PROBLEMAS DE LA CERTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN DE LOS

MUNCIPIOS CON MENOS DE 100.000 HABITANES.

La pretensión de esta política es la privatización de la educación pública a cargo del Estado, trasladando dicha responsabilidad a los padres de familia. En el año 2001 el Congreso de la República por mayoría tomo la decisión de recortar las transferencias, con la promulgación del acto legislativo 01; recorte que ascendió a más de 27 billones de pesos, el cual se destinó para cubrir el pago de la deuda externa y financiar uno de los ejes del Estado comunitario cual es la “seguridad democrática”. No contento con este recorte, el Congreso de la República promulga el acto legislativo 04 del 2007 donde se hace un nuevo recorte a las transferencias que supero los 50 billones de pesos en el período 2008- 2016.

La verdad es que el desbordamiento del gasto público se debe al pago de la deuda externa 46% del PIB y el presupuesto exagerado para la guerra.

Una de las consecuencias del acto legislativo 01 de 2001 y de la ley 715 del mismo año, fue la certificación inmediata en educación de los municipios con población superior a 100.000 habitantes y a mediano y largo plazo la certificación de los demás municipios. Por eso el gobierno nacional y algunos gobiernos departamentales, lanzaron una ofensiva hacia la certificación de municipios con menos de 100.000 habitantes, la cual se detuvo en algunos departamentos como Antioquia por la presión del sindicato mediante un trabajo en los concejos municipales y foros educativos. Nuevamente ha reiniciado una ofensiva hacia la certificación de estos municipios.


A pesar de que para certificarse un municipio con menos de 100.000 habitantes necesitan demostrar: capacidad técnica, administrativa y financiera, algunos han estado interesados en certificarse sin analizar las responsabilidades y consecuencias que traería la certificación en educación. Algunas administraciones municipales se ilusionan porque creen que van a manejar mucho dinero pero cuando se les demuestra que esos recursos no alcanzan ni siquiera para el pago de la nómina reflexionan y lo piensan para asumir esa responsabilidad.

REPONSABILIDADES QUE ASUME EL MUNICIPIO AL CERTIFICARSE

- Prestar el servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad ( criterios neoliberales).
- Participar con recursos propios en la financiación de la educación.
- Pago de personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales.
- Contratación del servicio educativo.
- Contratación de las actividades administrativas en los planteles con agentes estatales o no estatales.
- Construcción de la infraestructura, mantenimiento y funcionamiento de los establecimientos educativos.
- Destinar recursos para mantener y promover la calidad educativa.
- Adecuar un aparato burocrático para administrar financieramente la educación ( secretaría de educación):
• Oficina de escalafón.
• Oficina de Comité Municipal de Prestaciones Sociales.
• Oficina de control interno
• Oficina jurídica.
• Oficina de nómina y tesorería,
• Jefatura del recurso humano.

Para el montaje de esta secretaría no se pueden destinar los recursos del Sistema General de Participaciones, por lo tanto lo tendrá que asumir el municipio con recursos propios.

En ningún caso el personal vinculado con recursos propios podrá ser financiado con cargo al Sistema General de Participaciones Territoriales.


CONSECUENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN

MUNICIPIOS CON MENOS DE 100.000 HABITANTES.

Tenemos el ejemplo de municipios con población superior a 100.000 habitantes que han sido certificados como Bello e Itagüi, (departamento de Antioquia) donde la prestación del servicio educativo es un desorden y donde más se ha privatizado la prestación de este elemental derecho. ( en bello el 33% de la población escolar se atiende por educación contratada). Por lo tanto las consecuencias de la certificación en los municipios pequeños serán mas graves:

- El municipio asume totalmente la responsabilidad de la educación.
- Los recursos transferidos no serán oportunos ni suficientes para atender esta responsabilidad.
- Cada año disminuirán las transferencias hasta tener que asumir el municipio totalmente la responsabilidad educativa con recursos propios, trasladándose ésta a los padres de familia.
- Generación por parte del municipio de impuestos y/o incremento de los existentes.
- Municipalización de la Educación.
- Municipalización de los conflictos sociales.
- Siguen centralizados los recursos y la política educativa.

CÓMO ENFRENTAR LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.?
• Mediante la materialización de una unidad de acción, y orgánica que conduzca a movilizar la comunidad educativa y las masas populares para la consecución de un ley estatutaria de la educación que garantice:
• 1. La educación como un derecho
• 2. La cobertura.
• 3. La obligatoriedad
• 4. La gratuidad
• 5. La financiación por el Estado sin intermediación
• Para lograr lo anterior se requiere:
• A nivel sindical y popular:
• La materialización del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE ) que agrupe no solo todo tipo de docentes sino también los administrativos y los profesores universitarios.
• La conformación de los comités pro-defensa de la educación pública
• A nivel político:
• La conquista del referendo constitucional para apropiar más recursos para educación
• Derrota de la segunda reelección del programa Uribista
• Fortaleciendo del Movimiento de Oposición al Régimen y Conformación de un gobierno democrático, popular y antiimperialista que garantice la defensa del Estado social de derecho, la soberanía nacional, libertades políticas y derechos democráticos.


GONZALO HOYOS ALZATE
Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de ADIDA
Candidato al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores “FECODE”