Evo Morales: “Bases de EE UU en Colombia van en contra los gobiernos revolucionarios”

Por: AFP
Fecha de publicación: 31/10/09
El acuerdo firmado entre Estados Unidos y Colombia para que militares estadounidenses utilicen siete bases colombianas está dirigido contra “gobiernos revolucionarios” de Latinoamérica, afirmó el presidente boliviano, Evo Morales, quien reiteró su rechazo al pacto.

“Las bases militares es contra los gobiernos, los presidentes y movimientos sociales revolucionarios en Latinoamérica”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa en la Casa Presidencial, donde abordó este y otros temas.

Morales suele llamar “gobiernos revolucionarios” a aquellos países que conforman la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA): Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Honduras, Dominica, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas.

Las bases militares son particularmente rechazadas por los presidentes de Bolivia, Ecuador (Rafael Correa) y Venezuela (Hugo Chávez), quienes creen que las operaciones estadounidenses son un riesgo para sus gobiernos de marcados discursos antinorteamericanos.

“Esas bases no son para combatir el narcotráfico” como argumenta el régimen del colombiano Alvaro Uribe, quien además apunta a grupos armados ilegales, indicó el mandatario.

Morales también dijo que su par de Estados Unidos, Barack Obama, “tiene la obligación de justificar” el Premio Nobel de la Paz recibido y retirar “todas las bases militares en el mundo, devolver la democracia en Honduras y levantar el bloqueo contra Cuba”.

“Estoy convencido que donde hay bases militares no se garantiza la paz social, no se garantiza la democracia y no se garantiza el desarrollo de un pueblo y la integración de los países”, agregó.

Según ha trascendido en Bogotá, el acuerdo permite a tropas de Estados Unidos operar durante los próximos diez años desde las bases aéreas de Palanquero (centro), Apiay (este) y Malambo (Caribe, norte).

También podrán utilizar los fuertes del Ejército Tres Esquinas (sur) y Tolemaida (centro), y las bases navales de Cartagena (Caribe) y Bahía Málaga (Pacífico, oeste).

RAZONES PARA LA INSTALACION DE BASES MILITARES ESTADOUNIDENSES EN COLOMBIA

Aristegui - Bases Militares De USA En Colombia (¿Violentar La Region Por Energeticos?)

COLOMBIA ACEPTA LA PRESENCIA MILITAR NORTEAMERICANA

Presuntos paramilitares amenazan a población fronteriza de Venezuela

Por: TeleSUR
Fecha de publicación: 30/10/09


El pasado mes de septiembre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el reforzamiento de las zonas de seguridad en la frontera con Colombia con el objetivo de evitar infiltraciones de paramilitares y narcotraficantes provenientes del país vecino.

30 Oct. 2009 - El coronel Juan Rosales, miembro del comando militar de la región del Táchira (suroeste) en Venezuela, informó que este viernes varios comercios de la localidad tuvieron que cerrar sus puertas por amenazas hechas por presuntos paramilitares.

Según fuentes oficiales, los presuntos irregulares comenzaron a distribuir panfletos amenazadores, lo que obligó a las fuerzas militares a instalarse en tres municipios de la zona.

Rosales indicó que fueron detenidos cinco presuntos distribuidores de los volantes en los que, según dijo, podía leerse que "llegó la hora de la limpieza social".

Igualmente, se corrieron rumores de que estos "paramilitares" se habrían presentado en algunas escuelas de poblaciones cercanas al límite fronterizo para suspender las clases y enviar a los niños a sus casas.

El coronel venezolano confirmó que como medida preventiva, las fuerzas militares tomaron los municipios de Bolívar, Ureña y Junín, todos cercanos a la línea fronteriza con Colombia, 830 kilómetros al suroeste de Caracas (capital).

Por su parte, tanto las autoridades militares como los directivos regionales de Cámaras Empresariales (Fedecámaras), que representan a los empresarios privados de la zona, coincidieron en señalar a los presuntos paramilitares como los autores de las amenazas.

El pasado mes de septiembre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció durante la instalación del II Consejo Presidencial de Ministros, la creación de franjas de seguridad en la frontera con Colombia para evitar la filtración de paramilitares y narcotraficantes provenientes del país vecino.

Chávez indicó que los organismos competentes de Colombia no cumplen con su labor ya que "no sólo no hacen nada para frenar ese fenómeno sino que lo incentivan para debilitar esta revolución".

Durante esa reunión el mandatario venezolano pidió al vicepresidente y ministro de Defensa, Ramón Carrizalez, que revisara la Ley de Seguridad y Defensa que refleja la figura de esas franjas y que en el pasado fueron activadas temporalmente.

Chávez aseguró que esto permitirá establecer medidas especiales para combatir el narcotráfico que afecta diariamente a su país.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Mario Isea, declaró este miércoles que la presencia de paramilitares en el territorio venezolano es una declaración de guerra contra la nación suramericana y forma parte de los planes conspirativos del prófugo de la justicia venezolana, el ex gobernador del Zulia (oeste) Manuel Rosales.

Isea señaló que en este plan de desestabilización también está involucrado el gobernador del estado Táchira (suroeste), el opositor César Pérez Vivas, quien presuntamente mantiene vínculos con paramilitares colombianos.

El parlamentario venezolano indicó que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, conoce la situación que se vive actualmente en la frontera colombo-venezolana y acotó que la presencia de paramilitares en la nación guarda relación con los planes de Rosales de querer derrocar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

GNB capturó a 5 paramilitares en el estado Táchira

Por: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Fecha de publicación: 30/10/09



Caracas, 30 Oct. ABN.- La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) capturó este viernes a cinco ciudadanos, cuatro colombianos y uno venezolano, quienes integraban un grupo paramilitar que se dedicaba a la extorsión de productores y comerciantes de la frontera colombo-venezolana.

Así lo informó el segundo comandante del Comando Regional (Core) Nº 1 de la GNB del estado Táchira, Javier Rosales Duque, a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV).

Señaló que los cinco paramilitares detenidos obligaban a los productores y comerciantes de la zona fronteriza a mantener sus negocios cerrados, porque de lo contrario les cobrarían una multa de 5 mil bolívares fuertes.

Explicó el comandante del Core 1 la GNB en conjunto con el Ejército venezolano mantienen a 515 efectivos militares en la zona para resguardar la seguridad fronteriza del estado Táchira.

Rosales llamó a la ciudadanía a mantener la calma y a confiar en las labores que el Ejército y la GNB llevan a cabo en la frontera para contrarrestar los efectos del paramilitarismo colombiano y de todos aquellas personas que actúan al margen de la ley.

Invitó a los tachirenses, así como a todos los venezolanos, a realizar las denuncias sobre irregularidades por vía telefónica a través del 171.

Piedad Córdoba: Bases de EEUU en Colombia profundizan conflicto con países hermanos

Por: RNV/Prensa Web La Radio del Sur

profundizará la guerra y regionalizará el conflicto con países hermanos". Así lo explicó la senadora colombiana, Piedad Córdoba, en exclusiva para La Radio del Sur, al tiempo que recordó que la instalación de bases en Latinoamérica, por parte de Estados Unidos, tiene un objetivo muy claro.

"Estados Unidos tiene intenciones muy claras de controlar recursos naturales estratégicos en toda la región. De manera muy concreta, desea tener el dominio del petróleo de Venezuela y muchos otros recursos de la biodiversidad existente en la amazonía y en la orinoquía", destacó Córdoba.

Por otra parte, alertó que "el pueblo colombiano ha estado muy desinformado de toda esta problemática, primero porque nosotros estamos desafortunadamente muy golpeados por la hegemonía de los medios de comunicación".

"En Colombia hay un periódico nacional que es el dueño de todos los diarios locales y de los canales y revistas más importantes del país. Los medios en Colombia se han convertido en eunucos del imperio, profesando un servilismo vulgar y cínico, que va en contra de los intereses del país", reiteró Córdoba.

En este sentido, aseguró que "con todas las informaciones erradas del conflicto, tratan de hacerle creer a la gente que las bases forman parte de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".

La Senadora colombiana afirmó además que el gobierno colombiano "ha estado violando, flagrantemente, la Constitución. Nuestro marco legal obliga a que se publiciten hechos que tienen que ver con la vida del país".

Asimismo, Córdoba denunció que "aunque se ha hecho algo de publicidad para dar a conocer el trasfondo de la instalación de bases militares estadounidense en el país, no se han logrado los objetivos esperados, pues los partidos políticos están más concentrados en repartirse unas migajas que en lograr una discusión y una claridad política frente a un tema tan delicado como el que aqueja al país".

Informó a su vez la Senadora que "la instalación de bases en algunas ciudades colombianas elimina los recursos de la inversión social, y lo que significa el desarrollo y el progreso (...) Esta estrategia confronta a Colombia con los países de la región, nos pone en condición del Caín de América y por eso rechazamos absolutamente la iniciativa y continuamos avanzando en nuestra propuesta de bases de paz", finalizó.

Espías del DAS en Venezuela también buscaban captar informantes permanentes

Por: Agencia Bolivariana de Noticias
Fecha de publicación: 30/10/09

Caracas, 30 Oct. Los espías del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano detenidos en territorio colombiano no sólo investigaban sobre las milicias venezolanas sino también buscaban captar informantes permanentes para sucesivas actividades.

Así lo informó el ministro del poder popular para el Interior y Justicia, Tareck El Aissami en un pase telefónico con Venezolana de Televisión.

“La idea de captar informantes era obtener información estratégica y privilegiada que vulnere la soberanía nacional, gente que se convierta en traidores a la patria y se arrodillen ante los intereses imperialistas”, afirmó.

El ministro explicó que las autoridades colombianas han dejado claro la autenticidad del documento estratégico que funcionarios del DAS entregaron a Venezuela y que explica todos los planes de espionaje que se adelantan en contra el país y otros países.

