Una Piedad Córdoba más cerebral, se refiere a su propia destitución después de la agitación social que ha producido la del alcalde Petro.
¿De cuáles temas hablaron en la comida a la que usted y otros dirigentes de izquierda asistieron a la Casa de Nariño por invitación de Santos?
En primer lugar, el proceso de la Habana. Aunque nos comprometimos a guardar confidencialidad, podría decir que fue muy interesante conocer la posición del gobierno de labios de Humberto de la Calle y del propio jefe de Estado. Las intervenciones del ministro de Justicia y la interpretación de los conflictos colombianos de parte del analista Jorge Orlando Melo fueron muy útiles para comprender la dimensión jurídica e histórica del reto al que nos enfrentamos. Además se habló de la importancia, tanto en el proceso de paz como en la vida política del país, de las garantías para los movimientos sociales y los grupos que han estado, por años, en la exclusión. Finalmente se trató, parcialmente, un eventual proceso con el ELN.
¿Tuvo la impresión de que habrá noticias ‘gordas’ pronto, en cuanto al proceso con las Farc?
Como le digo, nos comprometimos a guardar reserva, pero sí espero que el presidente le de buenas noticias al país pronto.
Hablando de la invitación del mandatario, hay un trino del senador Robledo en que dice que el Polo no se entrega al santismo. Y después, una declaración de ese partido en que informa que no fue invitado a la comida ¿Qué piensa sobre esta exclusión?
Primero, que asistir a un diálogo con el jefe de Estado no significa entregarse al santismo. Una cosa es hablar con el presidente de los derechos de las víctimas y del proceso de paz, y otra, volverse santista. En la comida de la Casa de Nariño no nos referimos a los tratados de libre comercio, al modelo de desarrollo que implementa Santos, a su ley de educación o al sistema de salud porque no nos habríamos puesto de acuerdo con él. Eso no significa que no podamos discutir con él sobre otros temas. No podemos seguir viendo las cosas en blanco y negro o continuar con la lógica de que quien no es mi amigo, es mi enemigo. Segundo, ahí estaba Iván Cepeda, del Polo, pero no soy yo la llamada a hablar de asuntos ajenos.
Es obvio que el jefe de Estado ha querido mantenerla a usted lejos de las negociaciones de la Habana ¿El ambiente entre usted y él fue tenso?
No, fue tranquilo y amable. Debo reconocer que el presidente tuvo el gesto de llamarme, él mismo, para invitarme a la comida y que fue cordial conmigo y con los demás asistentes. En el clima de distensión también influyó que estaban presentes personas que han tenido interlocución permanente conmigo hace años, como el ministro Alfonso Gómez Méndez y Enrique Santos.
¿Se podría decir que usted está más cerca del jefe de Estado hoy?
Ahora no voy a decir que soy santista pero tampoco puedo graduar al mandatario de enemigo permanente sin tener en cuenta el interés superior que viene moviendo mis actos políticos desde hace muchos años: la paz, por encima de las diferencias. Además, uno no puede terminar dándoles gusto a quienes alimentan la discordia con chismes y comentarios mal intencionados que, en el fondo, buscan que continúe la guerra. No se puede actuar de manera mezquina y debo reconocer que el doctor Santos tuvo una actitud claramente positiva frente a unos eventuales acuerdos.
¿Cómo explicaría, entonces, el doble lenguaje oficial, uno pacifista y el otro guerrerista?
No me ponga a hacer el papel de defensora del gobierno. Sin embargo, hay que ser capaz de ponerse en los zapatos del presidente y de entender a lo que se enfrenta con los poderosos enemigos de la paz que conocemos. Lo último que quisiera, sería que, por la estigmatización que hemos padecido quienes hacemos oposición política, terminemos sirviéndoles a esos enemigos.
Marcha Patriótica ¿fue también tema central?
Sí. Pude expresar mi preocupación por lo que está pasando con el movimiento.
¿Es cierto que usted iba – o va - a anunciar mañana la intención de Marcha Patriótica de disolverse por falta de garantías de vida para sus integrantes?
Ese ha sido un debate que hemos venido planteando por lo que ha venido ocurriendo en las regiones y en los centros urbanos con los miembros de Marcha Patriótica. Lo que está pasando es tan grave que ya hay quienes denominan al movimiento como la Unión Patriótica II.
¿Por qué?
