimas de esta modali- dad se encuentra María Zabala, despojada
de una finca de 80 hectáreas en Córdoba tras el asesinato de su esposo y su hijo. Zabala
fue ganadora del premio a la Mujer Cafam por su liderazgo en el proyecto “Valle Encan- tado”, en el que mujeres viudas de la guerra y despojadas de sus fincas rehacen su vida. En abril pasado, María fue víctima de un aten- tado contra su vida, el cual se suma a otros hechos de este tipo contra la vida de líderes que, como ella, luchan por la recuperación de sus tierras en Córdoba.
sin que el Estado les titulara, mientras
que otros aprovechaban zonas de reserva, como sabanas y playones comunales, para lograr su sustento. Pero con la llegada de paramilitares y grandes empresarios el panorama cambió. “Somos campesinos
sin tierra que vemos cómo las sabanas y playones comunales que aprovechábamos son cercados y saturados de palma africa- na y ganado. Las tierras que no podían ser tituladas a los campesinos y pescadores
sí fueron entregadas a las empresas de palma”, afirmó Salvador Alcántara, de la Asociación de Productores Alternativos de Simití, Asproas, en el seminario “Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo xxi”.
Andina son Turbo, Antioquia, con 677 so- licitudes, y Tibú, Norte de Santander, con
485. Actualmente, en estas dos zonas hay alerta tanto por la venta masiva de predios como por las amenazas recibidas por los líderes de la recuperación de tierras, que
se han concretado en homicidios, como el de Benigno Gil, desplazado de Mutatá, An- tioquia, e integrante de la Mesa Nacional Campesina de Recuperación de Tierras.

Transferencia forzada de dominio
La situación más grave de transferencia forzada de dominio en la región Andina
se ha presentado en el Urabá antioqueño, según el Ministerio de Agricultura. Allí,
los paramilitares que dominaron la región obligaron a cientos de familias a despla- zarse y a poner su nombre en los folios de matrícula inmobiliaria antes de partir. Esto ocurrió de manera especial en los corre- gimientos El Tres y Currulao, ubicados entre Turbo y Necoclí, y en la zona del río
Tulapas, todos en Urabá.



















Los colonos a los que el Estado no les ha titulado la tierra que trabajan también tienen derecho sobre ella.
Ventas y firmas falsas
En Urabá también se han presentado expropiaciones con firmas falsas, tanto de propiedades como de parcelas adjudica- das por el Incora. En el caso de las par- celas, quienes despojan han presentado solicitudes de adjudicación, las cuales han sido aprobadas prontamente y el mismo día han sido inscritas en la Oficina de Re- gistro de Instrumentos Públicos. Mientras tanto, decenas de familias desplazadas esperan en Medellín la posibilidad de recuperar sus tierras.

hechos del callejón

Las tierras entregadas por el Estado en procesos de reforma agraria son especialmente perseguidas.
Región Pacífica, Orinoquía y Amazonía
El 34,5% de los predios que han sido abandonados o des- pojados en Colombia están ubicados en esta región, según la Comisión de Segui- miento, que también encontró que estos
son predios más extensos que los de las regiones Caribe y Andina, ya que el 42,2% de los predios abandonados o despojados tienen más de 15 hectáreas.
Chocó, Nariño, Putumayo, Meta, Caque- tá, Arauca, Vichada, Guaviare y Casanare son los más afectados por la situación de despojo. Precisamente por ello, municipios como Riosucio, en Chocó, y Vistahermosa,
en Meta, tienen numerosas solicitudes de
Usurpación de cultivos
Otra modalidad de despojo descubierta en la región Andina es la usurpación de los culti- vos. Así sucedió en Urabá, en cuatro veredas antiguamente expropiadas por el Incora a
la sociedad Emilio Hasbún y parceladas en
2000 a decenas de familias campesinas. Raúl Hasbún, empresario bananero y paramilitar, obligó a los campesinos a pagarle las tierras al decomisarles su producción de plátano durante dos años. Actualmente se adelanta
la devolución de algunas de estas tierras como resultado de los acuerdos preprocesa- les del juicio a Raúl Hasbún.

Desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes
En la región Andina también se presentan situaciones críticas por el desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes. En
el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, hay grandes extensiones de baldíos que han sido habitados por familias completas durante tantos años, que algunos ya han heredado. Allí construyeron sus casas y la infraestruc- tura para el ganado pero nunca legalizaron dicha situación. Ante la expropiación masiva de tierras, hoy no tienen pruebas para un proceso judicial. Los paramilitares entrega- ron algunos de estos predios en el proceso
de desmovilización.


Tierras abandonadas
En otras zonas, como en Huila y Tolima, donde el actor armado que predomina es la guerrilla, no se presentan las modalidades
de despojo que practicaron los paramili- tares.
“El desplazamiento de la guerrilla es por vacuna: ‘o paga un precio por estar ahí o se va’. Los campesinos no pueden entrar a su predio por el conflicto, pero a diferencia de los paramilitares, en estos casos la guerrilla no tiene afán de apropiarse del territo-
rio”, afirma Eugenia Méndez, directora de
Conret.
Sin embargo, las tierras sufren otras afectaciones. No solamente se deterioran sus viviendas y se pierden sus animales y cultivos. En algunos casos son ocupadas por terceros de buena fe, como despla- zados de otras regiones. Y en otros, como en San Francisco, Antioquia, la tierra está sembrada de minas antipersonal coloca- das por la guerrilla.

Despojo en la zona urbana
En la zona andina se ha presentado una situación particular: el despojo en la zona urbana, como lo han vivido Barranca- bermeja, Santander, y la Comuna 13 de Medellín.
En Barrancabermeja, por ejemplo, la situación se evidenció entre 1998 y 2000 después de la confrontación entre guerri- llas y paramilitares por el control de las comunas. El poder paramilitar se consoli- dó, sacó a muchas familias de sus casas y posteriormente repobló los barrios. Actual- mente, Acción Social ha iniciado el estudio de esta situación con miras a restituir las
viviendas a sus verdaderos dueños.
protección de tierras: el primero con 338 y el segundo, con 325.

Usurpación por legales
Las disputas territoriales en zonas mayo- ritariamente afrocolombianas, como los territorios colectivos en el Pacífico, han estado relacionadas con la expansión de monocultivos de palma de aceite.
En ocho años, los cultivos de palma en
Tumaco pasaron de 20.996 hectáreas, en
1999, a 34.610 hectáreas, en 2007. Según el primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombia- na, Raza y derechos humanos en Colombia, que será publicado por la Universidad de los Andes, las empresas Palmeiras s.a. y Sala- manca s.a. han explotado 800 hectáreas la primera, y 2.400 hectáreas la segunda, en territorios del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.
A pesar de que el Incora declaró a estas empresas como ocupantes de mala fe y con un fallo les negó sus solicitudes de explota- ción en el territorio colectivo, aún no se ha efectuado la entrega material del territorio a las comunidades, y las empresas siguen allí. “La ocupación de los territorios con los cultivos de palma aceitera ha implicado una dramática pérdida territorial para las comu-
nidades negras”, señala el informe.
Adicional a esta situación, hay otra que también preocupa: actores armados han hostigado y amenazado a la comunidad que defiende el derecho a la tierra, y dos de sus líderes han sido asesinados.


hechos del callejón


Por otra parte, “las empre- sas palmicultoras han talado vastas extensiones de bos- que primario, han drenado los suelos y han construido infraestructura vial en los territorios colectivos para
dar paso al monocultivo”, continúa el informe. Esto ha generado la desaparición de cultivos de subsistencia y el desplazamiento de familias del Consejo Comunitario en busca de otros medios de subsistencia.
Similar situación se presen- ta en los casos emblemáticos de Jiguamiandó y Curvaradó, al norte del Chocó, donde empresas de palma, ganado
y maderas han usurpado al- rededor de 3.836 hectáreas de territorios colectivos afroco- lombianos, y también se han dado operaciones violentas de grupos paramilitares, según publica Cecoín en su revista Etnias y Política.
Ante la inseguridad en
la zona, en febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó las medidas provisionales a miembros de la comunidad.
Asimismo, algunas de las
empresas cultivadoras de pal-