Ministro Tareck El Aissami: Detenidos 10 presuntos paramilitares en la frontera con Colombia

Por: Prensa Web RNV
Fecha de publicación: 31/10/09


30 de octubre 2009. - "Este viernes 30 de octubre en el municipio Bolívar del estado Táchira, localidad de San Antonio del Táchira, territorio fronterizo con Colombia, hemos detenido en distintos procedimientos a 10 ciudadanos, de los cuales 8 son de nacionalidad colombiana y dos de nacionalidad venezolana, quienes portaban armas de fuego", señaló el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.

Estas personas intimidaban a la población y amenazaban a los comerciantes de la zona, al punto de amenazar a los padres y representantes que se disponían a llevar a sus hijos a las escuelas de esa población.

"Además estaban repartiendo una especie de panfleto, propio de las prácticas paramilitares, donde indicaban que se iba a comenzar con una limpieza social, es decir, asesinatos, desapariciones, entre otras cosas", indicó el ministro.

Las armas incautadas durante el procedimiento son de percusión única, utilizadas normalmente por sicarios y paramilitares que se desplazan desde territorio colombiano hasta suelo venezolano con la finalidad de cometer actos criminales.

"Estos procedimientos fueron llevados a cabo en la Región de Defensa Estratégica Integral de Occidente, al frente el general de división del Ejercito, Almirio Acosta, también resalta la participación del general de la Guardia Nacional Bolivariana, Márquez Jaim y los organismos de seguridad del estado, Disip, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Dirección de Inteligencia Militar (DIM); a todos ellos un reconocimiento por su digna actuación en resguardo de nuestra soberanía y paz ciudadana", enfatizó el ministro Tareck El Aissami.

Asimismo, resaltó que la Policía de la entidad mostró una actitud pasiva, por lo que solicitó el inicio de una investigación respecto a la actuación de la Policía del Táchira ante estos hechos graves.

"Entre los detenidos destaca el ciudadano colombiano Jorge Rojas Bolaños, alias el enano, jefe paramilitar. Estos son nuevos indicios de las incursiones, agresiones y violaciones de nuestro territorio por grupos irregulares que se desplazan desde Colombia con el propósito de crear desasosiego, intimidar a nuestra población y atropellar a nuestro pueblo", manifestó finalmente el titular de la cartera de Interior y Justicia.

ASESINATOS... ASI DE SENCILLO

RESISTENCIA MAPUCHE

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SALVAJE OFENSIVA DEL GOBIERNO DE BACHELET EN CONTRA DEL PUEBLO MAPUCHE EN CHILE

22 de octubre 2009. - Es en las puertas de la Comisaría de Ercilla, en Wallmapu, se grabó la golpiza brutal que le propinaron un piquete de fuerzas militarizada de Carabineros a un joven comunero mapuche, Carlos Curiñao, golpiza que se detuvo sólo a los gritos de otros funcionarios policiales "avisándoles" que estaba la prensa y estaban siendo grabados.El joven comunero había acudido a la comisaría junto a su padre, el lonco Juan Carlos Curiñao, a preguntar por la detención de, entre otros, uno de los líderes de la comunidad de Temucuicui, Juan Catrillanca, tras los allanamientos del pasado fin de semana.Ante la evidencia de la grabación hecha pública este martes, el general jefe de Zona de la Araucanía, Eros Negrón, confirmó la baja del carabinero que en la secuencia aparece como el más activo en la golpiza.

MADRES COMUNITARIAS: DE PIE POR NUESTROS DERECHOS Y NUESTRA DIGNIDAD.

SINTRACIHOBI
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORAS AL CUIDADO DE LA
INFANCIA EN HOGARES DE BIENESTAR SECCIONAL CARTAGENA.

Personería jurídica N0. 004922 de Noviembre 14 de 1992
Teléfonos: 6813487-6521609.



Una vez mas informamos a la opinión publica Nacional e Internacional que las Madres Comunitarias de todo el país que a partir de hoy 26 de Octubre de 2009 nos encontramos en cese de actividades, debido a la intransigencia del Estado Colombiano en dar solución a nuestra problemática laboral y social.

Son varios años que tenemos de venir en esta ardua lucha, exigiendo a los diferentes gobiernos que se han dado en el país, el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y demás Organismos Internacionales Defensores de los Derechos Humanos, ratificado por el Estado Colombiano.

Desde que iniciamos esta labor de atención a los niños de las comunidades pobres del país en los Hogares Comunitarios, por parte del Gobierno a través del ICBF, venimos siendo engañadas y estafadas negándonos el reconocimiento laboral y el pago de un salario digno.

Denunciamos ante los pueblos del mundo que el Estado Colombiano con el presidente Álvaro Uribe Vélez a la cabeza nos somete a la mas aberrante humillación y discriminación social, somos mas de 75.000 mujeres en su mayoría cabezas de familia dedicadas a la atención integral de millones de niños donde hemos entregado toda nuestra juventud, nuestras viviendas y nuestra intimidad familiar, trabajando en las peores condiciones inhumanas sin salario y prestaciones sociales como lo establecen las normas Constitucionales y el Código Sustantivo del Trabajo.

Hoy con mas de 20 años de labores el Gobierno mediante el acuerdo 030 entre el ICBF, y el Ministerio de Educación Nacional nos quieren echar injustamente a la calle sin nada, pero se equivoca señor presidente porque nosotras seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias por nuestra dignidad, la de nuestros hijos y la de nuestras familias, por el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y porque no estamos dispuestas a seguir soportando tanta ignominia por parte del Estado.

Es por eso que nuestro grito de Unidad, Organización y Lucha llegue a todos los oídos de las madres comunitarias y se pongan en pie de lucha por nuestras reivindicaciones políticas, económicas, sociales y culturales, se vinculen valientemente a esta histórica jornada por nuestra dignidad, que hace parte de las diferentes luchas que libra el pueblo Colombiano contra el régimen neoliberal y el gobierno lacayo de Uribe Vélez.

Unámonos a ese torbellino popular que recorre a Colombia desde los campos hasta las ciudades, conformado por obreros, campesinos, indígenas, afrodesendientes, mujeres, estudiantes, demócratas, religiosos, defensores de Derechos Humanos, por una Colombia en Paz con Justicia Social diciéndole No a la reelección de Uribe, No a las Bases militares y mercenarios gringos en tierras colombianas, No al desempleo. No mas hambre y miseria en nuestros hogares, Si al trabajo digno, Si a la tierra para los campesinos, Si a la inversión social, Si a la Democracia y Si a la Libertad.

VIVA EL PARO NACIONAL DE MADRES COMUNITARIAS…VIVA…VIVA.

POR NUESTRA DIGNIDAD…UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA.

Cartagena, Octubre de 2009.
Junta Directiva.
Junta Directiva.

LAS TRETAS DE OBAMA Y URIBE

DECLARACIÓN POLÍTICA

Bogotá, octubre 21 de 2009

Como lo dijo un columnista del diario oficialista El Colombiano: “los premios se conceden por los logros tangibles, pero BARACK OBAMA no tiene frutos que mostrar en materia de paz”. Obama sólo hace anuncios demagógicos que combina con la incentivación de la guerra: Estados Unidos no ha retirado las tropas de Irak, ha decidido enviar tropas a Afganistán (incluyendo13 mil más que silenciosamente incrementan los 21 mil aprobados en marzo), propició el golpe de estado al gobierno de Honduras, acordó instalar 7 bases militares en Colombia. Este premio otorgado a OBAMA es más bien un aplauso a su peligrosa maniobra de combinar la demagogia de paz con la guerra. Este galardón tan importante otorgado a un líder del intervencionismo crea un precedente muy peligroso en contra de los pueblos y su emancipación, porque está estimulando la guerra contra los más débiles, estrategia expedita del sistema capitalista para paliar su crisis.

A la vez resultan estimulados los gobiernos aliados incondicionales del imperio como el de Uribe Vélez, quien fue el primero en felicitarlo, así como fue el primero y único gobierno latinoamericano en apoyar la invasión a Irak.

Esta situación traerá repercusiones para este continente y concretamente para Colombia, en un momento de conflicto interno que este gobierno no quiere reconocer y donde cada día se vuelve más prepotente e inhumano negando la posibilidad de crear las condiciones para la liberación unilateral por parte de las FARC de los secuestrados, descalificando y calumniando a la oposición, recortando libertades políticas y derechos democráticos

Uribe se aferra al poder sustentado en la seguridad democrática, uno de los ejes de su política de Estado Comunitario que ha traído pobreza, miseria, desempleo, corrupción, violación de los derechos humanos.
Ni los altos índices de desempleo; ni los escándalos por crímenes y las chuzadas en el DAS que se suman a los crímenes de estado de los falsos positivos; los trucos para proteger los políticos narco paramilitares en la Fiscalía; la corrupción en el Ministerio de Transporte en sus distintas dependencias, en las notarías, en la aprobación del referendo reeleccionista, en la aplicación de Agro Ingreso Seguro donde también se desenmascara lo anti popular de esta política al servicio de los monopolios y grandes terratenientes, como la fallida maniobra de querer aparecer como el “liberador” del Rector de la Universidad Nacional el pasado 16 de octubre con toda la parafernalia de represión contra unos estudiantes que estaban reclamando lo justo etc.; nada de esto ha hecho desistir a Uribe de la segunda reelección por temor a que cuando pierda el fuero sea juzgado por la Corte Penal Internacional.

A lo anterior se suma el desprestigio del gobierno a nivel internacional evidenciado en lo mal librado que ha salido de diferentes eventos internacionales tales como la reunión de Unasur y la asamblea de la ONU, en donde hay pronunciamientos sobre la inconveniencia de su segunda reelección presidencial y valoran como negativo muchas situaciones de corrupción y de malos manejos de la administración pública.

El movimiento de oposición al régimen sigue enfrentando todas esas políticas y desafueros del régimen y de Uribe. Sigue fortaleciéndose con las luchas que libran varios sectores sociales y populares democráticos, progresistas y de izquierda que le apuestan a derrotar el proyecto de Estado Comunitario y la segunda reelección de Uribe con la abstención activa; las masivas marchas del 26 de agosto, del 14 de octubre y la minga nacional indígena, comunitaria y otros movimientos sociales lo demuestran.