Según nuestros registros, han asesinado a 28 integrantes de Marcha Patriótica, muchos dirigentes nuestros están siendo amenazados; hay cerca de 200 judicializados, entre ellos, estudiantes, académicos y líderes populares. No podemos ser indiferentes al peligro que se enfrentan nuestros compañeros y por eso pensamos en la disolución. El presidente escuchó atentamente lo que le conté y se comprometió a recibir, en fecha que señalará, a dirigentes del movimiento y es posible que anuncie una serie de mecanismos que su gobierno activará para darnos a nosotros y a las demás organizaciones, garantías que irán más allá de lo puramente electoral.
Entonces ¿queda en suspenso la disolución de Marcha Patriótica?
Continúa en consulta al interior del movimiento.
Una parte de lo que usted plantea corresponde a responsabilidades del gobierno, es decir, garantías para la vida. Pero otra parte es judicial ¿Cree que fiscales y jueces prejuzgan a la gente de Marcha Patriótica?
El Estado debe asumir sus responsabilidades como un todo porque las ramas del poder no son compartimentos aislados. Por eso, en términos internacionales de derechos humanos, se les adjudican responsabilidades a los Estados y no a una entidad interna de los países. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, me parece que el fiscal Montealegre tiene un compromiso serio con la democracia. Sin embargo, existen rezagos de épocas anteriores cuando se infiltraron fiscales e investigadores que actúan de consuno con el paramilitarismo y con sectores de extrema derecha.
¿Por qué hace esa afirmación? ¿Tiene alguna evidencia?
Tenemos múltiples ejemplos de cómo las fuentes de información de las que se nutren ciertos fiscales, dirigen sus señalamientos contra el pensamiento diferente. Hay algunos que desde el principio sesgan los expedientes para castigar a quienes juzgan peligrosos por sus afirmaciones.
Señáleme un ejemplo concreto.
La fiscal Novena Especializada de la Unidad Antiterrorismo Adalgiza Neira Palacio pidió la captura y acusó al profesor universitario Francisco Tolosa, (graduado con ‘título emérito’ en la universidad por el consejero del expresidente Uribe, Eduardo Pizarro), de rebelión agravada con base en unos testimonios falsos. El otro señalamiento que le hizo ante el juez fue el de haberse reunido, en Argentina, con el premio Nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel y con otros intelectuales dizque para ejecutar un plan estratégico de toma del poder por las Farc. Existe la grabación hecha en una audiencia, en que la fiscal Neira dice del profesor Tolosa que “no es peligroso porque porte armas sino por las ideas que profesa” ¿No le parece asombrosa esta violación constitucional?
¿Le comentó este caso al Fiscal General?
Sí. Tuvimos una reunión con él y con el equipo de abogados que defiende a Tolosa, miembro de la junta de Marcha Patriótica y le informamos que hay otros dos integrantes de la junta, Huber Ballesteros y Wilmar Madroñero, que están siendo procesados bajo acusaciones similares. El fiscal prometió hacerles seguimiento a los despachos en los que existen este tipo de irregularidades.
Cambiando de tema ¿se ve reflejada en el caso de la destitución de Petro por el mismo procurador Ordóñez?
Claro, esa fue la mima dinámica que tuve que recorrer pero de manera solitaria, salvo por el apoyo de las organizaciones sociales. A mí me tocó nadar contra de la corriente porque la gente creyó que yo hacía parte de las Farc. Como dijo un conocido intelectual que merece todo el respeto del país, no hay “un fallo más protervo, farragoso, sesgado ideológicamente, mal redactado y sin sustento jurídico” que el que firmó Ordóñez contra mí. Sobra decir que en mi caso, como en el del alcalde, no hubo debido proceso ni adecuado derecho a la defensa. Por si fuera poco, yo fui absuelta en el proceso penal ante la Corte Suprema y el procurador pasó por encima de esa preclusión y me destituyó e inhabilitó.
¿Por qué cree que con su destitución no hubo la conmoción social que produjo la de Petro?
Porque yo era solo una congresista sin poder de movilización y, como se sabe, la política es logística y la logística es política. Un alcalde, en cambio, dispone de esa posibilidad. Además, a mí se me violó también el derecho a la presunción de inocencia. Por eso mi caso es, si se quiere, más aberrante para la democracia que el del alcalde pues prepararon a la gente, a través de una estrategia de estigmatización activada desde el Das, para que cuando saliera la decisión de la Procuraduría yo fuera condenada también socialmente. Incluso, muchos que habrían deseado manifestarse a mi favor, no lo hicieron por temor. Y otros, hoy víctimas de los procedimientos arbitrarios de la Procuraduría, hicieron eco de las acusaciones de Ordóñez contra mí o se distanciaron porque les convenía hacerlo, tal vez para desligarse de su pasado.