Miles de campesinos esperan que haya seguridad para regresar a su territorio.
ante la construcción de la vía Mocoa-Puerto Asís y el ingre- so de las petroleras Texas Pe- troleum Company y Gulf Oil Company, a las que el Gobier- no les entregó en concesión por 30 años la explotación del crudo en Orito.
Aunque el Incora consti- tuyó cuatro reservas en este departamento a comienzos de los años setenta, en 1992, debido a la construcción de megaproyectos, a los indíge- nas sólo les quedaba el 26%
de los territorios reconocidos, afirma la Procuraduría.
Aún hoy, la entidad ha encontrado que “los actores armados ilegales amenazan, intimidan, asesinan y despla- zan a los dirigentes, líderes
y demás miembros de los consejos comunitarios y de los resguardos que se oponen a la siembra de cultivos de
uso ilícito o a los proyectos de desarrollo en los territorios colectivos”.
En otras regiones del
país, el retraso del Estado en la titulación de territorios colectivos, como lo ordena
la Ley 70 para los territorios de los afrocolombianos,
ha expuesto a estas comu-
ma pretendieron legalizar la expropiación de tierras mediante mecanismos fraudulentos, según lo afirma Cecoín. Aunque las comuni- dades tienen sus títulos como Consejos Co- munitarios, empresas continúan explotando los recursos, mientras las comunidades emprenden acciones judiciales para recupe- rar la posesión material de sus tierras.

Usurpación por actores ilegales
En su informe Primero las víctimas, la Procu- raduría General señala que “Narcotrafican- tes y grupos paramilitares han ingresado al territorio de pueblos indígenas y afrocolom- bianos apropiándose de predios mediante la fuerza, ocupaciones de hecho, o vía títulos fraguados u obtenidos de manera contro- vertida, ya sea para beneficio propio, para
la siembra de coca o para facilitar la conso- lidación y penetración de terratenientes o
campesinos externos” (cidh, 1998).
En el caso de la guerrilla, la modalidad es otra, según la entidad. En los departamentos del Pacífico las Farc presionan a las comu- nidades a sembrar coca en sus territorios
y, además, a vender o a prestar las tierras para la siembra ilegal a favor de quienes ellos designan. Además de esto, impiden el derecho a la libre circulación y al ingreso de alimentos.

Pérdida de territorios colectivos por macroproyectos
Los macroproyectos han influido en la pér- dida de territorios colectivos, como lo dice
la Procuraduría en su informe, donde señala que “los pueblos indígenas han perdido territorio durante décadas ante la implanta- ción no consultada de proyectos de explota- ción de recursos naturales”.
En el mismo documento esta entidad
advierte de esta situación en Putumayo,
nidades al despojo de sus tierras. En el
Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de
la organización popular campesina del Alto
Atrato, Cocomopoca, ha gestionado ante el Incoder y la Unidad Nacional de Tierras Rurales, Unat, para que protejan las tierras que ellos han habitado desde generaciones ancestrales y las registren como territorio colectivo, sin lograr una respuesta positiva. Mientras tanto, la comunidad y la Diócesis de Quibdó ha denunciado hostigamientos
a sus habitantes por parte de empresas mineras que gestionan una licencia para explotar su territorio. La situación que hoy viven los miembros de Cocomopoca es la misma por la que pasaron centenares de campesinos en otras regiones del país, que han sido expropiados, asesinados o forza- dos al desplazamiento.
Éstas son algunas de las caras o las facetas
del despojo de tierras en Colombia.
fuente: revista semana