El movimiento de oposición al régimen se viene movilizando para derrotar la propuesta de pacto y cogobierno con la burguesía propuesto por algunos sectores políticos socialdemócratas que luchan contra la tendencia progresista, democrática y de izquierda. Como parte del Polo Democrático Alternativo insistiremos en que el candidato que ganó la consulta se someta a los estatutos y al “Ideario de Unidad”, lo mismo que a lo decidido por el II Congreso del Polo; así el Polo saldrá fortalecido y con opción de ser gobierno y luchar por la conquista del poder. El Polo superando sus situaciones internas de funcionamiento y acción política unificada, debe buscar aliados democráticos y progresistas que no están en el PDA, con organizaciones sociales y populares que se oponen a Uribe y al régimen para lo cual debe vincularse más a la movilización social en la que tantas deficiencias ha habido.

MOVIMIENTO POR LA CONSTITUYENTE POPULAR, MCP-POLO

mcp_adelante@yahoo.com

¡Atrás el referendo reelecionista!
¡Que se vaya Uribe!
MCP-POLO
Coordinador Nacional

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO No. 001

SINDESENA SUBDIRECTIVA GUAJIRA




LA PROTESTA: EL PODER DEL PUEBLO COLOMBIANO

La política Neoliberal como estrategia de sometimiento de las economías en consolidación impuesta por mecanismos supranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional ha hecho grandes estragos sociales. A los colombianos nos ha tocado soportar nefastas decisiones gubernamentales atendiendo esta política; liquidación, reestructuración y fusión de empresas del Estado y su consecuente despido masivo de trabajadores, reformas laborales como la ley 50 de 1990 y 789 de 2004 y reformas tributarias que afectan de manera directa y fuerte a la clase proletaria, corrupción desmedida con el erario público, disminución de la inversión social priorizando la operación de programas como la seguridad democrática, violación de los derechos humanos, estigmatización de grupo minoritarios, todo esto sin importar el duro impacto social y económico que ello genere a la sociedad en especial a la clase trabajadora.
La consecuencia; incremento de la brecha económica entre ricos y pobres que se deja al descubierto en las dos últimas décadas. ¿Qué de la estabilidad social del país que garantice la convivencia y vida digna de sus conciudadanos?

Para nadie es sorpresa que el gobierno nacional del doctor Uribe, avalara la propuesta que presentaran los representantes de los gremios económicos del país Fedesarrollo y Asofondos con la negra intensión de desmontar los aportes parafiscales con las cuales importantes instituciones como el SENA, ICBF, y Cajas de Compensación ejecutan programas que favorecen a los más pobres del país.
¿Los Colombianos permitiremos al gobierno de turno dejar desamparados a 11 millones de niños que reciben protección y asistencia del ICBF, a 6 millones de jóvenes que ven en el SENA como la única oportunidad de vida para educarse y enfrentar los desafíos del mundo laboral, desarrollar su libre personalidad para mejorar su calidad de vida y 10 millones de trabajadores de bajos ingresos laborales que reciben subsidio familiar social?
La pretensión de desmontar los parafiscales es tan lesiva con querer cambiarlas por otro tipo de impuestos como el IVA. Esta es otra arremetida económica contra el pueblo Colombiano porque coloca en serio riesgo la estabilidad de estas tres instituciones nacionales y que son de gran aceptación en el pueblo Colombiano.
El IVA es un impuesto regresivo porque no tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto sino el consumo del producto y/o servicio.
Si los pobres en Colombia representan cerca del 70% de la población, quiere decir entonces, que los ingresos para estas instituciones provienen de la clase popular, “pobre ayuda a pobre”.
Estos recaudos serian enviados al fisco nacional para luego transferirlo vía Sistema General de Participación. ¿Qué pasaría cuando se decretare una urgencia nacional o cuando se capten menos impuestos?
La privatización de la gestión de estas instituciones entregándose a manos de empresarios privados nacionales y extranjeros.
Ante estas amenazas contempladas en el proyecto de ley se pierden las garantías de estabilidad económica, autonomía presupuestal y la prestación de programas de carácter social con calidad y cobertura para el pueblo Colombiano.
La lucha social de clases se legitima cuando el Estado es incapaz de garantizar las mínimas condiciones de vida digna para todos sus ciudadanos. Salir a protestar exigiendo respeto y atención por parte del gobierno es un derecho Constitucional que nadie puede vulnerar. En estos momentos de crisis política, económica, ambiental y social es necesario salir a defender los intereses de la clase trabajadora a quien históricamente se le vulneran sus derechos.
Por tanto exigimos al gobierno y a la administración del SENA:
Buscar alternativas para salir de la crisis económica sin que se afecte a la clase proletaria de este país.

Respeto por los derechos mínimos del ciudadanano Colombiano: trabajo digno, educación, protección social, libre expresión, desarrollo de la libre personalidad y derecho de asociación, entre otros.


Estabilidad laboral a las personas que están vinculadas con nombramiento provisional ya que estos trabajadores cumplen con todos sus deberes laborales.
Respeto derecho de negociación, huelga y protesta de trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general que están siendo reprimidos por los patrones y organismos de seguridad del Estado.

Regular y prestar de manera directa los servicios públicos domiciliarios, de salud y educación entre otros.

Por estas y otras razones:

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANO ¡
¡UN PUEBLO SIN EDUCACIÓN, ES UN PUEBLO REPRIMIDO!
¡CORRUPCION INSTITUCIONAL, ES PRIVATIZACION DE LA GESTION!


SINDESENA SINTRASENA

Por falta de yuca no arranca la planta de almidón

!OTRA CHARADA DE URIBE¡
Sincelejo.

La planta procesadora de yuca para extraer almidón que fue inaugurada el pasado 12 de septiembre por el presidente Álvaro Uribe Vélez y en la que se han invertido 20 mil millones de pesos, aún no ha podido dar las primeras libras del producto por falta de materia prima.

Según Jaime Gómez, gerente de Almidones de Sucre, la planta necesita 200 toneladas de yuca diariamente, pero en la actualidad no se consigue debido a que la cosecha de la raíz empieza a mediados de noviembre.

Para mantener la planta en actividad constante se necesitan unas 3 mil hectáreas de yuca, pero ha faltado fomento para ello debido a que el proyecto no contempla la financiación y los productores tienen que costearse la siembra.

La planta, construida con recursos aportados por el Fondo de Fomento Agropecuario, Finagro, continua sin estrenar sus novedosos equipos.

Alejandro Chadid, productor de yuca en el municipio de Toluviejo, había denunciado hacía dos semanas que el Gobierno no estaba estimulando a los pequeños campesinos para que sembraran la yuca.

“Mandan a los campesinos al Banco Agrario para que les presten, pero en esa entidad quedan frustrados por la gran cantidad de papeles y requisitos que le exigen a una gente que a veces no tiene ni para el pasaje a Sincelejo”, comentó en su momento.

Carlos Blanco Madera, campesino de la vereda El Palmar (Ovejas), señaló igualmente que tiene 10 hectáreas aptas para cultivar yuca, pero no lo hace por falta de financiamiento y se lamentó de que programas como Agro Ingreso Seguro lo disfrutaran personas que no lo necesitaban.

La planta está sujeta a la producción de yuca que en Sucre se da de forma artesanal y dependiendo de los factores climáticos, es decir, que un intenso verano podría dar al traste con una de las más importantes inversiones del Gobierno Nacional en Sucre.

El proyecto que fue concebido por los gremios y la Cámara de Comercio como la alternativa más efectiva para generar empleo rural y urbano con la siembra y procesamiento de la raíz, aún no ha dado los resultados esperados.

El viernes anterior, en visita a esta ciudad, Uribe propuso que la procesadora sea vendida a inversionistas privados por lo que muchos no entienden debido a que aún no se ha estrenado. JVF
FUENTE: http://www.elheraldo.com.co/

Sociedad Homo et Natura* / Soberania.org - 24/08/09
Un año de impunidad: Los expedientes se enfrían en la Fiscalía de Maracaibo

El 22 de agosto se cumplió un año de la represión militar contra militantes sociales, de los medios comunitarios, ecologistas y el pueblo Yukpa del Yaza que ocupaban las haciendas Tizina, Kusare, Brasil y Paja Chiquita.

Esta operación militar ocurrió en la carretera Machiques-Tukuko, a la altura de la entrada a las comunidades del Yaza, en la Cuesta del Padre; más de dos mil detonaciones de armas largas fueron realizadas por efectivos del Ejercito y la Guardia Nacional por orden del General Izquierdo Torres de la Primera División de Infantería, 12 Brigada de Caribes del Fuerte Macoa Machiques, quien desde el 12 de agosto de 2008 mantenía con cinco alcabalas un cerco militar en la zona desde la disyunción Toromo Tukuko a pocos metros de la Morena, hasta la entrada de la hacienda Brasil, y otra por detrás en la comunidad Tukuko a la altura de la entrada del Yaza.

Por orden del General Izquierdo Torres, no se permitía la entrada de la prensa ni comida y medicinas que los grupos sociales y ecologistas les llevaba dada la precaria situación de salud y hambre a que fue sometido desde el mes de marzo el pueblo Yukpa del Yaza a raíz de la ocupación de la hacienda Tizina, posteriormente las haciendas Kusare y Brasil.

Los primeros conatos represivos ordenado por el General Izquierdo Torres se iniciaron el sábado 16 de agosto cuando se retuvo por espacio de cuatro horas a un grupo de periodistas de Vive TV, Ávila TV, RNV, y de medios comunitarios asociados a ANMCLA (Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos) que vinieron de la ciudad de Caracas a cubrir la noticia de la visita por vez primera a dichas comunidades de la señora ministra indígena Nicia Maldonado, del General de Brigada Jesús Gregorio González González, Comandante Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional (FAN), del propio General Izquierdo Torres, del Lic. Sergio Rodríguez representante de la señora ministra Yubiris Ortega de Carrizalez en la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras Indígenas. Tanto Maldonado como González González fueron a abogar en favor de los hacendados exigiéndoles a los Yukpa que desocuparan las haciendas a cambio del financiamiento de un proyecto turístico a ubicar en las montañas de donde bajaron.