¿A quién se refiere? ¿A Petro?
Las personas a las que me refiero saben quiénes son. No tengo que mencionarlas. Pero no fue una sola. Cuando le pedí al presidente del Senado (Armando Benedetti) que no hiciera efectiva mi desvinculación del Congreso mientras salía un fallo definitivo del Consejo de Estado, entre otras razones, debido a que Colombia firmó el Pacto de San José (que da fundamento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que hoy acude Petro), no solo no atendió mi petición sino que varios parlamentarios que tenían intereses burocráticos y de negocios hicieron discursos, al borde del delirio, a favor del procurador. Sacrificaron el Estado de derecho por sacrificarme a mí.
¿Quiénes? Deme algunos nombres.
Por sus prontuarios los conoceréis.
Entonces ¿es falso que usted haya ayudado a organizar marchas a favor de Petro?
Participé en la marcha del 9 de abril por el desbordamiento de la Procuraduría y por el abuso de poder en que está incurriendo Ordóñez. La destitución de Petro, la mía y otras, es un problema de democracia, no solo del alcalde de Bogotá. Hay un sentimiento de rechazo e indignación que debe ir más allá de la suerte individual mía o de Gustavo Petro. También participé con Guillermo Asprilla en algunos encuentros con habitantes de las localidades. Pero de ahí a ser organizadora de manifestaciones de protesta en la plaza de Bolívar, hay un gran trecho. Eso sí, quiero dejar claro que comparto y creo que la gente está en todo su derecho de protestar públicamente cada vez que considere vulnerados sus derechos.
La cena inesperada
La prensa fue sorprendida con una reunión político social que organizó el presidente Santos en la Casa de Nariño y a la hora de la cena, la semana pasada. Resultó sorpresiva porque los invitados eran dirigentes de izquierda, tradicionalmente distantes del propio jefe de Estado, de la vida palaciega y de la coalición gubernamental. Se trataba de Piedad Córdoba, Aída Abella quien llegó al país después del exilio; Iván Cepeda, Gloria Ramírez y Carlos Lozano. Horas antes había estado conversando con Santos, el petrista Antonio Navarro. Acompañaron a manteles al mandatario, el jefe de la delegación oficial en la mesa de negociación con las Farc Humberto de la Calle; el ministro de Justicia Alfonso Gómez, el historiador Jorge Orlando Melo y el hermano del presidente, Enrique Santos. Ninguno de los invitados de izquierda había estado en la sede de gobierno desde hacía años. Mucho menos había compartido viandas con la cabeza del Ejecutivo. Se trató de una jugada estratégica antes de que, según se especula, se hagan anuncios importantes sobre avances en el proceso de paz. Por error o por una decisión que aún no tiene explicación pública, la invitación no se le extendió al Polo como partido sino a uno de sus miembros que no es ni su candidata presidencial (Clara López) ni el senador de mayor votación en la oposición (Jorge Enrique Robledo).
“Magistrados con familiares en la Procuraduría”
En vista de lo que ha hecho Petro en la CIDH, ¿cree que la línea jurídica que usted tomó fue equivocada?
No, porque apoyo la institucionalidad del país y porque no creo que todos los magistrados de los tribunales y las cortes incurran en abusos de poder. Aún no he agotado las instancias judiciales nacionales.
Cuando culminen esos recursos ¿acudiría a la CIDH?
Pues mire: llevamos tres meses después de que la Corte Constitucional anunció que falló en mi contra la tutela que interpusimos con el jurista Alfredo Beltrán y todavía no nos han notificado el fallo. Tenemos pendiente una demanda ante el Consejo de Estado. Después pensaremos en presentarnos ante la CIDH. Mire lo curioso: al magistrado del caso Petro lo critican porque su esposa está en el Acueducto de Bogotá. Y en el mío, a nadie le pareció raro que dos magistrados de la Constitucional tuvieran familiares trabajando en la Procuraduría. Y de pronto son más.
Suponga que gana ¿Volvería a presentarse al Congreso o demandaría al Estado?
No volvería al Congreso pero lo mínimo que exigiría sería el restablecimiento de mis derechos al buen nombre, honra y privacidad. Exigiría que el Estado me pidiera perdón por perseguirme y por hacerme ver como una delincuente. Deseo recuperar la dignidad por la que tanto he luchado.
FUENTE: www.elespectador.com