Ganaderos y sicarios mataron al anciano Yukpa José Manuel Romero


La situación estaba tensa a raíz de la muerte del anciano José Manuel Romero (padre de Sabino Romero Izarra cacique de la comunidad Chaktapa asentada en las tierras recuperadas de la hacienda Tizina) en el Hospital General del Sur el 22 de julio, a raíz de una golpiza que el lunes 7 de julio de 2008 el supuesto propietario de la hacienda Kusare, Alejandro Chávez Vargas, acompañado por cinco de sus peones/sicarios le propiciaron al anciano de 109 años.

Luego de los golpes, más de dos semanas el anciano Yukpa permaneció callado, lleno de rabia e indignación, no quiso ir a formular la denuncia a la Fiscalía de Machiques, pero al final el médico que le practicó la autopsia dijo que murió de parásitos (después de convivir con ellos 109 años, insólito).

En el marco de la paralización del proceso de demarcación del hábitat y tierras indígenas desde julio de 2006, esta muerte aceleró la toma de las haciendas Kusare y posteriormente Brasil por parte de los Yukpa del Yaza.


En la Fiscalía duermen los expedientes

El acoso al dirigente Yukpa Sabino y de su padre: el riesgo que corre su vida, la satanización por parte de la Ministra indígena Maldonado y del Vicemisnistro del ambiente Sergio Rodríguez y la muerte del anciano fue llevado a la Fiscalía 40 cuyo titular es el abogado Víctor Valbuena y los excesos y las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejercito y Guardia Nacional a los indígenas y activistas del movimiento social y ecologistas fueron denunciados de la Fiscalía 45 de los Derechos Fundamentales.

No se cumplió por parte de la Guardia Nacional, Coronel Freites, ni del Ejército, General Izquierdo Torres, la acción de protección para el Cacique Sabino Romero producto de las amenazas de muerte que ha recibido ordenada la Fiscal Yomaira Montiel encargada del caso. Esta petición fue respaldada por el Fiscal Superior Dr. Einer Biell Morales. A la final la medida la realizó la DISIP quien llegó a ir unas dos veces a la comunidad. Tampoco se le ha entregado a Sabino Romero Izarra la copia del expediente solicitada varias veces al Fiscal Víctor Valbuena, argumentando hasta tanto el no demuestre que es hijo del anciano José Manuel Romero, pese a que Sabino ha presentado su Partida de Nacimiento, ¿qué intereses se esconden detrás de este “formalismo” jurídico?.

Mucho menos la Fiscalía 40 ha llamado a declarar al ingeniero Sergio Rodríguez quien acusa a los moradores de Kasmera de haber secuestrado a ganaderos y mantenerlo escondido en la comunidad donde fue recuperado por organismos de seguridad, tan grave acusación fue emitida en público por el funcionario del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en un foro realizado el viernes 31 de octubre de 2008 en el auditorio Hugo Montenegro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Esta denuncia la realizó la cacique Amalia Pérez de Kasmera y sus familiares en la fiscalía 20 en presencia de la propia Fiscal Superior Damelis Brazón, el Fiscal 40 Víctor Valbuena y el Fiscal Auxiliar Emiro Araque de la Fiscalía 20. La ley no es igual para todos, o se le está protegiendo por ser este señor ahora viceministro.

Hace uno meses se le dio sobreseimiento en los tribunales de la Villa a los imputados Kelys Amundaray, Maryluz Coromoto Guillén Rodríguez, María de los Ángeles Peña Fonseca y Tomas Antonio Becerra Ramírez, quienes fueron detenidos acusados por la Guardia Nacional en la Fiscalía 20 de Machiques y detenidos horas después de los acontecimientos del 22 de agosto de 2008 en la Cuesta del Padre en el momento de trasladar y acompañar a la Medicatura del Fuerte Macoa a Tomas Antonio Becerra Ramírez quien había quedado inconsciente de la paliza que le propiciaron efectivos de la Guardia Nacional y del Ejercito. Una victoria asistida por el abogado Leonel Galindo y orientada por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la Sociedad Homo et Natura.

A raíz de estos acontecimientos ocurridos, el domingo 24 de agosto, el Presidente Chávez en el Programa Aló Presidente se pronunció a favor de la causa Yukpa, ordenó pagar las bienhechurías de las haciendas y a la Ministra Yubiri Ortega de Carrizalez a reactivar la demarcación de las tierras del pueblo Yukpa. Hasta la fecha nada de esto ha sido posible por culpa de los intereses que se mueven detrás de esta perniciosa burocracia que conforman los once ministerios que la conforman y los malinches de turno.

Al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela: Sr. Hugo Chávez Frías

Por: Los Firmantes
Fecha de publicación: 19/10/09
Es con enorme preocupación que nos dirigimos a Usted, frente a los sangrientos acontecimientos ocurridos en territorio indígena de la Serra de Perijá, estado de Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Es un hecho histórico, Señor Presidente, que en las últimas décadas la insurgencia indígena se viene constituyendo en la principal fuente de resistencia a la nueva onda de expropiación en curso que busca apropiarse de los territorios que aún están bajo el dominio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de diferentes campesinos (pescadores, montañeros, Pueblos de la Selva (Chico Mendes), entre tantos otros).

Los pueblos indígenas, Señor Presidente, son una fuente de inspiración para todos nosotros por su lucha de 500 años por la preservación de sus territorios sin los que, sus culturas, quedan reducidas a un lujo exótico para la explotación turística. Sabemos cómo nuestros recursos naturales vienen siendo objeto de la codicia del imperialismo y también por un colonialismo interno que reproduce, al interior de nuestros países, las mismas pretensiones de desalojo de los pueblos indígenas so pretexto de un desarrollismo que, más allá de eso, ha sido responsable de la devastación del medio ambiente y por la exclusión social.

Lo que viene ocurriendo en la Sierra de Perijá no es una novedad en la historia de resistencia de 500 años de los pueblos indígenas: grupos no-indígenas de hacendados, ganaderos, mineros, además de funcionarios del Estado, buscan dividir a los pueblos indígenas para debilitarlos y de esta forma, introducir en sus territorios un modelo societario en base a la propiedad privada y en principios liberales individualistas cuyo resultado, históricamente, ha sido la miseria y la devastación. No debemos olvidar, Señor Presidente, que el derecho indígena es un derecho originario y, por tanto, tiene precedencia sobre cualquier otro que pueda ser invocado. Siendo así, el reconocimiento de la territorialidad del pueblo Yukpa, con sus prácticas de uso comunitario y colectivo de todas las fuentes de vida – plantas, animales, suelo, aire y agua – debe ser respetada, evitándose su parcelamiento entre propietarios privados, con todas las implicaciones que esto trae de estímulo a prácticas individualistas y anti-comunitarias.

En los años ochenta, la misma incomprensión de la lucha indígena, en el caso de los Miskitos, llevó a la Revolución Sandinista (1979-1989) a un innecesario desgaste, toda vez del apoyo que los Miskitos dieron a la Revolución en contra de la dictadura de Somoza. En Venezuela, Señor Presidente, fue grande la esperanza indígena de que sus territorios serían, finalmente, demarcados. Su cercanía a Evo Morales, quien ha sido objeto de una intensa campaña de carácter racista, nos lleva a creer que una política coherente con la política externa también pueda ser practicada en territorio nacional. Em este caso, Señor Presidente, debemos ser claros en distinguirnos de los sucesos ocurridos recientemente en la Amazonia peruana, cuando decenas de indígenas fueran asesinados por una política colonial-desarrollista del neoliberal Alan García.

Es por esta razón Señor Presidente que, nosotros intelectuales y personalidades que acompañamos con simpatía la Revolución Bolivariana, acudimos a Usted para pedirle que tome en sus manos las riendas de lo que viene ocurriendo en la región de la Sierra de Perijá, comenzando por el respeto a la vida del Cacique Sabino Romero y, sobre todo, tomando en serio las reivindicaciones de las organizaciones sociales que vienen dando apoyo a la causa de los indios Yukpa, ellas son:

1.- Concretar El pago de las bienhechurías de las haciendas recuperadas (demanda recurrente de las comunidades Yukpa y orden presidencial desde agosto de 2008), como exigencia esencial para generar un ambiente de seguridad y confianza que pueda dar paso a la demarcación.

2.- Inclusión efectiva de las autoridades ancestrales y tradicionales del Pueblo Yukpa em la toma de decisiones de los asuntos que les afecten más directamente como pueblo, de conformidad con el derecho Yukpa y la legislación indigenista vigente. El Estado debe incluir el protagonismo indígena en todo el proceso de demarcación, en particular, en el proceso de su planificación.

3.- Reformular los procedimientos para la consulta pública. En el caso Yukpa, la consulta debe ser comunidad por comunidad y cumpliendo el principio de la información previa, libre y de buena fe. Los documentos importantes del proceso de demarcación deben ser traducidos al idioma Yukpa.

4.- Garantizar que la demarcación cumpla con los criterios de “Tierras saneadas: sin hacendados ni minas”, que ha sido la solicitud expresa y permanente de las comunidades Yukpa.

5.- La destitución de todos los funcionarios del Estado involucrados en este proceso, porque su orientación está contribuyendo al conflicto y no a su solución.

Seguros de su receptividad, Señor Presidente, no sólo suscribimos esta carta, sino que nos ponemos a su disposición para contribuir al pleno éxito de la Revolución bolivariana, sobre todo, para incorporar la defensa del derecho originario de los pueblos indígenas a sus tierras, condición sine qua non para que su cultura tenga la dignidad que hasta ahora les ha sido negada.

Ana Ester Ceceña – México

Carlos Walter Porto-Gonçalves – Brasil

Nubia Estella Lindo Rojas – México.

Pablo Tasso – Argentina.

José Angel Quintero Weir – Venezuela

Efraín León – México.

Alexis Fernández – Venezuela.

Zaide Fernández – Venezuela.

Roland Dennis – Venezuela.

Asmery González - Venezuela
Siguen más firmas....

ENCUENTRO ENTRE GOBIERNOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN BOLIVIA

OLIVER STONE HABLA DE CHAVEZ

EEUU y Otan cercan militarmente a Venezuela por aire, tierra y mar

Caracas, 15 Oct. ABN.- El Gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente fue galardonado recientemente con el Premio Nobel de la Paz, persiste en su intención de cercar militarmente a Venezuela por aire, tierra y mar. Para ello, cuenta con el apoyo y colaboración de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), los gobiernos de Alemania, Colombia y Panamá, y de la Guayana Francesa, departamento de la República de Francia.

La denuncia fue formulada por el vicepresidente del Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), diputado Carolus Wimmer. El funcionario informó que además de las 10 bases militares en territorio colombiano y la IV Flota en el Caribe -ya conocidas- ahora Washington contará con dos nuevas bases navales en Panamá y el lanzamiento de un satélite de comunicaciones militar desde la Guayana Francesa.

Wimmer se refiere específicamente al acuerdo militar que suscribirán el próximo 30 de octubre los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos, y que será firmado por el recién electo presidente panameño, Ricardo Martinelli, y la Secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton.

Destacó que las dos bases navales serán instaladas, una en Bahía Piña, en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia, y la otra en Punta Coca, al sur de la provincia occidental de Veraguas, ambas en el litoral Pacífico de Panamá.

En ese sentido, recordó que este acuerdo contraviene el Tratado Torrijos-Carter, suscrito en Washington el 7 de septiembre de 1977 entre Omar Torrijos (Jefe de Gobierno de Panamá) y Jimmy Carter (presidente de EEUU), y que puso fin a la presencia militar norteamericana en Panamá en cuestión de semanas. En ese entonces, el país centroamericano se independizó militar y políticamente de Estados Unidos.

El diputado refirió además que movimientos sociales panameños denuncian la construcción de una amplia pista de aterrizaje en Metetí, Darién, que sería utilizada por aviones norteamericanos.

Otan y Alemania en Surámerica

Por otro lado, el parlamentario comentó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) lanzó recientemente un satélite de comunicaciones militar desde la Guayana Francesa, al este de Venezuela, que estará al servicio del Bundeswehr, el Ejército Federal alemán.

“El satélite ha sido llamado SatcomBw y fue lanzado desde la base espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, un puerto a disposición de la Agencia Espacial Europea”, aseveró.

El Comando Sur también busca un lugar en la Guayana Francesa que permitiera a las aeronaves militares alcanzar lugares en África, vía la Isla Ascensión. EEUU aparentemente ya buscó usar instalaciones en Recife (Brasil) con el mismo propósito, pero agencias de prensa internacionales expresaron que las relaciones políticas con Brasil no son favorables para el acuerdo.

Militarización de Colombia y El Caribe

Ya el Gobierno de EEUU tiene tres bases militares en Colombia. La primera en Arauca, diseñada para “combatir” el narcotráfico en Colombia, pero realmente utilizada como punto estratégico para el monitoreo de la zona petrolera, especialmente la de Venezuela.

La segunda está en Larandia, sirve como base de helicópteros, posee pista de aterrizaje para bombarderos B-52, una capacidad operativa que sobrepasa el territorio Colombiano y permite una cobertura para ataques en casi todo el sur del continente.

La tercera se ubica en 3 Esquinas, sirve para operaciones terrestres, helitácticas y fluviales, además de haberse convertido en un punto estratégico para ataques contra la guerrilla. Esta instalación es receptora permanente de armamento, logística y sirve para el entrenamiento de tropas de combate.

Adicionalmente, el Pentágono, ministerio de guerra de Estados Unidos, está por instalar siete bases militares nuevas en territorio colombiano: tres aéreas en Malambo, departamento de Atlántico; Palanquero, en Cundinamarca; y Apiay, en Meta. Otras dos del Ejército en Tolemaida, en Cundinamarca; y Larandia, en Caquetá. Y las dos restantes serán en Cartagena y Bahía Málaga, en el departamento de Valle del Cauca.

La administración Obama ha expresado que la idea es sustituir la antigua Base Militar y Aeronaval de Manta, desalojada por el Gobierno de Ecuador. Manta era el principal centro de espionaje electrónico, con tecnología satelital, del Pentágono en Suramérica, utilizada como plataforma logística de inteligencia militar para desplegar operaciones del Comando Sur.

En tanto, hay otras dos instalaciones, la Base Militar Reina Beatriz en Aruba y la Base Militar Hatos en Curazao. Ambas conforman la conocida IV Flota y son utilizadas para el monitoreo satelital y como apoyo para el control de vigilancia en el Mar Caribe.

Amenaza declarada

“Efectivamente se trata de una amenaza múltiple, por parte de Estados Unidos y de la Otan, una seria amenaza de inteligencia y operacional”, condenó el diputado Wimmer.

Si bien el presidente Obama acaba de recibir el premio Nobel de la Paz por su “discurso pacifista”, Wimmer sostuvo que ahora la política está cambiando nuevamente y regresando a los aires del pasado, dando la impresión de que el Gobierno de Obama quiere implementar en la región una doctrina militar imperialista, aunque su discurso diga lo contrario.

Por ello, Wimmer, subrayó que las acciones son claras. “La administración Obama en lugar de reducir su presencia militar en el continente, la sigue incrementando constantemente. En ese sentido, la amenaza militar contra Venezuela se profundiza y fortalece'.

La fuente original de este documento es:
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) (http://www.abn.info.ve)

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HONDUREÑO

¡¡ MADRES COMUNITARIAS MOVILICÉMONOS PARA IMPEDIR QUE EL GOBIERNO NOS ACABE ¡!¡¡ EXIJAMOS NUESTROS DERECHOS ¡!

Durante más de 22 años el Estado Colombiano a través del ICBF, delegó en las MADRES COMUNITARIAS la atención de millones de niños menores de 6 años a lo largo y ancho de Colombia, mediante el programa HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR el cual progresivamente se fue cualificando gracias a que miles de Madres se han capacitado como profesionales, técnicas ó tecnólogas en preescolar y casi todas han culminado los estudios secundarios.

También gracias a las varias luchas lideradas por nuestras organizaciones sindicales, logramos mayores recursos del ICBF para raciones de los niños, material didáctico, menajes, préstamos para mejora de vivienda, incremento de la beca y algunos beneficios en seguridad social, aunque en toda la historia nos han negado la condición de trabajadoras y los derechos laborales.

El Estado y la sociedad colombiana tienen una deuda histórica con las madres comunitarias, pues no nos han pagado arriendo pese a que dispusimos nuestras viviendas al servicio de los niños, cedimos la privacidad, a muchas se nos desintegró la familia. Ofrendamos nuestra juventud y capacidad física, amor y disposición en procura de lograr lo mejor para los niños sin embargo no hemos tenido el reconocimiento merecido, por el contrario hemos sido maltratadas, engañadas, vulnerados nuestros elementales derechos como ciudadanas y como trabajadoras, además de la presión y el abuso clientelista de los caciques politiqueros que en asocio con directivas del ICBF se creen dueños de los recursos de los niños, de la madres comunitarias y de los padres usuarios.

Desde el 2006 el ICBF en convenio con el Ministerio de Educación Nacional montaron la política para la primera infancia, hoy más conocida como la revolución educativa, si bien es cierto esta política tiende a mejorar la calidad de la atención, dudamos que en la práctica sea sostenible, pues la mayoría de los servicios serán prestados por operadores privados, haciendo de los derechos de los niños un negocio más para el lucro económico y electoral. También dudamos que la buena calidad sea sostenible por la crisis presupuestal de la mayora de los municipios que son los que la financian.

Las Madres Comunitarias no fuimos tenidas en cuenta en la concreción de dicho convenio, todo lo contrario en los Jardines Infantiles o Sociales que se están creando no se contempla la posibilidad de vincularnos pese a nuestra experiencia; en varios lugares ya se inicia el cierre de hogares comunitarios por bajas coberturas, pues los padres se llevan los niños a donde les ofrecen gratuidad y mejores condiciones, ya que allá no tienen que pagar tasa compensatoria como en los programas del ICBF.

El gobierno nacional, los caciques polítiqueros que se han sostenido con los votos de las madres comunitarias (y aspiran a seguirlo haciendo), y las directivas del ICBF saben claramente que esa es la forma de acabar con las madres comunitarias, por eso además proyectan sacar a las asociaciones de la administración del programa mediante la contratación por licitación para el 2010.




A LAS MADRES COMUNITARIAS DE TODO EL PAIS

NOS CORRESPONDE HOY, DAR UNA GRAN LUCHA Y MOVILIZARNOS

PARA IMPEDIR QUE NOS EXTERMINEN Y NOS LANCEN A LA CALLE SIN NINGUNA GARANTÍA DE VIDA,

POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DEL ICBF,

PARA QUE GOBIERNO NACIONAL Y EL ICBF FORTALEZCA EL PROGRAMA HCB:

ASIGNANDO RECURSOS SUFICIENTES PARA BRINDAR GRATUIDAD.

ASIGNANDO RECURSOS SUFICIENTES PARA MEJORAR LAS RACIONES Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LOS NIÑOS (Material didáctico duradero y de consumo adquirido directamente por las Asociaciones de Padres administradoras del programa de acuerdo a las realidades necesidades, mejor calidad y costos favorables; implementación de normas de seguridad industrial, cubrimiento de servicios públicos, entre otros aspectos).

MANTENIENDO LA CONTRATACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL PROGRAMA.

GARANTIZANDO CONDICIONES FAVORABLES Y ESTABLES A LAS MADRES COMUNITARIAS A TRAVÉS DEL:

Reconocimiento de las madres comunitarias como trabajadoras.
La afiliación directa, totalmente gratuita a las Cajas de Compensación Familiar y la garantía de recibir Subsidio Familiar para beneficiarios y para mejora o compra de vivienda.
El cumplimiento, sin intermediarios ni a favor de la clientela en el ICBF, del Decreto 3590 del 2007, que establece para todo el país el cobro del servicio de Agua, alcantarillado y recolección de basuras con tarifa de estrato uno (1), a los hogares donde funcione HCB y Hogares Sustitutos del ICBF.
El cumplimiento, sin intermediarios ni a favor de la clientela en el ICBF, del Decreto 135 del 03 de abril de 2009, que establece para Bogotá, el cobro de Energía Eléctrica y Gas Natural con tarifa Uno (1) para los HCB y Sustitutos del ICBF.
Garantía de un pensionamiento legal y digno para las madres comunitarias más antiguas en el programa. ¡NO AL SUBSIDIO DE INDIGENTES QUE OFRECE EL GOBIERNO!

DENUNCIAMOS:
El engaño del que hemos sido víctimas con el Fondo Nacional del Ahorro

La intermediación clientelista propiciada por el ICBF para afiliación a las Cajas de Compensación Familiar y adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos existentes para el cobro de tarifas de servicios públicos

El propósito de sacar de la administración del programa HCB a las Asociaciones de Padres Usuarios con la contratación por licitación programada por el ICBF para el 2010.

HOMENAJE AL CHE GUEVARA

EL COSTO ECONOMICO DEL CONFLICTO EN AFGHANISTAN

VIBRANTE LUCHA DE LOS PERSONEROS ESTUDIANTILES.

En menos de 72 horas los personeros del municipio de Riohacha volvieron nada las directrices trazadas por la secretaria de educación departamental a través de la circular 061 del 28 de septiembre del año en curso que motivaba a que los estudiantes del departamento de la guajira desarrollaran actividades académicas normales del 5 al 9 de octubre ,llevándose por delante el decreto 1373 del 24 de abril del año 2007 , el cual establece que las instituciones educativas de pre-escolar , básica y media en su calendario académico incorporaran 5 días de receso estudiantil en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América , este decreto el 1373 emana de la presidencia de la república y lleva la firma de la ministra de educación María Vélez W.
Los personeros estudiantiles de las instituciones educativas: LICEO NACIONAL PADILLA, LIVIO R.FISHIONI, DENZIL ESCOLAR, EL JOSE ANTONIO GALAN, levantaron consignas de DESOBEDIENCIA a la resolución N 061 y motivaron con su accionar a que estudiantes de otras instituciones educativas de una maneras u otra expresaran su descontento frente a las pretensiones de mantenerlos en la actividad académica, violándoles el derecho legitimo a hacer uso de la semana de receso estudiantil.
El secretario de educación departamental DR. Luis Alfonso Barros Arévalo asumió de manera unilateral, sin una previa discusión con la comunidad afectada, vale decir comunidad educativa, una decisión que afecto a un importante sector de la comunidad, los estudiantes.
Es necesario señalar que los personeros estudiantiles y los concejos estudiantiles son formas de organización establecidas en la ley y que se concretan a través de procesos democráticos desarrollados en la instituciones educativas , que son legitimados por los estudiantes a través de procesos eleccionarios que se definen además en la urnas , lo cual nos indica a todas luces , que no en todas circunstancia los estudiantes deben ser ignorados, máxime cuando por su capacidad de movilización y organización de alguna manera se constituyen en un mecanismo de presión valido , lo demostraron al desobedecer la circular 061 .
Ahora los argumentos que acompañaron a dicha resolución son muy cuestionables por que encajan perfectamente en la malévola intensión de la materialización de la matriz de información que se viene gestando desde hace meses en esta ciudad y algunos medios de comunicación y en la cual la administración municipal y su secretario de educación Blas Medina juegan papel destacado.
La matriz de información conduce a que la sociedad del departamento de la guajira deslegitime el accionar permanente que desarrollan los docentes de este departamento en la brega por la defensa de la educación pública, en este proceso es inevitable la convocatoria a movilizaciones, paros, y asambleas informativas.
Hoy las políticas neoliberales ponen en grave riesgo la educación pública en todo el país, las posibilidades de que los niños, niñas y jóvenes accedan a la educación gratuita y de calidad se enrarecen cada día mas ¿Como nos vamos a disciplinar los docentes ante semejante situación? La privatización de la educación pública galopa en este departamento y se manifiesta de hecho en el decreto 2355, las políticas de certificación y la implementación de los mega colegios si son cedidos a particulares, otros aspectos que llevan a la permanente protesta del magisterio tiene que ver con:
Hacinamiento en las instituciones educativas generándose un deterioro de la calidad de la educación y un fenómeno del que poco se habla la indisciplina, la tercerización un concepto que creíamos que era patrimonio de otros trabajadores hoy campea en el magisterio, contratos leoninos que violan las mínimas condiciones de relación laboral en el magisterio, el incremento de la carga laboral del docente generando una carga adicional de estrés que conducen al deterioro de la salud del docente, unos servicios médicos que riñen con la dignidad del ser humano , el nuevo fenómeno del cambio climático que más temprano que tarde tendrá que discutirse sobre su impacto en la calidad de la educación sobre todo de los departamentos de la costa Caribe donde la temperatura llega a los 38,39 y 40 grados y las instituciones educativas no están acondicionadas para esta situación ,la política departamental de capacitación docente hace agua , donde esta obedece más a políticas clientelistas que a necesidades reales del docente , la torpeza política de llevar la certificación a todos los municipios de la guajira a sabiendas de la incapacidad de estos de asumir el compromiso de la educación pública, el programa ni un niño menos de la administración departamental que genera algunas inquietudes y preocupaciones en docentes y directivos docentes anterior panorama nos indica a todas luces que la absoluta normalidad académica en el departamento de la guajira es una quimera, un sueño irrealizable y que disciplinar al docente es una estupidez, cuando se cierne tanto peligro sobre algo tan sagrado como la educación pública al docente no le queda otra opción que la movilización y la protesta, es así como nos preparamos ya para la jornada del próximo 14 octubre donde estaremos dando otra demostración de lucha.
A los personeros estudiantiles y a las bases estudiantiles todas las felicitaciones del mundo por su lucha contra la resolución 061.
Al gobierno nacional, departamental y municipal la advertencia de que toda política en contra de los intereses de la comunidad educativa será duramente cuestionada desde el debate y desde la movilización
Fraternalmente
José Eduardo Camargo
Secretario de derechos humanos de ASODEGUA- 3157244363
www.informedeladocencia.blogspot.com – josecmrg1@gmail.com
Viernes, 09/10/009
Anexamos 4 documentos:

MILES DE MAESTROS SE TOMARON QUITO

Miles de maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) arribaron, desde la 6 de la mañana de hoy, al parque de “El Arbolito” para iniciar otra jornada más de movilización con el objetivo de que sus exigencias sean escuchadas por el Gobierno Nacional.

Pastaza, Morona Santiago, Esmeraldas, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Pichincha, Guayas, y el resto de provincias se hicieron presentes en el sitio de concentración y cumplieron con el objetivo de la denominada “Toma de Quito”. A la masiva movilización se unieron además estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), así como trabajadores, campesinos y alumnos y padres de familia de los diferentes establecimientos educativos del país.


Mery Zamora, Presidenta Nacional de la UNE, aseguró que la paralización del gremio sigue firme pese a las amenazas del gobierno nacional. La titular de los maestros indicó que el diálogo es importante pero sin condiciones.

De su lado, el Presidente de la UNE de la provincia del Guayas, Willan Pazmiño, aseguró que la policía ha impedido el paso de varios docentes que llegaban a Quito desde varias provincias. Agregó que pondrán acciones legales por la represión hacia los maestros.

Una de las provincias que sufrió mayor represión hacia la llegada a Quito fue Manabí, quienes fueron detenidos en la Y de Portoviejo y Punín. Adyade Gutiérrez, maestra de esta provincia manifestó que los buses en las que se movilizaban fueron detenidos por los gendarmes por más de dos horas y obligados a Portoviejo para comprar nuevos pasajes.


Asimismo, varias organizaciones sociales y estudiantiles se hicieron presentes, es el caso de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) quienes se solidarizaron con la lucha de los maestros que mantienen los estudiantes universitarios respecto a la ley de educación superior. Así lo aseveró el presidente de la FEUE Nacional Marcelo Rivera.

Servicio Informativo “OPCIÓN”

Las caras del despojo de tierras

Muchas de las tierras y el patrimonio que los desplazados dejaron atrás ahora aparecen registradas a nom- bre de otros. Éste es un panorama nacional y regional de las modalidades de despojo a través de las cuales actores legales e ilegales se están quedando con tierras de campesinos.


Me vende o le com-
pro a la viuda”. A través de esta amenaza, que en algunos casos se
ha convertido en realidad, colombianos han sido obligados a entregar sus tierras por algunos pesos, que en ocasiones no han alcan- zado a recibir. Esta frase se ha convertido en uno de los instrumentos para la apropiación ilegal de tierras en Colombia.
De las tierras que los desplazados dejaron atrás, algunas se encuentran abandonadas. Otras están ocupadas por terceros, ya sean ocupantes de buena fe, como campesinos desplazados de otras regiones, u ocupantes de mala fe, como paramilitares, testaferros y
algunas empresas de cultivos agroindustriales, según lo ha declarado el Estado. Y otras hectá- reas ya han cambiado de dueño bajo presión o a través de diligencias administrativas fraudu- lentas y se encuentran en manos de testaferros o han sido vendidas a terceros de buena fe.
La magnitud del despojo es tal que afecta a todo el país. La Comisión de Seguimiento
a la política pública de desplazamiento esta- bleció que la mayor proporción de las tierras
forzadas a dejar en abandono se encuentra
en la región de la Costa Caribe (38,2%), seguida por la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico (34,5%) y finalmente por la región Andina (27,3%). Esta situación se ve agrava- da por los medios usados para la apropia- ción de las tierras: el miedo, las amenazas, el asesinato de campesinos y los procesos administrativos fraudulentos.
Los diferentes tipos de despojo que se presentan en el país fueron identificados por el programa de Consultas para la Recupera- ción de Tierras del Ministerio de Agricultura, Conret: la transferencia forzada de dominio, las ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de propietarios y el desplazamiento de poseedores, ocupantes y tenedores, son los principales.
Una de las situaciones que ha facilitado este despojo es la altísima informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. Esto
se debe, en parte, al retraso del Estado para titular las tierras baldías a los colonos y, también, a la práctica generalizada de no re- gistrar los documentos de propiedad en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, ya sea por evitar el costo de esta diligencia o, simplemente, por el poco peso que aún tiene en el campo la cultura del papel.
Lo cierto es que entre la población desplazada sólo el 18,7% puede catalogar- se como propietaria formal de los predios abandonados, es decir, que han inscrito la propiedad de su predio en una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (orip), según el informe de la Comisión de Segui-
miento. Otros desplazados son “poseedores”o dueños de un predio con un documento
de propiedad no registrado. Muchos de ellos sólo cuentan con una “cartaventa” . También hay un alto número de “ocupantes”, colonos que explotan un terreno baldío y luego les puede ser adjudicado por la Nación. Y se encuentran también “tenedores”, quienes trabajan un predio, ya sea en calidad de arrendatarios, cosecheros (quienes viven de recoger las cosechas) u otros. “No es gratuito que las acciones de despojo y usurpación recaigan especialmente sobre bienes inmue- bles cuya propiedad no ha sido registrada ante las orip”, dice el séptimo informe de la Comisión de Seguimiento.
“Los casos en los que el despojo ha llegado hasta la transferencia de los títulos sobre la tierra se presentan en los territorios de do- minio paramilitar, como la Costa Caribe. En territorios de dominio de la guerrilla, como Huila, Tolima y Caquetá, se presenta aban- dono y repoblamiento de la tierra, pero no hay un interés por la transferencia de títulos”, señala Patricia Buriticá, comisionada de la cnrr y coordinadora de la Comisión Técnica Especializada en el tema de tierras.
La forma ilegal como han sido transferi- das enormes cantidades de predios rurales, y en menor medida urbanos, ha significado
un retroceso en la distribución de la tierra en el país. Instituciones del Estado y organiza- ciones sociales han descubierto que a través de procesos delincuenciales o fraudulentos, pequeñas parcelas de campesinos se han
convertido en grandes fincas a nombre de































 • hechos del callejón

Algunas tierras han sido ocupadas por otros campesinos desplazados. Otras, por ocupantes de mala fe.




un solo propietario, y han sido despojadas fincas que habían sido adquiridas o expro- piadas por el Incora y luego parceladas y adjudicadas a familias campesinas.
Ante esta situación, el Proyecto de Pro- tección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, pptp, ha protegido hasta el momento
3,2 millones de hectáreas a lo largo del país. De ellas, 1,6 millones de hectáreas corres- ponden a solicitudes individuales de protec-
ción de predios.
Aún así, en todas las regiones continúa el fenómeno de la venta masiva de tierras. Ac- tualmente se investiga la situación en muni- cipios como Vistahermosa, Meta, los Montes de María (ver “Sucre: en busca de la protec- ción de la tierra”), en el Urabá antioqueño
y Tibú, Norte de Santander, donde se han multiplicado las solicitudes de enajenación o permisos para la venta de tierras protegi- das. “Estamos estudiando estos fenómenos
ya que podría tratarse del aprovechamiento
de la situación de vulnerabilidad de la po- blación desplazada y de su difícil situación económica, por lo que podrían verse forza- dos a vender su predio a bajo costo”, asegura Ricardo Sabogal, del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio .
Ésta es una mirada a la situación de des- pojo en las tres regiones identificadas por la Comisión de Seguimiento: la región Caribe, la región Andina y el grupo de las regiones
Pacífica, Orinoquía y Amazonía.



Región Caribe

La región Caribe concentra la mayor proporción de tierra abandonada en el país, el 38,2%, a pesar de ser la población desplaza- da que menos tierras poseía: solo el 48,6%
de las familias reporta
letras de cambio y pagarés a su favor, con los que logró el embargo y remate de los bienes. Posteriormente, el Incoder adjudicó estas parcelas a nuevos beneficiarios.
Un caso emblemático del despojo de adjudicatarios de reforma agraria es el de El Verdún, un predio de El Carmen de Bolívar. Cuando fueron desplazados, muchos de es- tos campesinos no habían cancelado el 30%
del valor de la parcela, que les corresponde
presiones”, afirma Sabogal. Según el diag- nóstico elaborado por el Ministerio de Agri- cultura “en los procedimientos de caducidad administrativa se observa que la entidad no tuvo en cuenta la situación pública y notoria de violencia en la zona, así como la pre- sencia de grupos paramilitares armados al margen de la ley que para la época ejercían control en la región”.
la posesión de tierras, según la Comisión de Seguimiento. En la Costa Caribe son más las familias que abandonaron predios menores de 5 hectáreas, que las que abandonaron predios más grandes. En promedio, cada fa- milia dejó 13,7 hectáreas, señala la Comisión.
Los departamentos en los que se ha conocido mayor abandono y despojo de tierras son Bolívar, Magdalena, Cesar y Córdoba, donde “se han apropiado de las mejores tierras del Sinú”, afirma Buriticá. Y los municipios donde hay más solicitudes de protección de predios son Tierralta, Córdo- ba; San Onofre y Ovejas, Sucre; El Carmen de
Bolívar, San Pablo y María la Baja, Bolívar.
pagar a los adjudicatarios, y el Gobierno vendió las deudas de los campesinos a la Central de Inversiones cisa. “Ahora tenemos a una población desplazada que quiere retornar a ese predio, pero por una parte cisa les está cobrando y, por otra, inversores interesados en las tierras les están haciendo ofertas de compra. Tratamos de acompa- ñarlos para que retornen y no pierdan las tierras, pero ellos están sometidos a muchas
Ventas forzadas y desplazamiento de propietarios
En departamentos como Córdoba y Magda- lena los propietarios se han visto forzados a vender sus predios a precios irrisorios bajo intimidación directa. “Los grupos de au- todefensas contactaban inicialmente a los propietarios inscritos de los inmuebles, les proponían comprar las fincas a precios que ellos mismos imponían y sin considerar las


La modalidad de despojo más común
Una de las modalidades de despojo que más se observa en Bolívar, Cesar y Magdalena
es el desplazamiento de quienes han sido beneficiarios de reforma agraria. Así ha ocurrido en Plato y Chivolo, municipios de Magdalena, donde el pptp ha encontrado que los adjudicatarios de parcelas del Fondo Nacional Agrario fueron forzados a despla- zarse en los años noventa por paramilitares bajo el mando de Jorge 40. Poco tiempo después, el Incoder les revocó sus títulos y adjudicó estas tierras a pobladores nuevos.
Algo semejante sucedió en el predio El Toco, en Cesar, adquirido por el Incora en los años ochenta y entregado a 43 familias. A principios de los noventa, un testaferro
de Jorge 40 obligó a los parceleros a firmar























Habitantes de ciénagas han vendido ante la presión de actores económicos y políticos y de inversionistas.


hechos del callejón • 




condiciones de mercado de la época, ni el área objeto de compra. Evidenciamos hasta valores de 150 mil pesos la hectárea de tierra cultivable”, señala el diagnóstico de Conret.
También se presentan las ventas for- zadas por la presión que actores legales e ilegales ejercen en la zona. Por ejemplo, en Córdoba “los campesinos y pescadores de
la Ciénaga Grande de Lorica del Bajo Sinú y
de la Ciénaga Grande deben vender su poca
Desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes
Una de las formas de despojo que más ha afectado al Caribe colombiano es el desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes, debido a la altísima informa- lidad de la tenencia de la tierra.
En el sur de Bolívar, por ejemplo, “de cada 100 campesinos que hay en Simití,
71 no tienen forma alguna de acceder a la
Región Andina
En esta región, donde hay más pe- queños que grandes propietarios, se encuentra el 27,3% de las tierras aban- donadas en el país, según la Comisión de Seguimiento.
tierra ante la agresiva presión que tienen de actores económicos y políticos externos y de inversionistas”, escribe Astrid Álvarez, de la
tierra”, escribe Astrid Álvarez, de Swissaid. Muchos de ellos son colonos que llevaban más de diez años cultivando tierras baldías
En promedio, cada familia abandonó
11,8 hectáreas de tierra, y 2,5 hectáreas de cultivos.
El Magdalena Medio, el Catatumbo, el
“La región Caribe concentra la mayor proporción de
tierra abandonada en el país, el 38,2%, a pesar de ser la población desplazada que menos tierras poseía”
Bajo Cauca y el Urabá antioqueño son las zonas que registran mayor abandono y despojo de tierras. Por su parte, los muni- cipios que mayor número de solicitudes
de protección han presentado en la región
Fundación Suiza de Cooperación al Desarro- llo, Swissaid, en la revista Semillas.
Otra modalidad de despojo en la región es el desplazamiento y el asesinato de los pro- pietarios. Entre las víctimas de esta modali- dad se encuentra María Zabala, despojada
de una finca de 80 hectáreas en Córdoba tras el asesinato de su esposo y su hijo. Zabala
fue ganadora del premio a la Mujer Cafam por su liderazgo en el proyecto “Valle Encan- tado”, en el que mujeres viudas de la guerra y despojadas de sus fincas rehacen su vida. En abril pasado, María fue víctima de un aten- tado contra su vida, el cual se suma a otros hechos de este tipo contra la vida de líderes que, como ella, luchan por la recuperación de sus tierras en Córdoba.
sin que el Estado les titulara, mientras
que otros aprovechaban zonas de reserva, como sabanas y playones comunales, para lograr su sustento. Pero con la llegada de paramilitares y grandes empresarios el panorama cambió. “Somos campesinos
sin tierra que vemos cómo las sabanas y playones comunales que aprovechábamos son cercados y saturados de palma africa- na y ganado. Las tierras que no podían ser tituladas a los campesinos y pescadores
sí fueron entregadas a las empresas de palma”, afirmó Salvador Alcántara, de la Asociación de Productores Alternativos de Simití, Asproas, en el seminario “Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo xxi”.
Andina son Turbo, Antioquia, con 677 so- licitudes, y Tibú, Norte de Santander, con
485. Actualmente, en estas dos zonas hay alerta tanto por la venta masiva de predios como por las amenazas recibidas por los líderes de la recuperación de tierras, que
se han concretado en homicidios, como el de Benigno Gil, desplazado de Mutatá, An- tioquia, e integrante de la Mesa Nacional Campesina de Recuperación de Tierras.

Transferencia forzada de dominio
La situación más grave de transferencia forzada de dominio en la región Andina
se ha presentado en el Urabá antioqueño, según el Ministerio de Agricultura. Allí,
los paramilitares que dominaron la región obligaron a cientos de familias a despla- zarse y a poner su nombre en los folios de matrícula inmobiliaria antes de partir. Esto ocurrió de manera especial en los corre- gimientos El Tres y Currulao, ubicados entre Turbo y Necoclí, y en la zona del río
Tulapas, todos en Urabá.



















Los colonos a los que el Estado no les ha titulado la tierra que trabajan también tienen derecho sobre ella.
Ventas y firmas falsas
En Urabá también se han presentado expropiaciones con firmas falsas, tanto de propiedades como de parcelas adjudica- das por el Incora. En el caso de las par- celas, quienes despojan han presentado solicitudes de adjudicación, las cuales han sido aprobadas prontamente y el mismo día han sido inscritas en la Oficina de Re- gistro de Instrumentos Públicos. Mientras tanto, decenas de familias desplazadas esperan en Medellín la posibilidad de recuperar sus tierras.

hechos del callejón

Las tierras entregadas por el Estado en procesos de reforma agraria son especialmente perseguidas.
Región Pacífica, Orinoquía y Amazonía
El 34,5% de los predios que han sido abandonados o des- pojados en Colombia están ubicados en esta región, según la Comisión de Segui- miento, que también encontró que estos
son predios más extensos que los de las regiones Caribe y Andina, ya que el 42,2% de los predios abandonados o despojados tienen más de 15 hectáreas.
Chocó, Nariño, Putumayo, Meta, Caque- tá, Arauca, Vichada, Guaviare y Casanare son los más afectados por la situación de despojo. Precisamente por ello, municipios como Riosucio, en Chocó, y Vistahermosa,
en Meta, tienen numerosas solicitudes de
Usurpación de cultivos
Otra modalidad de despojo descubierta en la región Andina es la usurpación de los culti- vos. Así sucedió en Urabá, en cuatro veredas antiguamente expropiadas por el Incora a
la sociedad Emilio Hasbún y parceladas en
2000 a decenas de familias campesinas. Raúl Hasbún, empresario bananero y paramilitar, obligó a los campesinos a pagarle las tierras al decomisarles su producción de plátano durante dos años. Actualmente se adelanta
la devolución de algunas de estas tierras como resultado de los acuerdos preprocesa- les del juicio a Raúl Hasbún.

Desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes
En la región Andina también se presentan situaciones críticas por el desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes. En
el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, hay grandes extensiones de baldíos que han sido habitados por familias completas durante tantos años, que algunos ya han heredado. Allí construyeron sus casas y la infraestruc- tura para el ganado pero nunca legalizaron dicha situación. Ante la expropiación masiva de tierras, hoy no tienen pruebas para un proceso judicial. Los paramilitares entrega- ron algunos de estos predios en el proceso
de desmovilización.


Tierras abandonadas
En otras zonas, como en Huila y Tolima, donde el actor armado que predomina es la guerrilla, no se presentan las modalidades
de despojo que practicaron los paramili- tares.
“El desplazamiento de la guerrilla es por vacuna: ‘o paga un precio por estar ahí o se va’. Los campesinos no pueden entrar a su predio por el conflicto, pero a diferencia de los paramilitares, en estos casos la guerrilla no tiene afán de apropiarse del territo-
rio”, afirma Eugenia Méndez, directora de
Conret.
Sin embargo, las tierras sufren otras afectaciones. No solamente se deterioran sus viviendas y se pierden sus animales y cultivos. En algunos casos son ocupadas por terceros de buena fe, como despla- zados de otras regiones. Y en otros, como en San Francisco, Antioquia, la tierra está sembrada de minas antipersonal coloca- das por la guerrilla.

Despojo en la zona urbana
En la zona andina se ha presentado una situación particular: el despojo en la zona urbana, como lo han vivido Barranca- bermeja, Santander, y la Comuna 13 de Medellín.
En Barrancabermeja, por ejemplo, la situación se evidenció entre 1998 y 2000 después de la confrontación entre guerri- llas y paramilitares por el control de las comunas. El poder paramilitar se consoli- dó, sacó a muchas familias de sus casas y posteriormente repobló los barrios. Actual- mente, Acción Social ha iniciado el estudio de esta situación con miras a restituir las
viviendas a sus verdaderos dueños.
protección de tierras: el primero con 338 y el segundo, con 325.

Usurpación por legales
Las disputas territoriales en zonas mayo- ritariamente afrocolombianas, como los territorios colectivos en el Pacífico, han estado relacionadas con la expansión de monocultivos de palma de aceite.
En ocho años, los cultivos de palma en
Tumaco pasaron de 20.996 hectáreas, en
1999, a 34.610 hectáreas, en 2007. Según el primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombia- na, Raza y derechos humanos en Colombia, que será publicado por la Universidad de los Andes, las empresas Palmeiras s.a. y Sala- manca s.a. han explotado 800 hectáreas la primera, y 2.400 hectáreas la segunda, en territorios del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.
A pesar de que el Incora declaró a estas empresas como ocupantes de mala fe y con un fallo les negó sus solicitudes de explota- ción en el territorio colectivo, aún no se ha efectuado la entrega material del territorio a las comunidades, y las empresas siguen allí. “La ocupación de los territorios con los cultivos de palma aceitera ha implicado una dramática pérdida territorial para las comu-
nidades negras”, señala el informe.
Adicional a esta situación, hay otra que también preocupa: actores armados han hostigado y amenazado a la comunidad que defiende el derecho a la tierra, y dos de sus líderes han sido asesinados.


hechos del callejón


Por otra parte, “las empre- sas palmicultoras han talado vastas extensiones de bos- que primario, han drenado los suelos y han construido infraestructura vial en los territorios colectivos para
dar paso al monocultivo”, continúa el informe. Esto ha generado la desaparición de cultivos de subsistencia y el desplazamiento de familias del Consejo Comunitario en busca de otros medios de subsistencia.
Similar situación se presen- ta en los casos emblemáticos de Jiguamiandó y Curvaradó, al norte del Chocó, donde empresas de palma, ganado
y maderas han usurpado al- rededor de 3.836 hectáreas de territorios colectivos afroco- lombianos, y también se han dado operaciones violentas de grupos paramilitares, según publica Cecoín en su revista Etnias y Política.
Ante la inseguridad en
la zona, en febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó las medidas provisionales a miembros de la comunidad.
Asimismo, algunas de las
empresas cultivadoras de pal-

Miles de campesinos esperan que haya seguridad para regresar a su territorio.
ante la construcción de la vía Mocoa-Puerto Asís y el ingre- so de las petroleras Texas Pe- troleum Company y Gulf Oil Company, a las que el Gobier- no les entregó en concesión por 30 años la explotación del crudo en Orito.
Aunque el Incora consti- tuyó cuatro reservas en este departamento a comienzos de los años setenta, en 1992, debido a la construcción de megaproyectos, a los indíge- nas sólo les quedaba el 26%
de los territorios reconocidos, afirma la Procuraduría.
Aún hoy, la entidad ha encontrado que “los actores armados ilegales amenazan, intimidan, asesinan y despla- zan a los dirigentes, líderes
y demás miembros de los consejos comunitarios y de los resguardos que se oponen a la siembra de cultivos de
uso ilícito o a los proyectos de desarrollo en los territorios colectivos”.
En otras regiones del
país, el retraso del Estado en la titulación de territorios colectivos, como lo ordena
la Ley 70 para los territorios de los afrocolombianos,
ha expuesto a estas comu-
ma pretendieron legalizar la expropiación de tierras mediante mecanismos fraudulentos, según lo afirma Cecoín. Aunque las comuni- dades tienen sus títulos como Consejos Co- munitarios, empresas continúan explotando los recursos, mientras las comunidades emprenden acciones judiciales para recupe- rar la posesión material de sus tierras.

Usurpación por actores ilegales
En su informe Primero las víctimas, la Procu- raduría General señala que “Narcotrafican- tes y grupos paramilitares han ingresado al territorio de pueblos indígenas y afrocolom- bianos apropiándose de predios mediante la fuerza, ocupaciones de hecho, o vía títulos fraguados u obtenidos de manera contro- vertida, ya sea para beneficio propio, para
la siembra de coca o para facilitar la conso- lidación y penetración de terratenientes o
campesinos externos” (cidh, 1998).
En el caso de la guerrilla, la modalidad es otra, según la entidad. En los departamentos del Pacífico las Farc presionan a las comu- nidades a sembrar coca en sus territorios
y, además, a vender o a prestar las tierras para la siembra ilegal a favor de quienes ellos designan. Además de esto, impiden el derecho a la libre circulación y al ingreso de alimentos.

Pérdida de territorios colectivos por macroproyectos
Los macroproyectos han influido en la pér- dida de territorios colectivos, como lo dice
la Procuraduría en su informe, donde señala que “los pueblos indígenas han perdido territorio durante décadas ante la implanta- ción no consultada de proyectos de explota- ción de recursos naturales”.
En el mismo documento esta entidad
advierte de esta situación en Putumayo,
nidades al despojo de sus tierras. En el
Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de
la organización popular campesina del Alto
Atrato, Cocomopoca, ha gestionado ante el Incoder y la Unidad Nacional de Tierras Rurales, Unat, para que protejan las tierras que ellos han habitado desde generaciones ancestrales y las registren como territorio colectivo, sin lograr una respuesta positiva. Mientras tanto, la comunidad y la Diócesis de Quibdó ha denunciado hostigamientos
a sus habitantes por parte de empresas mineras que gestionan una licencia para explotar su territorio. La situación que hoy viven los miembros de Cocomopoca es la misma por la que pasaron centenares de campesinos en otras regiones del país, que han sido expropiados, asesinados o forza- dos al desplazamiento.
Éstas son algunas de las caras o las facetas
del despojo de tierras en Colombia.
fuente: revista semana